La intolerancia oficial a la crítica y acusaciones infundadas del gobierno promovieron un clima de temor entre los periodistas venezolanos. Las tensiones alcanzaron un nuevo máximo en septiembre cuando, sin presentar evidencia alguna, el Presidente Hugo Chávez Frías y funcionarios de alto nivel, acusaron a medios privados de conspirar para derrocar al gobierno y asesinar al presidente. Con índices de crímenes violentos en ascenso, el asesinato de un ejecutivo de un periódico y los disparos contra un columnista crítico aumentaron la preocupación sobre la seguridad para los periodistas.
El 11 de septiembre, Chávez acusó a un grupo de opositores radicales -supuestamente respaldados por los Estados Unidos- de conspirar para destituir a su gobierno y asesinarlo. El presidente hizo esta declaración luego de difundirse una grabación en los medios estatales de una conversación entre presuntos militares retirados. Chávez sostuvo que los conspiradores buscaban hacer explotar el avión presidencial o bombardear Miraflores, el palacio presidencial. Unos días después -sin ofrecer evidencia alguna- Chávez, funcionarios del gobierno y miembros de la Asamblea Nacional acusaron a Globovisión y a los dos mayores diarios nacionales, El Nacional y El Universal, de ser parte del complot.
Los dueños de estos medios y funcionarios estadounidenses negaron toda participación en una conspiración. El gobierno inició una investigación y, a fines de septiembre, El Aissami anunció los arrestos de 12 supuestos sospechosos, incluyendo a civiles y ex miembros del ejército. La Asamblea Nacional formó una comisión especial para investigar el papel de los medios privados en la conspiración luego de una denuncia presentada por Mario Silva, quien conduce un programa de entrevistas progubernamental.
Después de entrevistar testigos y revisar documentos, la asamblea concluyó en septiembre que Globovisión, El Nacional y El Universal habían intentado minimizar la acusación del presidente a través de lo que caracterizaron como una forma “banal” de brindar información, según un informe de la Agencia Bolivariana de Noticias, la agencia oficial. Una investigación exhaustiva sería el siguiente paso, afirmó el cuerpo legislativo en una declaración. En diciembre, la comisión legislativa instó al fiscal general a investigar a un líder de la oposición, a oficiales del ejército y a ejecutivos de medios por su supuesta participación en el complot.
Miguel Henrique Otero, editor de El Nacional, dijo que las acusaciones del gobierno eran “una cortina de humo” para cubrir los escándalos de corrupción oficial y una escalada de crímenes violentos. En octubre, el CPJ le envió una carta a Chávez instándolo a mostrar mayor tolerancia hacia las críticas de la prensa y a poner fin a las acusaciones contra los medios sin fundamentos reales.
La intolerancia del gobierno hacia las críticas se reflejó en la expulsión en septiembre del director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, y del subdirector, Daniel Wilkinson, horas después de que el grupo emitiera un informe crítico del historial de Venezuela en materia de derechos humanos. El Ministro de Relaciones Exteriores afirmó que los activistas habían violado la constitución y las leyes del país atacando a las instituciones democráticas e interfiriendo en los asuntos internos de Venezuela. En 2007, Chávez había ordenado que funcionarios gubernamentales examinaran detalladamente las declaraciones de figuras públicas extranjeras y deportaran a todos los que criticaran a su gobierno. Aunque Venezuela no ha tomado medidas contra los corresponsales extranjeros, la expulsión de los activistas de derechos humanos debido a sus críticas fijó un precedente alarmante, según Phil Gunson, un veterano corresponsal, quien escribe desde Caracas para The Economist y The Miami Herald.
Una serie de ataques violentos, incluyendo el asesinato del ejecutivo de un periódico, provocó gran preocupación entre periodistas. El 3 de junio, Pierre Fould Gerges, vicepresidente del periódico Reporte Diario de la Economía, de Caracas, fue muerto a balazos por sujetos armados no identificados. Giselle Suárez, abogada de Reporte Diario de la Economía, contó al CPJ que varios altos ejecutivos del diario habían recibido amenazas de muerte por teléfono y por correo electrónico desde junio de 2007. Los investigadores no habían citado públicamente el motivo del asesinato hacia fines de año. Los editoriales del diario fueron muy duros con los casos de corrupción gubernamental.
El 27 de septiembre, individuos no identificados le dispararon a Eliécer Calzadilla, columnista del diario Correo del Caroní de Ciudad Guayana, cuando ingresaba a su automóvil en un estacionamiento en el sureño estado de Bolívar. Calzadilla fue llevado a un hospital local con una herida grave en la cabeza. En un artículo publicado el 28 de septiembre, Calzadilla, un duro crítico del gobierno, afirmó que no creía que el ataque tuviese una intención de robo.
En un alentador acontecimiento ocurrido en mayo, un ex oficial de la policía fue condenado por el asesinato del fotógrafo Jorge Aguirre en 2006. Boris Blanco, ex funcionario de la municipalidad de Caracas, fue sentenciado a 15 años de prisión por asesinar a Aguirre. Aguirre, de 60 años, fotógrafo de la empresa de periódicos Cadena Capriles, que publica el diario El Mundo, estaba fotografiando renovaciones en un estadio de Caracas cuando decidió cubrir una manifestación en contra del crimen en la tarde del 5 de abril de 2006. Un motociclista, aparentemente enfadado por las acciones del conductor del automóvil de la empresa de Aguirre, le disparó al fotógrafo cuatro veces. Cuando yacía agonizante en la calle, Aguirre le tomó una fotografía a su asesino mientras huía.
Los periodistas locales y los defensores de la libertad de prensa se vieron decepcionados por la liberación en agosto del individuo considerado autor intelectual del asesinato del periodista Mauro Marcano en 2004. Los fiscales sostuvieron que no había evidencia suficiente para condenar a Ceferino García, quien había sido detenido en agosto de 2006 y deportado desde Trinidad y Tobago.
Marcano, conductor de radio y columnista, fue muerto a balazos por atacantes no identificados el 1 de septiembre de 2004, en la capital de Monagas, Maturín. Marcano conducía el programa radial diario “De Frente con el Pueblo” en Radio Maturín y escribía la columna semanal “Sin Bozal” para el diario El Oriental de Maturín. Marcano realizaba fuertes denuncias sobre el narcotráfico y la corrupción policial en el área. Al momento de su asesinato, también era concejal municipal del movimiento político regional.
Luego de las elecciones regionales de noviembre en las cuales los candidatos de la oposición obtuvieron varias victorias clave, Chávez anunció que buscaría introducir una enmienda constitucional que permitiera la reelección presidencial indefinida. Chávez, cuyo mandato finaliza en 2013, perdió en una iniciativa similar para eliminar los límites al mandato en el referéndum de 2007. Durante y después de la elección de noviembre, Chávez aumentó los ataques verbales a sus enemigos políticos y a los medios privados en lo que los analistas describieron como un intento por tomar medidas drásticas contra la oposición.
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