La violencia contra la prensa disminuyó levemente, pero la impunidad prevalece en casos del pasado. El fiscal a cargo de investigar el asesinato del periodista televisivo Pedro Alfonso Flores Silva, ocurrido en el 2011, fue él mismo asesinado en abril de 2012, en la misma semana en que iba a divulgar los resultados de su investigación. El mes siguiente, la policía nacional anunció que el alcalde local había ordenado el asesinato de Flores en represalia por las denuncias de corrupción política por parte del periodista, pero el alcalde nunca fue acusado formalmente en el caso. Mientras tanto, el exalcalde de la ciudad de Coronel Portillo fue absuelto en mayo del asesinato del periodista radial Alberto Rivera Fernández, ocurrido en 2004. Por otra parte, tras la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema peruana revocó su propia decisión de liberar a Alberto Pinto, ex jefe del servicio de inteligencia militar. Pinto cumplía una condena de 15 años de cárcel por el asesinato de civiles, entre ellos el periodista Pedro Yauri, en la década de 1990. Pinto se ocultó de las autoridades cuando emitieron una orden de arresto en su contra. Se registraron varias agresiones contra los medios. Un periodista perdió el conocimiento a causa de una golpiza después de denunciar actos de corrupción. Periodistas que cubrieron violentas protestas contra un proyecto minero fueron atacados por la policía y los manifestantes. Ningún periodista resultó encarcelado en 2012, pero dos recibieron sentencias de prisión suspendidas al ser declarados culpables del delito de difamación. Un proyecto de ley que elimina las sanciones de privación de libertad por el delito de difamación ha estado paralizado en el Congreso desde mediados de 2011.
Peru
» Retrocesos en investigaciones de asesinatos resaltan la impunidad generalizada.
» Periodistas condenados por el delito de difamación mientras un proyecto de ley está paralizado.
La violencia contra la prensa disminuyó levemente, pero la impunidad prevalece en casos del pasado. El fiscal a cargo de investigar el asesinato del periodista televisivo Pedro Alfonso Flores Silva, ocurrido en el 2011, fue él mismo asesinado en abril de 2012, en la misma semana en que iba a divulgar los resultados de su investigación. El mes siguiente, la policía nacional anunció que el alcalde local había ordenado el asesinato de Flores en represalia por las denuncias de corrupción política por parte del periodista, pero el alcalde nunca fue acusado formalmente en el caso. Mientras tanto, el exalcalde de la ciudad de Coronel Portillo fue absuelto en mayo del asesinato del periodista radial Alberto Rivera Fernández, ocurrido en 2004. Por otra parte, tras la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema peruana revocó su propia decisión de liberar a Alberto Pinto, ex jefe del servicio de inteligencia militar. Pinto cumplía una condena de 15 años de cárcel por el asesinato de civiles, entre ellos el periodista Pedro Yauri, en la década de 1990. Pinto se ocultó de las autoridades cuando emitieron una orden de arresto en su contra. Se registraron varias agresiones contra los medios. Un periodista perdió el conocimiento a causa de una golpiza después de denunciar actos de corrupción. Periodistas que cubrieron violentas protestas contra un proyecto minero fueron atacados por la policía y los manifestantes. Ningún periodista resultó encarcelado en 2012, pero dos recibieron sentencias de prisión suspendidas al ser declarados culpables del delito de difamación. Un proyecto de ley que elimina las sanciones de privación de libertad por el delito de difamación ha estado paralizado en el Congreso desde mediados de 2011.
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86%
De impunidad en asesinatos de periodistas -
35%
Violaciones cometidas por funcionarios -
2
Condenas por el delito de difamación -
17
Meses de retraso
Las autoridades solamente han resuelto un caso de asesinato de periodista, de siete en total, desde 1992, según datos del CPJ. En más de la mitad de los casos, los sospechosos son funcionarios gubernamentales u oficiales de las Fuerzas Armadas.
| 14% | Grupo criminal |
| 43% | Funcionarios gubernamentales |
| 14% | Oficiales de las Fuerzas Armadas |
| 14% | Grupo político |
| 14% | Desconocidos |
El balance anual de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) de Perú arrojó que los funcionarios públicos fueron responsables de más de un tercio de las violaciones contra la prensa documentadas entre el 1 de enero y el 3 de mayo de 2012. Las violaciones consistieron en agresiones, amenazas, secuestros, obstrucción del trabajo de la prensa y casos de acoso jurídico. Los periodistas que informaban sobre temas sensibles como la corrupción y la delincuencia estaban particularmente expuestos a los riesgos.
Responsables de las violaciones de la libertad de prensa:
| 17 | Funcionarios públicos |
| 16 | Civiles |
| 11 | No identificados |
| 4 | Propietarios de medios o gerentes |
| 1 | Policías o militares |
Juan Carlos Tafur, director de la publicación Diario 16, y Roberto More Chávez, reportero del diario, fueron condenados por el delito de difamación a raíz de un artículo publicado en Diario 16 que vinculaba a un conocido general retirado con una familia con presuntos nexos con el narcotráfico.
2 años | Sentencia de prisión suspendida contra Tafur y More |
$22 mil | Indemnización en concepto de daños y perjuicios que Tafur y More fueron ordenados a pagar. |
Un proyecto de ley que elimina las sanciones de privación de libertad por el delito de difamación mientras que aumenta las multas y el servicio comunitario, ha estado paralizada desde julio de 2011, cuando el Congreso aprobó las reformas al Código Penal. El ex presidente Alan García devolvió el proyecto con modificaciones al Congreso ese mismo mes. La iniciativa no ha avanzado desde ese momento, de acuerdo con la organización regional de prensa Instituto Prensa y Sociedad. Las disposiciones sobre la difamación presentes en la legislación peruana están cada vez más fuera de sintonía con las tendencias regionales.
2007: | México elimina las sanciones de privación de libertad en el ámbito federal por el delito de difamación. |
2009: | Costa Rica deroga las sanciones de privación de libertad por el delito de difamación. |
2009: | Argentina revoca las disposiciones sobre el delito de difamación en asuntos de interés público. |
2009: | Brasil anula la Ley de Prensa de 1967, que disponía severas sanciones por los delitos de injuria y calumnia. |
Presentación: El año en imágenes
