Por Natalie Southwick, Coordinadora de Programa de Latinoamérica y el Caribe, y Carlos Martínez de la Serna, Director de Programas
Conforme la cifra de periodistas encarcelados por su trabajo en todo el mundo asciende a niveles récord, los casos de comunicadores presos en Latinoamérica se han mantenido relativamente bajos. Un total de seis periodistas (tres en Cuba, dos en Nicaragua y uno en Brasil) estaban encarcelados por el ejercicio periodístico al 1 de diciembre, según la relación de casos de 2021 elaborada por el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Sin embargo, estas cifras no explican plenamente la historia del deterioro de la libertad de prensa en la región.
Un año tras otro, la cifra de periodistas asesinados por su labor periodística en Latinoamérica ha superado la cifra de periodistas encarcelados al momento de publicar la relación del CPJ sobre los casos de periodistas presos. Lo mismo ha ocurrido este año. Aunque a escala mundial la cifra de periodistas asesinados descendió en el año 2020 respecto al 2021, México continúa siendo el país más violento del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo. Al 1 de diciembre, solamente en México, el CPJ había documentado nueve casos de periodistas asesinados. De esos nueve periodistas, tres fueron indudablemente asesinados por su labor informativa, y el CPJ sigue investigando el motivo del asesinato de los otros seis, al igual que el caso del periodista Jorge Molontzín Centlal, quien ha estado desaparecido desde marzo.
Pero incluso esas cifras no captan plenamente el potencial de violencia que amenaza a los periodistas de la región. Solamente en 2021, además de los periodistas que murieron en México, Colombia y Haití, periodistas de México, Brasil, Colombia y Haití apenas escaparon con sus vidas a atentados con armas de fuego.
Si bien la violencia mortal sigue siendo una de las principales formas de censura en países como México y Colombia, las tácticas para silenciar a periodistas en Latinoamérica y el Caribe están evolucionando, y han aparecido en leyes y fallos judiciales en toda la región.
Tras pasar un decenio endureciendo el control que ejercen sobre los medios de comunicación, el presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, respondieron a una ola nacional de protestas de 2018 con una sistemática campaña represiva contra la libertad de expresión. La represión se intensificó en 2021: las autoridades hostigaron y detuvieron a periodistas y candidatos opositores, proscribieron a organizaciones de la sociedad civil, y recurrieron con rapidez a nuevas leyes que penalizan la expresión crítica y castigan a medios que reciben fondos de organizaciones internacionales antes de las controvertidas elecciones presidenciales de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo.
El periodista deportivo y comentarista político Miguel Mendoza, y Juan Lorenzo Holmann, gerente general del diario de circulación nacional La Prensa, llevan varios meses en prisión preventiva en la conocida cárcel de El Chipote, en Managua. Mendoza ha sido acusado de conspirar contra la integridad nacional, mientras que Holmann enfrenta acusaciones de los delitos de lavado de dinero y fraude aduanero. A ambos se les ha negado el contacto con sus abogados y familiares. Los procesos judiciales contra Mendoza y Holmann son algunos de los ejemplos más extremos de la estrategia actual de las autoridades nicaragüenses, consistente en utilizar el sistema judicial para intimidar y castigar a las voces críticas de los medios.
Mendoza y Holmann están encarcelados junto con presos políticos, entre ellos el periodista convertido en candidato presidencial Miguel Mora, quien ya cumplió 172 días de cárcel en El Chipote entre 2018 y 2019 tras el allanamiento policial a la sede en Managua de 100% Noticias, el medio que Mora había fundado. Funcionarios de la Fiscalía nicaragüense han citado a decenas de periodistas para interrogarlos y los han amenazado con la apertura de investigaciones penales. Desde inicios de año, decenas de periodistas han huido del país y se han marchado al exilio, con lo cual la sociedad nicaragüense se ha quedado con una cantidad cada vez menor de fuentes informativas confiables y críticas.
En Cuba, uno de los pocos países de la región que figura repetidamente en el informe de casos de periodistas encarcelados, hay tres comunicadores presos, una cifra que no recoge la cifra mucho mayor de periodistas que son objeto de tácticas intimidatorias habituales como el interrogatorio y el arresto arbitrarios, a la par de los sistemáticos intentos de las autoridades cubanas por suprimir el periodismo independiente.
Cuando las mayores protestas de los últimos tiempos comenzaron el 11 de julio y se extendieron a más de 50 ciudades y pueblos de Cuba, las autoridades detuvieron a periodistas, les impidieron salir de sus casas, e interrumpieron el acceso a la Internet y las redes sociales, como el CPJ lo documentó.
El periodista cubano Lázaro Yuri Valle Roca, quien cubre temas políticos y sociales en su canal de YouTube, se encuentra en prisión preventiva en una cárcel de La Habana, y ha sido acusado de los delitos de desacato y propaganda enemiga. Las periodistas Mary Karla Ares, reportera del periódico comunitario Amanecer Habanero, y Camila Acosta, corresponsal del diario español ABC y colaboradora de Cubanet, están en prisión preventiva luego de ser arrestadas cuando cubrían las protestas.
Las autoridades cubanas también han procurado reforzar el control sobre el ciberespacio. En agosto, nuevas regulaciones sobre las telecomunicaciones censuraron aún más la difusión de contenido digital y restringieron el acceso a la Internet en Cuba, el único país de las Américas que figuró en la última relación del CPJ sobre los 10 países con los mayores niveles de censura, publicada en 2019.
El empleo de investigaciones penales y leyes represivas, las cuales van desde las anticuadas disposiciones penales sobre la difamación hasta la adopción de leyes cada vez más creativas que se centran en las fuentes de apoyo financiero de los medios independientes, continúa siendo una táctica eficaz para marginar y silenciar a valientes periodistas en toda la región.
En Brasil, el bloguero Paulo Cezar de Andrade Prado, quien escribe sobre política y deportes, cumple una pena de cinco meses de cárcel por una querella por difamación que data de 2016. Prado ha sido objeto de numerosas querellas por difamación, y estuvo preso en 2015 y 2018 tras ser condenado en ambas ocasiones por el delito de difamación, según datos del CPJ.
En muchos países, a las autoridades les basta con amenazar a los periodistas con la cárcel para crear una atmósfera de intimidación.
Este año, las autoridades de varios países de las Américas, como Brasil, Perú y Colombia, presentaron querellas por difamación contra periodistas investigativos, muchos de los cuales dieron cobertura a denuncias de corrupción e irregularidades por parte de funcionarios públicos.
Y la tendencia hacia la adopción de leyes que se puedan utilizar para acallar el periodismo crítico —en nombre de la defensa de la soberanía nacional, la erradicación de expresiones de odio y la protección de la salud pública—, no da señales de detenerse.
Ante la pandemia de la COVID-19, líderes nacionales y locales aprobaron medidas de emergencia que restringieron la capacidad de los medios para informar libremente y limitaron la capacidad de la ciudadanía para obtener acceso a la información pública, según un informe del CPJ y el programa TrustLaw de la Fundación Thomson Reuters. Imitando al gobierno nicaragüense, las autoridades de Guatemala y El Salvador presentaron proyectos de ley que otorgarían al Ejecutivo mayor control sobre las actividades y el financiamiento internacional de las ONGs, entre ellas las organizaciones noticiosas sin fines de lucro. Muchos gobernantes de la región han adoptado una actitud cada vez más hostil hacia los periodistas que fiscalizan su gestión, y otros países latinoamericanos pueden seguir este preocupante rumbo.