La cifra de periodistas encarcelados a escala mundial por causa de su labor informativa alcanzó nuevas cotas en 2020, conforme los Gobiernos reprimieron la cobertura informativa de la COVID-19 o intentaron limitar la difusión de noticias sobre la convulsión política. Los regímenes autoritarios volvieron a ampararse en el discurso anti prensa del Gobierno de Estados Unidos. Un informe especial del CPJ elaborado por Elana Beiser
Publicado el 15 de diciembre de 2020
NUEVA YORK
Una cifra récord de periodistas fueron encarcelados a escala mundial por su labor informativa en 2020, conforme Gobiernos autoritarios arrestaron a muchos periodistas que cubrían la pandemia de la COVID-19 o la inestabilidad política. A raíz de la pandemia, los Gobiernos postergaron juicios, restringieron visitas a las prisiones e hicieron caso omiso al aumento del riesgo para la salud en las cárceles; como mínimo, dos periodistas murieron después de contraer la enfermedad en prisión.
En esta edición anual de su análisis global, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) constató que, como mínimo, 274 periodistas se encontraban presos por causa de su trabajo informativo al 1 de diciembre de 2020, lo cual supera la cifra récord de 272 alcanzada en 2016. China, cuyo Gobierno arrestó a varios periodistas por su cobertura de la pandemia, fue el país con la mayor cifra de periodistas presos por segundo año consecutivo. A continuación le siguió Turquía, cuyo Gobierno continúa enjuiciando a periodistas que están en libertad condicional y sigue arrestando a otros; Egipto, cuyas autoridades llegaron a extremos con tal de mantener encerrados a periodistas que no estaban acusados de cometer ningún delito; y Arabia Saudita. Otros países donde la cifra de periodistas presos ascendió significativamente fueron Belarús, donde la impugnada reelección de su presidente, instalado en el poder por tanto tiempo, desató protestas masivas; y Etiopía, donde la inestabilidad política degeneró en conflicto armado.
Este año es el quinto año consecutivo que Gobiernos represivos han encarcelado a 250 periodistas como mínimo. La ausencia de liderazgo mundial en la promoción de valores democráticos —en particular por parte de Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ha denigrado infatigablemente a la prensa y se ha congraciado con dictadores como el presidente egipcio Abdelfattah el-Sisi— ha perpetuado la crisis. Conforme los regímenes autoritarios sacaban partido del discurso de Trump contra las “fake news” (noticias falsas) para justificar sus actos, en particular en Egipto, la cifra de periodistas encarcelados por el delito de “noticias falsas” ha aumentado gradualmente. Este año, 34 periodistas fueron encarcelados por el delito de “noticias falsas”, en comparación con 31 en 2019.
En Estados Unidos no había periodistas encarcelados al momento de divulgar la relación de periodistas presos del CPJ, pero una inédita cifra de 110 periodistas fueron arrestados o procesados penalmente en 2020, y unos 300 resultaron agredidos, la mayoría por las fuerzas de seguridad, según el U.S. Press Freedom Tracker. Como mínimo 12 periodistas siguen enfrentando cargos penales, algunos de los cuales se sancionan con penas de cárcel. Observadores declararon al CPJ que factores como la polarización del clima político, la militarización de las fuerzas de seguridad y los insultos contra los medios se combinaron durante una ola de protestas para erradicar normas que otrora les otorgaban protección policial a los periodistas.
El CPJ ha publicado recomendaciones dirigidas al Gobierno entrante del presidente electo Joe Biden para que restablezca el liderazgo de Estados Unidos en materia de libertad de prensa a escala mundial, lo cual contempla garantizar la rendición de cuentas por los ataques contra periodistas en Estados Unidos, al igual que ordenar a los diplomáticos destacados en el extranjero a asistir a los juicios de periodistas y pronunciarse en defensa de los medios independientes. El CPJ constató que la falta de confianza en los medios existente en Estados Unidos ha sido particularmente peligrosa durante la pandemia mundial.
En China, muchos de los 47 periodistas presos cumplen largas sentencias, o están encarcelados en la provincia de Xinjiang sin que se haya divulgado de qué los acusan las autoridades. No obstante, cuando a principios de año el coronavirus devastaba la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, las autoridades arrestaron a varios periodistas por difundir informaciones que amenazaban el relato oficial sobre la respuesta de Pekín. Entre los tres periodistas que seguían encarcelados al 1 de diciembre, se encuentra la videógrafa independiente Zhang Zhan, quien comenzó a publicar noticias desde Wuhan por Twitter y YouTube a principios de febrero y fue arrestada el 14 de mayo. Sus videos contienen entrevistas con propietarios de negocios y trabajadores locales sobre los efectos de la pandemia de la COVID-19 y la respuesta gubernamental.
Zhang Zhan se suma a decenas de periodistas que figuran en la relación mundial del CPJ y que se apoyaban en gran medida en las redes sociales, plataformas a las cuales los periodistas particularmente recurren cuando todos los demás medios son objeto de férrea censura o son controlados por el Estado. Es probable que sus videos sigan al alcance del público mundial, porque son alojados por empresas que están fuera de China. Sin embargo, el CPJ halló que contenido similar, producido por otros periodistas que posteriormente fueron encarcelados, había sido retirado por razones que no estaban claras, lo cual obstaculizaba las investigaciones y subrayaba las preocupaciones de larga data sobre la transparencia de los gigantes de la tecnología globales como Google, Twitter y Facebook.
También en China, las disputas diplomáticas parecieron incrementar el riesgo para los medios extranjeros, en un año cuando más de una decena de periodistas que trabajaban para publicaciones estadounidenses en China continental fueron expulsados. La ciudadana australiana Cheng Lei, presentadora de noticias sobre finanzas del canal estatal China Global Television Network, fue arrestada en agosto por presuntamente poner en peligro la seguridad nacional, en medio de tensiones entre China y Australia, con lo cual se convirtió en el segundo periodista australiano en prisión, junto con el bloguero Yang Hengjun, quien ha estado detenido desde enero de 2019 y ha sido acusado de espionaje.
Por su parte, las autoridades egipcias han intensificado la oleada de arrestos, acusaciones y prórrogas indefinidas de la prisión preventiva, con lo cual la cifra de periodistas encarcelados ha ascendido a 27, e igualó la cifra récord anterior, que databa de 2016. Solamente en el mes de noviembre, los fiscales añadieron nuevos cargos de terrorismo al fotógrafo Sayed Abd Ellah y al bloguero Mohamed “Oxygen” Ibrahim para eludir una orden judicial que les había concedido libertad. Desde abril de 2019, las autoridades egipcias han empleado tácticas similares para prolongar las detenciones de, como mínimo, otros ocho periodistas, conforme lo ha documentado el CPJ.
Este año, la oleada represiva en Egipto aparentemente se produjo a veces de la mano de la pandemia, y a veces a pesar de ella; y en un caso las acciones de las autoridades tuvieron consecuencias fatales. Como mínimo tres periodistas fueron arrestados por causa de su trabajo informativo sobre la COVID-19, como criticar la falta de cobertura noticiosa de los medios estatales a los médicos y las enfermeras que contrajeron la enfermedad. El Ministerio del Interior prohibió las visitas, inclusive de familiares y abogados, a las prisiones desde principios de marzo hasta mediados de agosto, poniendo de argumento el virus.
Y, no obstante, agentes de la Seguridad del Estado egipcia arrestaron a Sayed Shehta el 30 de agosto en su vivienda en Giza, donde estaba en una auto cuarentena tras ser diagnosticado con COVID-19. El periodista se desmayó en la estación de policía y luego fue trasladado al hospital, donde lo esposaron a una cama en la unidad de cuidados intensivos. Por su parte, Mohamed Monir sufrió un peor destino. El veterano periodista fue arrestado el 15 de junio y acusado de pertenecer a un grupo terrorista, difundir noticias falsas y utilizar indebidamente las redes sociales, después de haber criticado al Gobierno por su gestión de la pandemia de la COVID-19, por ejemplo en una entrevista difundida el 26 de mayo y en una columna publicada el 14 de junio en el sitio web de Al-Jazeera. Monir se enfermó cuando estaba en la prisión de Tora, en El Cairo, fue liberado el 2 de julio y falleció el 13 de julio en un hospital de Giza por complicaciones de la COVID-19.
En todo el mundo, como mínimo otro periodista murió al contraer el virus en prisión. El periodista hondureño David Romero —director de Radio Globo y Globo TV— , quien cumplía una pena de 10 años de cárcel por difamar a una ex fiscal, falleció el 18 de julio. Romero contrajo COVID-19 cuando estaba preso en una penitenciaría en Támara, cerca de la capital, Tegucigalpa. El riesgo de contagio con el virus en prisión motivó que el CPJ se sumara a otras 190 organizaciones en la campaña #FreeThePress para urgir a los líderes del mundo a liberar a todos los periodistas encarcelados por su labor informativa.
El periodista Azimjon Askarov, ganador del Premio Internacional de la Libertad de Prensa del CPJ, también murió en prisión en 2020, pese a las campañas de muchos años llevadas a cabo por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el CPJ y otras organizaciones defensoras para que las autoridades de Kirguistán lo liberaran. Askarov había recibido cadena perpetua por acusaciones inventadas, en represalia por sus denuncias de abusos policiales. La esposa del periodista, Khadicha Askarova, declaró al CPJ que Askarov no podía caminar y que había tenido fiebre durante semanas antes de morir, y que ella sospechaba que el periodista había contraído COVID-19, pero que la Dirección de la prisión no le había realizado ninguna prueba.
En otros países de Europa y Asia central, los periodistas quedaron atrapados en el convulso panorama: en Belarús el presidente Aleksandr Lukashenko se declaró triunfador para ejercer su sexto mandato en unas elecciones generalmente consideradas fraudulentas, lo cual desató masivas protestas. Las autoridades arrestaron a decenas de periodistas, y sentenciaron a muchos a multas, detención administrativa y encierros de una a dos semanas en la cárcel, pero algunos enfrentan acusaciones más graves. Al 1 de diciembre, como mínimo 10 periodistas estaban presos en Belarús; fueron los primeros en aparecer en la relación de periodistas encarcelados del CPJ desde 2014 en ese país.
La inestabilidad política, que en este caso desembocó en un conflicto armado, también llevó a las autoridades a detener a periodistas en Etiopía. Como mínimo, siete periodistas etíopes están en las cárceles, en comparación con uno en 2019. La mayoría de estos periodistas han sido acusados de delitos contra el Estado; las autoridades han prorrogado reiteradamente su detención con la finalidad de investigar, pero sin recabar ninguna prueba contra ellos.
In Turquía, donde todos los periodistas encarcelados enfrentan acusaciones de delitos contra el Estado, la cifra de periodistas presos ha disminuido desde la escalada de 2016, año en que se registró un fallido intento golpista en el mes de julio. A medida que el cierre de medios de prensa, las adquisiciones de medios por parte de empresarios simpatizantes del Gobierno y la hostilidad judicial prácticamente han barrido con los principales medios, el Gobierno turco ha permitido que una cifra mayor de periodistas aguarden la celebración de sus juicios fuera de la cárcel. El CPJ halló que 37 periodistas se encontraban presos en Turquía este año, menos de la mitad que en 2016, pero las autoridades continúan arrestando a periodistas —y a sus abogados—. Por causa de la COVID-19, los procesos judiciales se suspendieron por tres meses en 2020, con lo cual se alargó el encierro de los periodistas detenidos y aumentó la ansiedad de los que estaban libres a la espera de juicio.
En las semanas previas a la divulgación de la relación de casos de periodistas presos del CPJ, las autoridades turcas arrestaron, como mínimo, a tres periodistas que trabajaban para el medio de prensa prokurdo Mezopotamya News Agency, por su cobertura informativa crítica. Uno de esos periodistas, Cemil Uğur, había denunciado en un artículo que efectivos militares habían detenido y torturado a dos pobladores y los habían arrojado desde un helicóptero; una de esas dos personas murió posteriormente. (Funcionarios turcos declararon que los civiles habían resultado lesionados al resistirse al arresto).
En Irán, 15 periodistas se encontraban presos al 1 de diciembre. El 12 de diciembre, las autoridades ejecutaron a uno de ellos, Roohollah Zam, por 17 cargos que incluían espionaje, difundir noticias falsas en el extranjero e insultar a los valores islámicos y al líder supremo. El sitio web de Zam y su canal de Telegram, Amad News, habían criticado a los funcionarios iraníes y habían difundido los horarios y lugares de las protestas de 2017. Fue detenido en 2019 en Bagdad, Irak, y llevado a Irán, donde fue condenado a muerte.
Otros hallazgos de la relación anual de casos del CPJ son:
- Dos terceras partes de los periodistas encarcelados han sido acusados de cometer delitos contra el Estado, por ejemplo el terrorismo o la incorporación a grupos ilegales.
- En el 19 % de los casos, no se han dado a conocer los cargos que se imputan a los periodistas; más de la mitad de esos 53 periodistas están presos en Eritrea y Arabia Saudita.
- Casi todos los periodistas encarcelados en todo el mundo son periodistas de la prensa local que cubrían las noticias en su propio país. El CPJ constató que, como mínimo, siete periodistas con doble ciudadanía o ciudadanía extranjera estaban encarcelados en China, Eritrea, Jordania y Arabia Saudita.
- Un total de 36 periodistas (el 13 % del total) son mujeres. Algunas cubrían la temática de los derechos de la mujer, en países como Irán y Arabia Saudita; otras fueron arrestadas cuando cubrían protestas en Belarús.
Cada año, la relación de casos de periodistas presos del CPJ causa pequeñas modificaciones a los datos publicados, conforme el CPJ toma conocimiento de arrestos, liberaciones o muertes en prisión que se registraron en años anteriores. Este año, el CPJ conoció de la muerte, en agosto de 2019, de Samuel Wazizi en Camerún, y de Jihad Jamal en 2016 en Siria. Sin embargo, durante las investigaciones que se realizaron para elaborar la relación de casos de 2020, el CPJ halló que tres periodistas habían sido encarcelados en 2018 o 2019 sin el conocimiento de la organización. En consecuencia, la cifra de periodistas mencionada en la relación de casos de 2019 ahora es 251, en comparación con los 250 que se publicaron originalmente, mientras que los años anteriores sustentan pequeños ajustes. La muerte de Jamal hizo que disminuyera el total de casos de 2016 de 273 —la cifra récord anterior— a 272.
Metodología
La relación de periodistas presos solamente incluye a los periodistas encarcelados por las autoridades gubernamentales y excluye a los que han desaparecido o permanecen en cautiverio en poder de actores no estatales. Tales casos se clasifican como “desaparecidos” o “secuestrados”.
El CPJ define como periodistas a personas que cubren las noticias o difunden opiniones sobre asuntos de interés para la sociedad en cualquier tipo de medio, como los medios impresos, la fotografía, la radio, la televisión y la Internet. En sus estadísticas anuales sobre periodistas presos, el CPJ solamente incluye a los periodistas que, según ha corroborado, han sido encarcelados por su labor informativa.
El CPJ considera que un periodista no debe ser encarcelado por su labor informativa. En el último año, la labor en defensa de la libertad de prensa del CPJ contribuyó a la liberación adelantada de, como mínimo, 75 periodistas presos en todo el mundo.
La relación de casos del CPJ refleja el total de periodistas encarcelados al momento de las 12:01 a.m. del 1 de diciembre de 2020, y no incluye a los numerosos periodistas que han sido encarcelados y liberados a lo largo del año. Los datos sobre estos casos pueden consultarse en http://cpj.org. Los periodistas permanecen en la relación de casos del CPJ hasta que la organización determina con razonable certeza que han sido liberados o han fallecido en cautiverio.
Elana Beiser es directora editorial del CPJ. Anteriormente se desempeñó como editora de Dow Jones Newswires y del diario The Wall Street Journal en Nueva York, Londres, Bruselas, Singapur y Hong Kong.