Las acciones del gobierno de los Estados Unidos en contra de periodistas en el exterior siguieron deshonrando la imagen del país. Las autoridades finalmente liberaron a dos periodistas detenidos por lapsos prolongados, uno en Irak y el otro en la Bahía de Guantánamo, Cuba, sin nunca haberlos acusado de un delito o presentado evidencia para sustentar las detenciones. Pero el ejército continuó su práctica alarmante de mantener a periodistas detenidos indefinidamente sin debido proceso. Al menos un reportero seguía detenido sin cargos cuando el CPJ divulgó su censo anual de periodistas en prisión.
En mayo, el ejército estadounidense liberó al camarógrafo de la cadena Al Jazira, Sami al-Haj, luego de mantenerlo apresado durante seis años sin cargos y sin juicio en la Base Naval en la Bahía de Guantánamo. El ejército había formulado acusaciones imprecisas y sin fundamento en el sentido de que al-Haj había actuado como correo financiero para grupos armados y habría brindado asistencia a al-Qaeda. En Irak, el ejército liberó al fotógrafo de The Associated Press, Bilal Hussein. Como parte de un equipo de fotógrafos de la agencia Associated Press que compartió el Premio Pulitzer en fotografía en 2005, Hussein fue detenido durante dos años luego de ser acusado de colaborar con insurgentes iraquíes. Hussein, liberado en abril, nunca fue acusado de ningún crimen. En noviembre, el CPJ honró a Hussein con un Premio Internacional a la Libertad de Prensa.
El ejército continuó deteniendo a periodistas sin garantizarles debido proceso tanto en Irak como en Afganistán. En febrero, el Pentágono confirmó que el ejército tenía detenido a Jawed Ahmad, productor de campo de la estación canadiense CTV, en la Base Aérea de Bagram en Afganistán. Sus colegas indicaron al CPJ que Ahmad había sido arrestado en octubre de 2007 mientras visitaba otra base aérea estadounidense en Kandahar. Funcionarios del Pentágono afirmaron en una carta al CPJ que Ahmad había sido reconocido como un “combatiente enemigo ilegal”, pero no revelaron ninguna acusación específica o evidencia en su contra. Funcionarios estadounidenses liberaron a Ahmad en septiembre, afirmando que ya no constituía una amenaza a las fuerzas lideradas por los Estados Unidos. Ahmad, quien nunca fue acusado de ningún crimen, sostuvo que había recibido malos tratos bajo la custodia estadounidense. Un vocero del ejército señaló al CPJ que Ahmad sufrió la rotura de varias costillas en un altercado con otros detenidos pero que no fue maltratado por las fuerzas estadounidenses.
En Irak, el ejército detuvo al periodista de la agencia AP, Ahmed Nouri Raziak, durante tres meses, a partir de junio, luego de arrestarlo en su hogar en Tikrit. Una junta de revisión militar ordenó que fuese detenido “`por imperiosas razones de seguridad”, pero no revelaron acusaciones ni evidencia en su contra. En julio, las fuerzas militares mantuvieron detenido al camarógrafo de Reuters Ali al-Mashhadani durante tres semanas luego de arrestarlo dentro de la Zona Verde en Bagdad, adonde había ido a renovar su credencial de prensa. Raziak y al-Mashhadani nunca fueron acusados.
En septiembre, el fotógrafo independiente de Reuters, Ibrahim Jassam, fue arrestado cerca de su hogar en el sur de Bagdad. Un vocero del ejército estadounidense indicó al CPJ que Jassam fue “evaluado como una amenaza para la seguridad de Irak y las fuerzas de la coalición”. Jassam seguía bajo custodia cuando el CPJ divulgó su censo el 1 de diciembre.
En al menos 12 casos documentados por el CPJ desde 2005, militares estadounidenses detuvieron a reporteros en Irak durante semanas o meses sin someterlos a debido proceso. Otros dos periodistas fueron detenidos en circunstancias similares en Afganistán y Guantánamo. Ninguna acusación se había concretado en ninguno de estos casos.
El Director del FBI, Robert S. Mueller III, se disculpó antes editores de los diarios The New York Times y The Washington Post en agosto por haber obtenido de modo improcedente los registros telefónicos de las oficinas en Indonesia de cada uno de los diarios en 2004 como parte de una investigación sobre terrorismo. El FBI no explicó qué estaba investigando o por qué había obtenido los registros telefónicos de los periodistas.
En el plano doméstico, periodistas de California, Texas y la Florida recibieron amenazas. Paul Cobb, editor del Post Newspaper Group, informó a la policía de Oakland sobre un atentado a su vida, según informes de prensa. Uno de los principales miembros del plantel de Cobb, su editor Chauncey Bailey, fue acribillado a balazos en una calle de Oakland en agosto de 2007 luego de investigar acusaciones de actividades delictivas en un negocio local, Your Black Muslim Bakery. Cobb indicó a la policía que dos personas asociadas con la panificadora habían intentado contratar a un tercero para que lo asesinara, según la prensa. La tercera persona, en cambio, transmitió la amenaza a Cobb.
Cobb y otros periodistas del Área de la Bahía trabajaron juntos para investigar el asesinato de Bailey. La coalición, conocida como el Proyecto Chauncey Bailey, planteó una serie de preguntas sobre la investigación policial. El sospechoso Devaughndre Broussard continuó enfrentando acusaciones por asesinato en este caso, aunque se había retractado de una confesión inicial. En un informe de octubre, el Proyecto Chauncey Bailey despertó dudas de que la policía hubiera manejado mal la evidencia y si el detective a cargo estaba protegiendo a un potencial conspirador en el crimen. El informe llevó a que funcionarios locales, del condado y estatales lanzaran nuevas investigaciones sobre el caso. La policía negó cualquier tipo de error en la investigación.
El editor del semanario Pakistan Times USA, un periódico en lengua urdu radicado en Houston, recibió amenazas de muerte telefónicas en junio al mismo tiempo que miles de copias del semanario gratuito fueron removidas en cantidades de decenas de lugares en el sudeste de Texas. Las amenazas se registraron después de que el Pakistan Times USA publicara un anuncio de la Comunidad Musulmana Ahmadiyya, una secta considerada hereje por algunos musulmanes, el director, Najam Ali, indicó al CPJ.
En julio, el CPJ le pidió al FBI que examinara una serie de notas alarmantes escritas a mano y enviadas a Michelle Ferrier, columnista del Daytona Beach News-Journal en Florida. Cada nota estaba dirigida a Ferrier e incluía epítetos raciales y un lenguaje violento dirigido hacia ella y hacia la comunidad afroamericana. Ferrier, quien es de raza negra, cambió de trabajo luego de recibir la cuarta carta de esta índole.
Cuestiones relacionadas con la libertad de prensa fueron puestas a prueba en dos tribunales durante el año. En febrero, un juez federal en San Francisco ordenó que la firma Dynadot, dedicada al registro de nombres de dominio, clausurara su sitio de Internet Wikileaks luego de que el sitio mostrara lo que la corte consideró eran documentos de marca registrada referidos al Julius Baer Bank and Trust Company en las Islas Caimán. Wikileaks sostuvo que los documentos filtrados mostraban evidencia de lavado de dinero y evasión impositiva. Después de que el fallo atrajera considerable atención y preguntas, el Juez Jeffrey S. White limitó y luego revirtió su decisión.
En febrero, un juez de un Tribunal de Distrito en Washington detuvo por desacato a la ex periodista de USA Today, Toni Locy, y le ordenó pagar multas de hasta 5 mil dólares si se negaba a revelar sus fuentes en un juicio civil en contra el gobierno estadounidense. USA Today publicó dos artículos en 2002 con la firma de Locy en relación al científico Steven J. Hatfill y a los ataques de ántrax en Estados Unidos en 2001. Después de que Hatfill llegara en junio a un acuerdo extrajudicial por 5,8 millones de dólares con el gobierno, la corte de apelaciones desestimó el caso contra Locy.
La ley de Libre Circulación de la Información, que ayudaría a que los periodistas citados a comparecer ante la justicia protejan sus fuentes confidenciales, siguió bajo consideración del Congreso. La Cámara de Representantes sancionó un proyecto en 2007, pero la legislación quedó paralizada en el Senado en 2008.
En agosto, la policía de Denver arrestó al productor de ABC News, Asa Eslocker, cuando su equipo esperaba fuera del Hotel Brown Palace para filmar a los políticos que salían de un evento realizado por donantes durante la Convención Nacional Demócrata. La policía de St. Paul, Minnesota, arrestó a decenas de periodistas en septiembre cuando intentaban documentar las manifestaciones relacionadas con la Convención Nacional Republicana. Entre los detenidos en St. Paul había un fotógrafo de AP y tres periodistas del programa radial sindicado “Democracy Now”. Las acusaciones fueron finalmente desestimadas.
Un proyecto de ley que estudia el papel que juegan las empresas en la censura en Internet, conocido como Global Online Feedom Act, convertiría en delito que empresas estadounidenses entreguen información de sus clientes a gobiernos “de países que restringen la Web”, seguía pendiente en la Cámara de Representantes hacia fines de año.
Después de dos años de negociaciones, un grupo de empresas de Internet, académicos, inversores y organizaciones de derechos humanos, incluyendo al CPJ, anunciaron la creación de una iniciativa, conocida como Global Initiative Network, que estableció pautas voluntarias para que las empresas de Internet y de telecomunicaciones protejan la libre expresión y la privacidad. Yahoo, Google y Microsoft se adhirieron a la iniciativa y acordaron seguir sus directivas cuando los gobiernos restrictivos buscaran reclutarlos en acciones de censura o de vigilancia que violan las normas internacionales sobre derechos humanos.