La radio es crucial para mantener informada a la población venezolana, particularmente en zonas remotas, pues muchos medios impresos se han visto obligados a cerrar, los bloqueos de la Internet se han vuelto más frecuentes, y los medios televisivos han sido blancos de la censura. Sin embargo, esta fuente informativa vital está en riesgo de desaparecer, con la excepción de las radioemisoras que difunden “propaganda oficialista, inclusive a Chávez cantando”, como José Gregorio Galindo, propietario de Radio Criolla, del estado de Apure, declaró al CPJ en marzo de 2020.

Mientras los venezolanos tratan de sobrellevar la pandemia de la COVID-19 en 2020 en un contexto de continuo desabastecimiento generalizado de necesidades básicas como los alimentos, el combustible y las medicinas, el Gobierno de Maduro ha seguido restringiendo las informaciones sobre la emergencia sanitaria, conforme lo ha documentado el CPJ. Según Espacio Público, nueve radioemisoras han salido del aire en los primeros cinco meses de 2020, entre ellas Rumbera 106.9, la cual fue cerrada en mayo por el organismo regulatorio de las telecomunicaciones venezolanas, CONATEL.

El CPJ se comunicó por vía telefónica con el Ministerio para la Comunicación y la Información (MINCI) venezolano y con CONATEL para obtener una declaración, pero nadie respondió las llamadas al MINCI y, al llamar a CONATEL, respondió una máquina contestadora.

En marzo de 2020, el CPJ entrevistó a Galindo y otros cuatro propietarios o gerentes de radioemisoras que han sido cerradas por orden del Gobierno; hemos editado sus respuestas para hacerlas más concisas y fáciles de entender. Uno de los entrevistados solicitó el anonimato por motivos de seguridad.

“[CONATEL] vino, acompañado de agentes de la Guardia Nacional con chalecos antibalas, se llevaron todo. No tenía una orden, a mí nunca se me notificó nada, ni hubo ningún proceso administrativo en marcha. Yo tenía miedo por los empleados del medio que estaban allí, y por eso les pedí que dejaran sola la emisora. Los agentes estuvieron ahí de 9 a. m. a 5 p. m., destruyeron todo y robaron nuestros equipos. Nos cerraron, nos desvalijaron, nos saquearon, nos destruyeron”. (Entrevista del CPJ con propietario de radioemisora que solicitó el anonimato)

“CONATEL vino con la Guardia Nacional, se llevaron los equipos, robaron los equipos, micrófonos, módems de Internet, transmisores, todo, sin dar ninguna explicación. Yo me opuse y me detuvieron, me sacaron esposado, yo estaba defendiendo mi propiedad. Pasé varias horas arrestado hasta que me soltaron”. (José Gregorio Galindo, Radio Criolla 92.9)

Los cierres de radioemisoras muchas veces coinciden con las protestas o la convulsión política, u ocurren cuando los medios han cubierto temas delicados o actividades opositoras , según un análisis del CPJ sobre los acontecimientos y según entrevistas con los propietarios de radioemisoras.

En 2017 la cifra de cierres llegó a su máximo nivel, con 57, según Espacio Público. Ese mismo año, el país fue escenario de una ola de protestas que estalló cuando la Corte Suprema, controlada por el Gobierno, intentó despojar de sus poderes a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. A medida que las manifestaciones se tornaron protestas masivas contra el Gobierno y la crisis humanitaria nacional, las autoridades respondieron reprimiendo a los manifestantes —y a los periodistas que cubrían las protestas— y a la oposición, y recrudecieron la campaña contra la prensa independiente.

“Con el cierre de nuestra emisora, RCR, el Gobierno actuó con mayor violencia. Soldados vestidos de civil llegaron portando armas de fuego. Se robaron los cinco componentes principales del transmisor, es un equipo que cuesta USD 72.000. Fue absolutamente ilegal, ilegítimo y violento”. (Jaime Nestares Phelps, Radio Caracas Radio 750 AM).

“La Operación Libertad ocurrió el 29 de abril de 2019, y fue frustrante. La cubrimos, con el mayor cuidado posible, considerando cuán sensible era. Al día siguiente recibí decenas de llamadas de personas que me decían ‘Olvídate de la radio, ya se dictó la orden de cerrarte’. Dos semanas más tarde, CONATEL llegó a la emisora, ellos violentamente desconectaron y robaron todos los equipos. Ni siquiera sé dónde están los equipos. Ellos casi arrestaron al periodista que estaba ahí. Ha pasado un año, y nunca he recibido ninguna notificación.” (Propietario de radioemisora que solicitó el anonimato)

Nota: El CPJ desearía agradecer a la organización venezolana defensora de la libertad de expresión Espacio Público por concederle permiso para utilizar sus datos en este artículo. Espacio Público, que ha documentado cada cierre de radioemisora en el país desde 2004, incluye en sus datos a las radioemisoras que fueron cerradas por orden o actos de las autoridades, así como las cerradas por falta de servicios básicos, como la electricidad y la gasolina. Cuando Espacio Público toma conocimiento de un cierre por medio de su monitoreo permanente del panorama mediático del país, documenta cada caso individual y lo agrega a su base de datos.