Nueva York, 9 de agosto de 2016–La entidad ecuatoriana encargada de fiscalizar las disposiciones legales sobre los derechos de la comunicación debe anular todas las medidas adoptadas contra Teleamazonas y la periodista Janet Hinostroza. Autoridades de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) sancionaron ayer a la televisora y a la periodista por “linchamiento mediático” en relación a una investigación periodística sobre la compra de medicamentos por parte del gobierno.
Según una copia de la decisión, revisada por el CPJ, la Supercom determinó que Teleamazonas había cometido “linchamiento mediático” del Servicio Nacional de Contratación Pública durante por lo menos ocho ocasiones distintas entre enero y julio en los programas “Los Desayunos 24 Horas” y “24 Horas”, con informes investigativos que alegaron que las prácticas del servicio podrían resultar en la distribución de medicamentos de calidad inferior. Supercom ordenó a Teleamazonas emitir por lo menos ocho disculpas públicas. La ley de comunicación ecuatoriana define el linchamiento mediático como la difusión de información de manera reiterada destinada a desprestigiar a una persona o a reducir su credibilidad. El ente fiscalizador declaró que Hinostroza, quien recibió el premio internacional a la libertad de prensa del CPJ en 2013, había tergiversado y fallado en su intento de contextualizar la información y le dio una advertencia.
“El denominado linchamiento mediático es uno de las violaciones más bizarras contemplada en la restrictiva ley de comunicación”, señaló Carlos Lauría, coordinador sénior del programa de las Américas. “Es un intento ridículo y absolutamente claro por parte de las autoridades para censurar información de interés público”.
En su cadena semanal, denominada la sabatina, el Presidente Rafael Correa calificó Hinostroza como “mala periodista” quien toma “partido en favor de sus intereses”. Ciertas cadenas, según el presidente, “quieren abusar de su poder y quieren acabar con instituciones y defender ciertos beneficios corporativos”. El mandatario expresó que estaba contento con la ley de comunicación y su prohibición de linchamiento mediático, según un comunicado de la organización de libertad de expresión ecuatoriana Fundamedios.
La decisión de la Supercom no había sido divulgada cuando Correa se expresó en la sabatina, aunque la firma en la decisión tiene como fecha el 4 de agosto.
En la decisión, abogados del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) señalaron que “Teleamazonas ha tergiversado y descontextualizado la información que se ha presentado, información que no tiene sustento legal y que no tiene sustento técnico, y cuyo único propósito es el desprestigio del Servicio Nacional de Contratación Pública, a través del procedimiento de subasta inversa corporativa de medicamentos”.
Los abogados alegaron que, a pesar de que funcionarios del servicio fueron entrevistados, a ellos no se les proporcionó espacio suficiente para ofrecer cifras e información oficial y que el número de voces externas superó a la cantidad de comentaristas oficiales invitados a la televisora.
“Lo que hice fue recoger toda la información posible, incluida la posición de las autoridades”, señaló Hinostroza al CPJ. “Es una norma básica del buen periodismo recoger todos los puntos de vista sobre el tema que se investiga, pero la autoridad cree imponer su palabra como la única y válida”.
“Todo este proceso y su absurda conclusión demuestran que en el Ecuador no se puede hacer investigación periodística. Que la ley de comunicación está hecha para callar a los periodistas que incomodan a la autoridad”, expresó Hinostroza.
Llamadas telefónicas a Supercom por la tarde del 9 de agosto no fueron respondidas. Una representante del Servicio Nacional de Contratación Pública remitió al CPJ a un comunicado publicado en el sitio web del servicio. El comunicado indicó: “En este documento [la decisión], la Institución que resguarda el cumplimiento de los derechos de la información y comunicación expuso a detalle los argumentos y pruebas presentadas por el SERCOP, que evidencian que dicho medio de comunicación vulneró el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, verificada, oportuna, precisa y contextualizada sobre la adquisición de medicamentos.”
La ley de comunicación ecuatoriana de 2013 ha limitado los reportajes investigativos y condicionado la cobertura de las autoridades, según investigación del CPJ. Ecuador posee uno de los peores registros en materia de libertad de prensa de la región, pues los periodistas están sometidos a medidas legales, querellas por difamación y agravios por parte de funcionarios públicos, según datos del CPJ.