La violencia letal en Colombia disminuyó por segundo año consecutivo al no registrarse periodistas caídos en represalia directa por su labor. Las autoridades colombianas citaron el aumento de la seguridad en todo el país como motivo de la reciente baja en el número de periodistas muertos, pero los reporteros señalaron que la autocensura generalizada ha ocasionado que la prensa sea menos blanco de ataques. Aún así, la intimidación y las amenazas siguieron siendo un problema serio. Repetidas amenazas de muerte en contra de cuatro periodistas provinciales los obligó a huir de sus hogares. Conocidos periodistas de la capital denunciaron hostigamiento gubernamental como resultado de sus críticas a la administración del Presidente Álvaro Uribe Vélez.
Una serie de escándalos políticos que sacudieron al gobierno y una exitosa misión de rescate de rehenes a cargo del ejército recibieron una exhaustiva cobertura de la prensa, pero también produjo una polarización en los medios. La guerra contra el movimiento guerrillero de izquierda más importante, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), siguió en el centro del debate político y los medios establecidos continuaron respaldando las políticas del gobierno. Pero el gobierno mostró intolerancia a la crítica, afirmó la prensa, y un pequeño número de medios y periodistas resultaron individualizados por funcionarios y amenazados con acciones legales.
Uribe solicitó en agosto que se inicie una investigación penal contra Daniel Coronell, uno de los críticos más severos de su gobierno. El 20 de abril, Coronell, director de noticias de Canal Uno de televisión y columnista de la revista Semana, emitió una entrevista grabada en video con la ex congresista Yidis Medina que desató una controversia a nivel nacional. En la entrevista, Medina sostenía que funcionarios de alto nivel le habían ofrecido sobornos a cambio de su voto a favor de la reforma constitucional que le permitió a Uribe su reelección en 2006 para un segundo mandato de cuatro años. La revelación alentó investigaciones judiciales y parlamentarias de varios funcionarios del gobierno, incluyendo al presidente. Un comité parlamentario especial convocó a Uribe para prestar declaración en agosto. Durante la audiencia, Uribe instó a que se investigara a Coronell, alegando que el periodista había violado la ley al no revelar el delito de modo inmediato. El CPJ afirmó que Uribe actuó motivado por la cobertura periodística crítica de Coronell respecto de su gobierno e instó a las autoridades que desestimen la solicitud. No se había iniciado ninguna investigación de Coronell hacia fines de año.
Coronell pasó dos años en el exilio luego de haber recibido amenazas de muerte en contra de él y de su familia en 2005. Una investigación demostró que los mensajes intimidatorios habían sido enviados desde la computadora del ex congresista Carlos Náder Simmonds, amigo cercano de Uribe, quien aún no fue procesado. Coronell y su familia cuentan con protección policial permanente.
En Bogotá, varios periodistas críticos no fueron invitados a conferencias de prensa y tuvieron acceso limitado a fuentes oficiales, expresó Gonzalo Guillén, corresponsal del diario El Nuevo Herald de Miami. Guillén abandonó el país durante unas cuantas semanas en 2007 luego de recibir amenazas de muerte que siguieron a las acusaciones públicas efectuadas por Uribe. Los periodistas de Bogotá también sufrieron acoso legal. El sociólogo y periodista Alfredo Molano escribió en febrero acerca de una influyente familia política en una columna para el diario El Espectador. Molano les atribuyó a miembros no identificados de esta familia, los Araújo, una serie de acciones que describió como “fuera de la ley” e “inmorales”, incluyendo manipulación electoral y contrabando. La familia negó las acusaciones y varios de sus miembros presentaron una demanda penal por difamación contra Molano días después de que se publicara la columna. No se había establecido fecha para el juicio hacia fines de año.
Soldados colombianos bombardearon y asaltaron un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano en marzo, matando a varios combatientes, incluyendo al segundo mando de las FARC, Raúl Reyes. Durante la redada, las autoridades recuperaron una computadora portátil que aseguraron pertenecía a Reyes. El Fiscal General, Mario Iguarán, anunció a fines de mayo que su fiscalía había iniciado investigaciones sobre las vinculaciones entre miembros de las FARC y extranjeros, políticos colombianos y dos periodistas. Las investigaciones, explicó, fueron impulsadas por una serie de mensajes de correo electrónico hallados en la computadora. Carlos Lozano, editor del periódico La Voz del Partido Comunista, y William Parra, periodista independiente que trabaja en proyectos especiales para Telesur, la cadena de noticias regional con cobertura las 24 horas y controlada por Venezuela, se hallaban entre quienes eran investigados por supuestas conexiones con las FARC. Lozano y Parra, quienes negaron vinculaciones con la guerrilla, no habían sido acusados hacia fines de año.
Periodistas locales expresaron su preocupación por el hecho de que toda vinculación con la guerrilla, las fuerzas de seguridad del gobierno o los grupos paramilitares pueden exponerlos a serios riesgos. La investigación del CPJ muestra que periodistas han sido amenazados, agredidos y asesinados por supuestas conexiones con los actores armados de la guerra civil colombiana. Al menos 40 periodistas cayeron en cumplimiento de su labor entre 1992 y 2006, convirtiendo a Colombia en uno de los países más peligrosos para la prensa, según el CPJ.
Una operación de rescate militar en julio -que culminó con la liberación de 15 personas, incluyendo a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y a tres contratistas militares de los Estados Unidos-, desató de inmediato una controversia cuando las imágenes de la prensa mostraron que las fuerzas de seguridad se habían hecho pasar por periodistas durante la misión. Mientras dos soldados colombianos se presentaron como periodistas de Telesur, otros miembros de las fuerzas de seguridad simularon ser voluntarios del Comité Internacional de la Cruz Roja. Durante una conferencia de prensa en Washington, el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos indicó que el uso del logo de Telesur había sido “un detalle insignificante dada la magnitud” de la operación. El CPJ le escribió una carta a Santos expresándole su preocupación por la simulación, que afirmó podría aumentar los riesgos para todos los periodistas, especialmente para aquellos que cubren el conflicto civil. Los periodistas locales y grupos de prensa señalaron que el episodio podría erosionar la percepción pública de que los medios de prensa son independientes.
Un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa registró un número significativamente menor de amenazas contra periodistas en los primeros seis meses del año. Pero el grupo también reveló que los periodistas que cubren el conflicto armado y los casos de corrupción local, continuaron siendo blanco de ataques, especialmente en el interior del país.
Carmen Rosa Pabón, directora del programa de noticias “La Voz de Cinaruco” en la cadena nacional Caracol Radio en el departamento de Arauca, región del noreste devastada por la guerra, relató al CPJ que los periodistas locales que cubren el conflicto civil recibieron mensajes amenazadores tanto por parte de la guerrilla como de los grupos paramilitares de derecha. Pabón agregó que la autocensura siguió siendo un problema en Arauca, como también en muchas otras regiones. La violencia en contra de la prensa proveniente de todas las partes involucradas en el conflicto ha llevado a que muchos periodistas ejerzan la autocensura cuando realizan cobertura periodística de temas sensibles, un fenómeno documentado por primera vez en el informe del CPJ de 2005 titulado “Historias no Contadas”.
Cuatro periodistas provinciales fueron obligados a huir de sus hogares luego de recibir serias amenazas. En enero, Alexander Guerrero, reportero de los diarios locales Magangué Hoy y El Comunicador en el departamento norteño de Bolívar, abandonó su hogar luego de fotografiar a miembros del gobierno saliente embalando computadoras, máquinas de fax y otros equipos en la oficina del alcalde y colocándolo en un camión el día antes que el nuevo alcalde asumiera su cargo en la ciudad de Magangué. Luego de que las imágenes aparecieran en la prensa, el custodio del alcalde saliente le dijo a Guerrero que “desapareciera”, y que “iba a pagar por eso”, el periodista le contó al CPJ.
Un mes después, dos periodistas huyeron de la provincia central de Tolima. José Joaquín Chávez, director de la radio comunitaria Acción Estéreo y corresponsal de la estación radial La Voz de Tolima, abandonó la ciudad de Anzoátegui luego de recibir reiteradas amenazas de muerte de supuestos miembros de las FARC en su teléfono celular y en la emisora. Chávez afirmó que creía que las amenazas eran represalia por haber transmitido al aire avisos pagos del ejército colombiano pidiéndoles a los combatientes guerrilleros que depusieran las armas. Días después, Rogelio Prado, reportero de las emisoras locales Radio Tropical y Cadena Radial Súper y del diario El Nuevo Día en la capital departamental de Ibagué, abandonó su hogar. Había recibido cuatro invitaciones para su propio funeral. Prado sostuvo que las más recientes amenazas habían sido el resultado de su cobertura periodística sobre irregularidades administrativas en el gobierno local.
Leobar Ibarra, reportero de investigación del diario regional Diario del Sur en Samaniego, un pueblo en la provincia occidental de Nariño, en donde la guerrilla y los grupos paramilitares combatían por el control, huyó en julio luego de recibir amenazas. Los individuos que se identificaron como combatientes paramilitares amenazaron a Ibarra luego de que informara sobre la confiscación de 880 libras (400 kilogramos) de cocaína por parte del ejército colombiano. Ibarra dijo que los asaltantes llamaron a su teléfono celular y aparecieron en su casa. Le advirtieron que lo matarían por su labor periodística.
Colombia posee la cifra más alta de asesinatos de periodistas sin resolver en América Latina, según el Índice de Impunidad del CPJ, una lista de países en la que los gobiernos han fracasado de manera consistente en resolver los crímenes contra la prensa. En un avance alentador que se produjo en agosto, la fiscalía general ordenó del arresto de Augusto Rojas Ortiz, presidente de la legislatura local en el departamento sureño de Huila, luego de que las autoridades afirmaran que habían encontrado evidencia que lo vinculaba con el asesinato en 1998 del reportero Nelson Carvajal. El fiscal general también ordenó el arresto de dos combatientes de las FARC en relación con el crimen.
Un hombre armado no identificado le disparó a Carvajal, un conocido periodista de Pitalito, el 14 de abril de 1998, afuera de la escuela primaria en la que dictaba clases. Carvajal era el productor de cinco programas comunitarios en Radio Sur, una emisora local afiliada a Radio Cadena Nacional. El periodista había informado sobre acusaciones de que el anterior alcalde de Pitalito, Ramiro Falla Cuenca, había malversado fondos públicos. La policía arrestó a Falla y a otro funcionario de Pitalito en enero de 1999. Ambos hombres fueron absueltos por un tribunal local en diciembre de 2001. En septiembre, el Fiscal General Iguarán solicitó a la Corte Suprema de Justicia que examine la decisión de 2001.
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