Ciudad de México, 12 de enero de 2017–Las autoridades mexicanas deben investigar con celeridad y credibilidad denuncias de que la semana pasada la policía amenazó y atacó a periodistas que cubrían protestas, y sin demora debe llevar ante la justicia a los agentes hallados sospechosos de agredir a periodistas, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Agentes de la policía municipal, estatal y federal acosaron y agredieron a periodistas que cubrían los intentos policiales de disolver a la fuerza las protestas contra el alza en los precios del combustible en los estados norteños de Coahuila y Baja California entre el 5 y el 7 de enero, varios periodistas declararon al CPJ.
“El gobierno mexicano debe garantizar que los periodistas puedan cubrir las protestas y otros acontecimientos de interés público significativo sin temor a ser golpeados o acosados por la policía”, declaró desde Nueva York Carlos Lauría, coordinador sénior del programa de las Américas del CPJ. “Las autoridades deben investigar los ataques contra periodistas y llevar a los responsables ante la justicia”.
Los periodistas mexicanos expresaron al CPJ que vieron a agentes de la policía agredir a por lo menos cinco periodistas en una manifestación en Coahuila el 5 de enero, y que agentes de la policía golpearon, amenazaron o detuvieron brevemente a por lo menos 11 periodistas en Baja California. La organización de libertad de prensa Artículo 19 informó que la policía había agredido a por lo menos ocho periodistas en Coahuila y a por lo menos 12 periodistas in Baja California. Por lo menos dos reporteros de Baja California declararon al CPJ que habían sufrido lesiones físicas duraderas.
Coahuila
En la mañana del 5 de enero, un grupo de manifestantes organizaron una sentada en uno de los principales bulevares de la ciudad de Monclova, en el estado de Coahuila, en protesta contra el brusco aumento en los precios de la gasolina anunciado por el gobierno federal el 1 de enero. Los manifestantes bloquearon la entrada a una instalación de almacenamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa petrolera estatal. Varios centenares de agentes de la policía estatal y efectivos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales de Monclova (GATEM), un cuerpo policial élite, recibieron la orden de retirar a los manifestantes, según informes.
“Ellos fueron muy agresivos”, declaró al CPJ Norma Morín, reportera del periódico local La Voz de Monclova. Ella ofrecía cobertura de la manifestación cuando los manifestantes opusieron resistencia a los intentos policiales por dispersarlos. “Ellos atacaron tanto a los manifestantes como a los reporteros que estaban presentes. Vi cómo por lo menos cuatro de mis colegas resultaron heridos”.
La propia Morín resultó herida. Ella expresó al CPJ que agentes de la policía trataron de arrebatarle la cámara y el celular mientras ella transmitía los acontecimientos mediante Facebook Live. Cuando ella se negó a entregar el equipo, los agentes la esposaron y le lesionaron el hombro derecho. A ella la detuvieron solamente por poco tiempo, pero, declaró al CPJ, no pudo reincorporarse al trabajo por causa de la lesión de hombro.
Morín relató que agentes de la policía estatal atacaron a por lo menos otros cuatro periodistas. Por lo menos uno de ellos, Erika González, del periódico local El Tiempo de Monclova, tampoco pudo reincorporarse al trabajo luego de haber sido golpeada, de acuerdo con Morín y Artículo 19. La policía también detuvo brevemente a la reportera Guadalupe Pérez, de El Tiempo de Monclova, y a Ramón Garza, reportero del periódico El Zócalo. El CPJ no pudo comunicarse ni con Garza ni con Pérez.
Morín también declaró que, aunque no todos los reporteros llevaban credenciales de prensa en el momento en que la policía disolvió la protesta, los reporteros claramente le dijeron a la policía que eran periodistas, pero fueron agredidos de todos modos.
“Un representante de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) nos tomó las declaraciones posteriormente, pero con una actitud muy despectiva”, Morín relató al CPJ. “Básicamente nos culpó del ataque diciendo que debíamos haber vestido chalecos de prensa para que nos identificaran más fácilmente como reporteros”.
Ni la oficina de la PGJE de Coahuila, ni la Secretaría de Seguridad Pública (que tiene a su cargo la policía estatal), ni la Comisión de Derechos Humanos del estado, ni las autoridades municipales de Monclova respondieron a los reiterados intentos del CPJ para que declararan al respecto.
Baja California
Enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la policía similares a los ocurridos en Coahuila se produjeron dos días después, en la localidad costera de Rosarito, al sur de Tijuana en el estado de Baja California. Cerca de las 10:00 a.m. del 7 de enero, varios cientos de agentes de la policía municipal, estatal y federal con equipo antimotín comenzaron a intentar disolver a un grupo de aproximadamente 300 manifestantes que bloqueaban la entrada a una instalación de Pemex, según informes.
Los reporteros presentes en el lugar de los hechos declararon al CPJ que, al igual que en Coahuila, los agentes de las fuerzas de seguridad actuaron agresivamente contra los manifestantes y los periodistas por igual.
“La atmósfera estaba muy tensa desde el principio”, declaró al CPJ Hans-Máximo Musielik, fotoperiodista freelance alemán. “Hubo por lo menos tres intentos de sacar a los manifestantes, que comenzaron en la mañana y duraron hasta la noche. Durante el último intento, agentes de la policía intentaron impedirme que los filmara mientras arrestaban a un manifestante que habían empujado al suelo”.
Musielik declaró que un agente de la policía lo empujó y le dijo que no filmara, pero que él no fue objeto de ningún otro acto de violencia física. Él mostró al CPJ un video del incidente, en el cual se puede observar a por lo menos un agente, que el periodista identificó como miembro de la policía estatal, en momentos en que amenaza con golpear a otro reportero.
En horas previas del mismo día, agentes de la policía municipal, estatal y federal golpearon, amenazaron o detuvieron brevemente a otros 11 periodistas, según periodistas entrevistados por el CPJ.
Entre las víctimas se encontraron Laura Sánchez Ley y Luis Alonso Pérez, periodistas que forman una pareja casada y que son corresponsales en Tijuana, respectivamente, del diario de circulación nacional El Universal y del sitio web de noticias Animal Político, así como el fotógrafo Jesús Bustamante, del diario local Frontera, y Jordi Lebrija, videoperiodista freelance que colabora con The Associated Press y la cadena estadounidense en idioma español Telemundo.
Lebrija declaró al CPJ que la policía lo había amenazado por la mañana, y que un agente de la policía estatal lo había golpeado con el puño en el estómago durante una segunda tentativa policial por dispersar a los manifestantes. Lebrija le mostró al CPJ una foto de los moretones que había sufrido en el torso.
Las heridas sufridas por Sánchez y Alonso fueron más serias. Cerca del mediodía del 7 de enero, agentes de la policía federal atacaron a la pareja mientras ésta intentaba filmar la detención de un manifestante. Dos agentes de la policía golpearon a Sánchez, quien sufrió heridas en la cabeza, mientras por lo menos otros ocho agentes empujaron a su esposo al suelo, y lo patearon y golpearon, informó El Universal. Sánchez declaró al CPJ que su esposo sufrió fractura de costilla y la dislocación de una vértebra, y se encuentra hospitalizado. Ella expresó que ella había sufrido traumatismo craneal y que los médicos le dijeron que necesitaba someterse a otros exámenes médicos.
Sánchez también declaró que vio cuando agentes de la policía rociaron aerosol de pimienta directamente a los ojos de Bustamante. El CPJ no pudo comunicarse directamente con Bustamante.
Todos los periodistas entrevistados por el CPJ declararon que los periodistas que ofrecían cobertura de las protestas se habían identificado claramente como periodistas.
El CPJ no pudo comunicarse ni con la policía federal ni con las autoridades municipales de Rosarito para obtener una declaración al respecto, pero Adrián García Estrada, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, que tiene a su cargo la policía estatal, declaró ayer al CPJ que un agente de la policía estatal sospechoso de rociar aerosol de pimienta a los ojos de Jesús Bustamante es objeto actualmente de una investigación interna.
“Si se empleó la fuerza sin justificación, el agente será suspendido”, declaró García Estrada. “Sin embargo, no hemos recibido ninguna otra denuncia concerniente a los agentes de la policía estatal”.