El secuestro y tortura de dos periodistas y de un chofer que trabajaban encubiertos en Río de Janeiro puso en evidencia los riesgos a los que se ven expuestos los periodistas brasileños, especialmente aquellos que informan sobre el crimen organizado en áreas urbanas. Los periodistas que cubrieron las campañas electorales para alcaldías o el legislativo a lo largo del país afrontaron hostigamiento legal y físico.
En junio, el diario O Dia de Río de Janeiro publicó un informe especial, titulado “Milicias: Política del Terror”, detallando el secuestro y tortura de un equipo informativo compuesto por tres personas que informaba desde Batan, un barrio pobre de los suburbios al oeste de Río de Janeiro. O Dia investigaba cómo grupos delictivos les cobraban a los residentes por brindarles protección y por el control de la política local. Individuos armados y con máscaras de esquí secuestraron a dos periodistas y a su conductor. Los atacantes los llevaron a una casa cercana, en donde los golpearon, les aplicaron descargas eléctricas y les pusieron bolsas plásticas en sus cabezas. Los tres miembros del equipo fueron liberados luego de siete horas de tortura, durante las cuales al menos uno de los atacantes se identificó como miembro de la policía local, informó el periódico. O Dia no identificó a los periodistas ni al conductor por temor a sufrir represalias. Todos los miembros del equipo se fueron de Río de Janeiro y recibieron asistencia médica y psicológica, informó el diario.
Unos pocos días después de que se publicara la nota, la policía arrestó a un miembro de una banda de criminales de Batan. Dos semanas después, un ex guardiacárcel y conocido líder de un grupo delictivo se entregó a la policía de Río de Janeiro. Ambos sospechosos fueron acusados de tortura, robo y formar parte de una organización ilícita, acusaciones que ellos negaron. Las autoridades arrestaron a otros dos miembros de la banda en septiembre y a tres oficiales de la policía militar en diciembre.
Luego del ataque a O Dia, las milicias urbanas, el narcotráfico y la pobreza fueron temas centrales en la campaña por la alcaldía de Río de Janeiro. Los problemas se pusieron nuevamente de relieve en julio cuando un acto de un candidato a la alcaldía en la favela de Vila de Cruzeiro dio un vuelco inesperado. Cuando fotógrafos de los diarios nacionales O Globo, Jornal do Brasil y O Dia tomaron fotografías del candidato Marcelo Crivella, al menos dos hombres encapuchados portando armas se acercaron y ordenaron a los periodistas que borraran las imágenes. Uno de ellos amenazó con “prenderle fuego” a todos si era fotografiado. Al día siguiente, O Globo logró publicar algunas de estas sensibles fotografías.
Casos de violencia contra la prensa vinculados a la campaña electoral también se registraron en otras áreas del país. En julio, por ejemplo, sujetos no identificados a bordo de una motocicleta le prendieron fuego al hogar de Jeso Carneiro en Santárem, una ciudad en el estado norteño de Pará. Carneiro, un reportero del semanario Gazeta de Santarém y del blog Jeso Carneiro y conductor del programa diario de entrevistas políticas “Opinião” en TV Bandeirantes, indicó que creía haber sido atacado por su cobertura periodística crítica sobre los políticos locales.
La censura judicial siguió siendo el principal problema durante los meses que precedieron a las elecciones municipales de octubre. Los tribunales electorales, los organismos legales que manejan todas las cuestiones vinculadas a la elección, impidieron o restringieron la cobertura periodística política en al menos 23 casos, según reveló la investigación del CPJ. Basándose en una interpretación restrictiva de las regulaciones electorales, un número de tribunales dictaminó que las entrevistas con los candidatos constituían propaganda electoral.
En casos extremos, los tribunales electorales ordenaron que se confiscaran tiradas completas de algunas publicaciones. El 28 de mayo, un tribunal en Ribeirão Bonito en São Paulo confiscó todos los ejemplares del semanario local Agosto, luego de que el periódico publicara una serie de entrevistas con los candidatos a la alcaldía. El dictamen del tribunal, que fue examinado por el CPJ, llamó “propaganda” al material. El Juez Henrique Martins ordenó la confiscación de todos los ejemplares de la edición de julio 25 al 31 del pequeño semanario Impacto de Santa Catarina, radicado en Florianópolis en la región sureña de Santa Catarina, alegando que el periódico había usado vulgaridades al citar al alcalde y a sus aliados políticos.
En un acontecimiento positivo, el Supremo Tribunal Federal decidió en febrero suspender por seis meses 22 artículos de la Ley de Prensa de 1967. El máximo tribunal de justicia de Brasil dictaminó que los artículos eran incompatibles con la constitución de 1988, que garantiza la libertad de expresión y prohíbe la censura. Entre las cláusulas suspendidas había artículos que limitaban la cobertura de los eventos para entretenimiento público y que imponían penas de prisión de hasta tres años por difamación. En septiembre, el tribunal extendió la suspensión por otros seis meses e indicó que llegaría a una decisión final sobre su constitucionalidad en 2009.
En consecuencia, los procesos penales por difamación contra periodistas brasileños que seguían pendientes fueron suspendidos. Pocos periodistas han enfrentado más demandas penales que Lúcio Flávio Pinto, editor del periódico bimensual Jornal Pessoal y ganador en 2005 del Premio Internacional a la Libertad de Prensa otorgado por el CPJ. Pinto, cuya publicación radica en el estado amazónico de Pará, había realizado trabajos de investigación sobre cuestiones de alta sensibilidad como el narcotráfico, la devastación ambiental y la corrupción política y corporativa. Los tribunales suspendieron cuatro procesos penales por difamación en su contra.
Pinto y otros elogiaron el fallo provisional pero advirtieron que las leyes de difamación civil también fueron usadas como herramienta contra de la prensa. Empresarios, políticos y funcionarios públicos han convertido en costumbre la presentación de juicios múltiples contra los medios de prensa y periodistas como una forma de presión, poniendo a prueba sus recursos financieros y forzándolos a interrumpir la cobertura periodística crítica, según demostró la investigación del CPJ. Como parte de esta práctica, conocida como la “industria de la reparación”, los demandantes intentan obtener sumas monetarias absurdas en concepto de “daños morales y materiales”. Miles de casos como éstos han colmado los expedientes judiciales en los últimos años.
Comenzando a fines de 2007 y continuando durante 2008, más de 100 miembros individuales de la Iglesia Universal del Reino de Dios presentaron demandas civiles por difamación en varias ciudades del país contra del diario Folha de S. Paulo y Elvira Lobato, su reportera de economía y negocios. Los demandantes alegaron que la reportera y el diario ofendieron su fe, alegaron los abogados del diario. El artículo de Lobato sostenía que la iglesia usaba a una compañía situada en un paraíso fiscal para canalizar donaciones hacia 19 empresas propiedad de la iglesia, incluyendo estaciones de televisión y de radio, periódicos, agencias de viajes y empresas inmobiliarias. Hacia fines de año, los tribunales habían desestimado más de la mitad de los 101 juicios presentados.