La cifra de periodistas encarcelados en todo el mundo alcanzó otro récord en 2021. Apelando a nuevas leyes en materia de seguridad y uso de la tecnología, regímenes represivos desde Asia y Europa hasta África reprimieron duramente a la prensa independiente. Este es un informe especial del CPJ, elaborado por la directora editorial Arlene Getz.
Publicado el 9 de diciembre de 2021
NUEVA YORK
Ha sido un año particularmente desolador para los defensores de la libertad de prensa. Según la relación de periodistas presos de 2021 elaborada por el CPJ, la cifra de comunicadores encarcelados por ejercer el oficio periodístico alcanzó la cifra récord de 293, un incremento respecto al total actualizado de 280 en 2020. Como mínimo, 24 periodistas murieron en el ejercicio de la profesión en lo que va de año. Otros 18 periodistas han muerto en circunstancias demasiado turbias como para determinar si eran objetivos específicos de represalias.
Por tercer año consecutivo, China es el país con la mayor cifra de periodistas encarcelados de todo el mundo, con 50 comunicadores presos. Myanmar ascendió rápidamente al segundo puesto tras la campaña represiva contra los medios que siguió al golpe militar del 1 de febrero. Egipto, Vietnam y Belarús, en ese orden, completan los primeros cinco puestos.
Las razones del incesante incremento en la cifra de periodistas encarcelados —se trata del sexto año consecutivo que la relación de periodistas presos del CPJ registra como mínimo 250 comunicadores encarcelados— varían de país en país. Sin embargo, todas las razones reflejan una marcada tendencia: la creciente intolerancia hacia el periodismo independiente. Con cada vez mayor frecuencia, autócratas envalentonados ignoran el debido proceso y violan las normas internacionales para permanecer en el poder. En un mundo que está preocupado por la pandemia de la COVID-19 y que intenta priorizar cuestiones como el cambio climático, los Gobiernos represivos están claramente conscientes de que la indignación pública contra las violaciones de los derechos humanos se ha debilitado, y los Gobiernos democráticos tienen menos apetito por las represalias políticas o económicas.
Es cierto que algunos países, de manera inesperada, sí revirtieron la tendencia de seguir encarcelando periodistas. Turquía, en una época el país líder en el encarcelamiento de periodistas, ahora ocupa el sexto puesto en la relación de casos del CPJ, pues liberó a 20 presos en el último año. En sus cárceles permanecen 18 periodistas. Por su parte, Arabia Saudita liberó a 10 periodistas —ningún caso nuevo se documentó en la relación de 2021 y su Gobierno continúa encarcelando a 14 periodistas—, lo cual significa que este país ya no se encuentra entre los cinco primeros puestos.
Sin embargo, sería ingenuo considerar que la disminución en las cifras de periodistas presos es una señal de una nueva postura hacia la prensa. Como el CPJ ha advertido, la campaña represiva del Gobierno turco a raíz de un fallido intento golpista en 2016 implicó en la práctica la desaparición de los principales medios de comunicación y motivó que muchos periodistas abandonaran la profesión. Además, la cifra de periodistas presos en Turquía también ha disminuido porque el Gobierno ha concedido libertad condicional a más periodistas a la espera de juicio o durante la fase de apelación.
En Arabia Saudita, es probable que el efecto intimidatorio del horrendo asesinato y descuartizamiento de Jamal Khashoggi en 2018, así como de varias nuevas detenciones en 2019, haya silenciado a muchos periodistas más eficazmente que cualquier nueva ola de arrestos. Además, con cada vez mayor frecuencia los autócratas encuentran modos más perfeccionados para censurar a periodistas y medios independientes —en particular los bloqueos de la Internet y el aumento de la vigilancia por medio de avanzados programas informáticos de espionaje—, en lugar de encarcelarlos.
El implacable encarcelamiento de periodistas en China no es nada nuevo. No obstante, esta es la primera vez que periodistas presos en Hong Kong figuran en la relación anual del CPJ, una consecuencia de la aplicación de la draconiana Ley de Seguridad Nacional de 2020, impuesta por las autoridades en respuesta a históricas protestas a favor de la democracia en la ciudad.
Ocho figuras de las medios de Hong Kong, entre ellos Jimmy Lai, fundador de Apple Daily y Next Digitaly ganador en 2021 del Premio de la Libertad de Prensa Gwen Ifill, otorgado por el CPJ, fueron encarceladas en un duro golpe a la ya debilitada prensa independiente de Hong Kong. Algunas de estas figuras pudieran pasar el resto de sus días en la cárcel.
En China continental, otros periodistas enfrentan una letanía de delitos orwellianos y ambiguos. La videoperiodista freelance Zhang Zhan, arrestada en mayo de 2020 por dar una cobertura periodística crítica de la respuesta del Gobierno chino a la pandemia de la COVID-19, cumple cuatro años de cárcel por “buscar pleitos y crear problemas”, una acusación que se utiliza a menudo contra críticos pacíficos del gobernante Partido Comunista Chino. Otros críticos son acusados de ser “deshonestos”, una frase sin fundamento jurídico pero que indica oposición encubierta al Partido Comunista y se emplea frecuentemente contra los periodistas uigures de Xinjiang.
El Gobierno chino también tomó represalias contra personas ajenas al periodismo por tener tenues vínculos con los medios: arrestó a 11 personas por presuntamente haber enviado fotos e información a The Epoch Times, una empresa de medios vinculada al grupo espiritual Falun Gong. Estas 11 personas no aparecen en la relación de casos del CPJ porque The Epoch Times declaró que no eran periodistas, pero su encarcelamiento es un inquietante indicador de los intentos del Gobierno chino por suprimir el debate en los medios.
Myanmar, donde no había periodistas presos al 1 de diciembre de 2020, 12 meses después cuenta con 26 periodistas presos, víctimas de la represión militar que sobrevino al golpe de Estado. Sin embargo, la situación es incluso más grave de lo que sugiere esta cifra. Muchos periodistas, entre ellos el estadounidense Danny Fenster, fueron liberados tras muchos meses en la cárcel antes de la publicación de esta relación de casos, y las investigaciones del CPJ indican que puede haber otros presos respecto a los cuales aún no se ha confirmado la condición de periodista. Además, un número desconocido de periodistas se han ocultado o han partido al exilio. Su salida del país representa un revés significativo a los avances logrados por los medios independientes durante el período del derrocado Gobierno democrático.
A continuación de Myanmar, Egipto se convirtió en el tercer peor encarcelador de periodistas: 25 periodistas se encontraban encarcelados en 2021. Aunque esta cifra descendió en comparación con la de 2020, las continuas detenciones son representativas del manifiesto desprecio del Gobierno de Abdel Fattah el-Sisi por las leyes de su propio país.
Las autoridades egipcias frecuentemente burlan las disposiciones legales que limitan el plazo de prisión preventiva a dos años, y para prorrogar ese plazo presentan nuevas acusaciones. En otros casos, incorporan condiciones a la liberación de presos que ya han cumplido sus penas.
El fotoperiodista egipcio y ganador del Premio Internacional de la Libertad de Prensa del CPJ Mahmoud Abou Zeid, conocido como Shawkan ha pasado todas las noches en detención desde que salió liberado de la cárcel de Tora el 4 de marzo de 2019. Liberado bajo la figura legal de “observación policial”, Shawkan debe presentarse cada noche en una estación de policía por los próximos cinco años. Al mismo tiempo, a Shawkan se le ha prohibido administrar sus activos financieros y bienes durante cinco años.
En el África subsahariana, el mayor retroceso en materia de libertad de prensa fue en Etiopía. El Gobierno de Abiy Ahmed, quien asumió el cargo de primer ministro en una inédita era de reformas en 2018, se convirtió en 2021 en el segundo peor encarcelador de periodistas en el África subsahariana, a continuación de Eritrea.
Numerosos periodistas han sido arrestados en Etiopía desde el inicio de la guerra civil entre las fuerzas del Gobierno federal y las fuerzas lideradas por el Frente de Liberación Popular de Tigray hace un año. Al 1 de diciembre, nueve periodistas seguían encarcelados. Seis de ellos fueron arrestados en noviembre, cuando el conflicto se intensificaba y el Gobierno proclamó un severo estado de emergencia. El CPJ documentó muchas otras violaciones de la libertad de prensa durante el año.
Por su parte, el gobernante de Belarús, Aleksandr Lukashenko, mostró lo poco que le importaba la opinión pública y lo mucho que le importaba mantenerse en el poder, al tomar medidas extremas para arrestar al periodista Raman Pratasevich: el indignante desvío de un vuelo civil de RyanAir para sacar a Pratasevich del avión.
Belarús ahora cuenta con 19 periodistas encarcelados, un aumento en comparación con la cifra de 10 en 2020 y la cifra más elevada desde que el CPJ comenzó a recopilar estadísticas sobre casos de periodistas presos, en 1992.
Entre los comunicadores presos se encuentra Aliaksandr Ivulin, reportero del portal de noticias deportivas independiente Tribuna. Ivulin pudiera ser condenado a una pena de hasta cuatro años de privación de libertad por el delito de violación del orden público. Uno de sus seguidores fue condenado a 14 días de detención por llevar la camiseta de un club con el número 25 a un partido en el club de fútbol local de Ivulin. ¿La razón? Ese es el número que Ivulin llevaba en la espalda cuando jugaba para ese club.
En este funesto año para la libertad de expresión, semejante intolerancia no permite sentirse muy optimista respecto a la posibilidad de que la cifra de periodistas encarcelados pronto pueda dejar de alcanzar otros récords.
Otros hallazgos de importancia:
· El CPJ documentó 19 casos de periodistas asesinados por ejercer la profesión al 1 de diciembre de 2021, en comparación con 22 casos en 2020. Tres periodistas murieron cuando informaban desde zonas de conflicto, mientras que otros dos murieron durante la cobertura de violentas protestas o enfrentamientos callejeros.
· México se mantiene como el país más violento del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo. Tres periodistas fueron asesinados en represalia directa por su trabajo informativo. El CPJ investiga otros seis casos de asesinato de periodistas para determinar si el motivo del asesinato está relacionado con el ejercicio periodístico.
· Con cuatro periodistas asesinados, India tiene la mayor cifra de casos confirmados de periodistas que han sido asesinados por su labor informativa. Otro periodista murió cuando daba cobertura a una protesta.
· Seis periodistas se encuentran encarcelados en Latinoamérica: tres en Cuba, dos en Nicaragua y uno en Brasil. Si bien se trata de una cifra relativamente baja, el CPJ ha constatado un preocupante deterioro en la situación de la libertad de prensa en la región.
· Como mínimo, 17 periodistas presos han sido acusados de cometer delitos informáticos. En Benín, en África occidental, dos periodistas han sido acusados en virtud del código digital de ese país, que ha sido redactado en términos excesivamente amplios y es considerado un gran obstáculo a la libertad de prensa, pues permite la apertura de causas judiciales por publicar o distribuir cualquier información en la Internet.
· De los 293 periodistas presos (14 %), 40 son mujeres periodistas.
· Ningún periodista se encontraba preso en Estados Unidos y Canadá al momento de publicarse esta relación de casos. No obstante, U.S. Press Freedom Tracker, organización socia del CPJ, registró 56 arrestos y detenciones de periodistas en Estados Unidos durante 2021. De ese total, el 86 % estuvo relacionado con la cobertura informativa de protestas. En Canadá, dos periodistas que fueron arrestados cuando cubrían protestas sobre el derecho de tenencia de la tierra en la región norte de la provincia de Columbia Británica pasaron tres noches en la cárcel antes de que un juzgado ordenara su libertad condicional.
Metodología
La relación de periodistas presos solamente incluye a los periodistas encarcelados por las autoridades gubernamentales y excluye a los que han desaparecido o permanecen en cautiverio en poder de actores no estatales. Tales casos se clasifican como “desaparecidos” o “secuestrados”.
El CPJ define como periodistas a las personas que cubren las noticias o difunden opiniones sobre asuntos de interés para la sociedad por cualquier tipo de medio, ya sean los medios impresos, la fotografía, la radio, la televisión y la Internet. En sus estadísticas anuales sobre periodistas presos, el CPJ solamente incluye a los periodistas que, según ha corroborado, han sido encarcelados por su labor informativa.
La relación de casos del CPJ refleja el total de periodistas encarcelados al 1 de diciembre de 2021, y no incluye a los numerosos periodistas que han sido encarcelados y liberados a lo largo del año. Los datos sobre estos casos pueden consultarse en https://cpj.org. Los periodistas permanecen en la relación de casos del CPJ hasta que la organización determina con razonable certeza que han sido liberados o han fallecido en cautiverio.
Arlene Getz es la directora editorial del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). En la actualidad radica en la ciudad de Nueva York. Se ha desempeñado en África, Europa, Asia y el Medio Oriente como corresponsal extranjera, editora y ejecutiva editorial de Reuters, CNN y Newsweek.