Adhiriendo a un cuerpo creciente de opiniones jurídicas internacionales, dos fallos que sentaron precedente coincidieron en destacar que los funcionarios públicos no deben ser resguardados del escrutinio público. En mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos anuló una sentencia penal por difamación contra un periodista local e instó a que Argentina reforme sus leyes de difamación conforme a los estándares regionales. Dos meses después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reafirmó el principio de la “real malicia” al dictaminar responsabilidad en un caso de difamación que involucraba a funcionarios públicos.
Defensores de la libertad de prensa aplaudieron la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, que revocó la condena por difamación penal de 1999 al periodista y autor Eduardo Kimel, como un importante precedente en la campaña para despenalizar la difamación en América Latina. Las acusaciones contra Kimel se originaron en su libro de 1989, La Masacre de San Patricio, en el cual el periodista criticaba la investigación del Juez Guillermo Rivarola por el asesinato de cinco sacerdotes palatinos. Rivarola presentó una demanda por difamación contra Kimel, aduciendo que el libro había dañado su reputación. Kimel, actualmente reportero de la agencia de noticias alemana Deutsche Presse-Agentur, fue condenado a un año de prisión en suspenso y ordenado a pagar la suma de 20 mil pesos por daños y perjuicios (20 mil dólares estadounidenses en ese momento).
La Corte Interamericana, el órgano judicial de la Organización de Estados Americanos, dictaminó que el estado había violado el derecho de Kimel a la libertad de expresión. El tribunal instó a que Argentina modifique sus leyes de difamación conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos“. La Argentina ratificó la convención en 1984. La corte también ordenó que Argentina le pagara 100 mil pesos (30 mil dólares estadounidenses) a Kimel por daños y perjuicios y que restituyera los gastos en que habían incurrido las organizaciones de asistencia legal que lo habían representado. La corte concluyó que una sanción penal por criticar a un funcionario público era una medida desproporcionada.
A pesar de que no se efectuaron reformas a la legislación vigente, el gobierno parecía receptivo a realizar dichos cambios. Algunos funcionarios se reunieron con las organizaciones que representaron a Kimel para analizar modos de cumplir con el fallo de la corte. En las audiencias mantenidas antes del veredicto, funcionarios argentinos afirmaron que se adoptarían leyes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En una decisión anunciada en junio, el máximo tribunal de justicia estableció una mayor protección sobre el derecho de los periodistas a criticar las acciones de los funcionarios públicos. La Corte Suprema reafirmó el principio de la “real malicia” al tiempo que revocó un juicio civil de 2003 en contra del diario La Nación por una nota editorial que criticaba al Cuerpo de Medicina Forense del Poder Judicial. El artículo publicado en octubre de 1998 cuestionaba el desempeño del organismo, que lleva a cabo pericias de medicina forense a nivel federal, y sostenía que el organismo se veía afectado por presiones políticas.
El cuerpo forense alegó que el diario había dañado los derechos de sus integrantes al honor y a la intimidad. En su fallo, el máximo tribunal argentino halló que en “la crítica o disenso” de funcionarios públicos en ejercicio de su labor “no puede haber responsabilidad alguna ya que toda sociedad plural y diversa necesita del debate democrático“. La “real malicia” exige a la parte demandante que pruebe que la información ofensiva es falsa o haber actuado con negligencia manifiesta en la búsqueda de la verdad. El principio de la “real malicia” fue originalmente articulado por la Corte Suprema estadounidense en el caso de 1964 The New York Times Co. v. Sullivan.
El primer año de mandato de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo signado por los conflictos, incluyendo una huelga de cuatro meses del sector agropecuario sobre la política impositiva del gobierno; preocupación económica y revelaciones acerca de donaciones secretas a la campaña presidencial provenientes del exterior. La administración Kirchner afirmó que la prensa distorsionó la realidad durante el prolongado conflicto con el agro y acusó a los medios de trabajar en conjunto para apoyar la huelga. En abril, en medio del conflicto, Kirchner se vio envuelta en una controversia con la prensa que muchos creyeron innecesaria y molesta. La mandataria interpretó que una ilustración de un artículo periodístico realizada por Hermenegildo Sabat, mostrándola con un vendaje en su boca, era un “mensaje cuasi mafioso”. El grupo de prensa Foro de Periodismo Argentino sostuvo que Kirchner tenía el derecho a no estar de acuerdo públicamente con un artículo o con una caricatura, pero era injusto atribuirle motivaciones mafiosas al caricaturista de dilatada trayectoria.
Kirchner, quien fue electa en octubre de 2007, brindó la primera conferencia de prensa de su mandato en agosto. Para esa época, su nivel de aprobación popular había caído luego de la encendida disputa con los productores agropecuarios sobre una propuesta para subir las retenciones a la exportación de granos. (El Senado finalmente rechazó el plan de retenciones impositivas). Los periodistas locales se sorprendieron porque Néstor Kirchner, su predecesor y esposo, nunca brindó una conferencia de prensa durante su mandato de cuatro años y rara vez mantuvo algún tipo de contacto directo con los medios de prensa nacionales. La conferencia de prensa de agosto pareció marcar un cambio en la estrategia de comunicación de la presidenta. Cristina Kirchner se mostró posteriormente más abierta ante la prensa, aceptando preguntas de los reporteros en algunos eventos públicos, concertando la realización de un número limitado de entrevistas y escribiendo notas de opinión para periódicos provinciales.
Extendiendo un sistema que se había institucionalizado durante la presidencia de su marido, la administración Kirchner manipuló la distribución de la publicidad estatal creando un sistema de embargos publicitarios a los medios críticos y recompensando con anuncios a los medios que apoyaron al gobierno, según afirmaron analistas. En los primeros seis meses de 2008, el gobierno nacional gastó 181,7 millones de pesos (52 millones de dólares estadounidenses) en publicidad oficial, según la Asociación por los Derechos Civiles, una organización no gubernamental que promueve los derechos constitucionales. El monto superó los 164 millones de pesos (47 millones de dólares estadounidenses) que el gobierno gastara en la primera mitad del 2007. Según los analistas, el modelo de distribución se mantuvo inalterable respecto a los años anteriores.
Proyectos para establecer reglas claras para la adjudicación de publicidad oficial quedaron estancados en el Congreso. Con elecciones de mitad de mandato en 2009, periodistas locales señalaron al CPJ, el gobierno no tiene incentivos para promover reformas legislativas. Los defensores de la libertad de prensa han sostenido que la manipulación del gobierno en la distribución de la publicidad oficial viola los Artículos 14 y 32 de la Constitución Argentina, que prohíben la censura y garantizan la libertad de expresión, respectivamente, y el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Uno de los asesinos condenados por el crimen en 1997 del fotógrafo José Luis Cabezas fue beneficiado con libertad condicional a fines de octubre. Gregorio Ríos había sido sentenciado a prisión perpetua en 2000 luego de ser condenado como instigador del crimen. Muchos periodistas argentinos consideraron su liberación como un revés alarmante para la prensa.
De las nueve personas condenadas por el crimen de Cabezas, solamente dos seguían en prisión hacia fines de 2008, dado que los acusados aprovecharon las ventajas legales del sistema argentino que permiten que cada año que cumplieron mientras duró el proceso sea computado como dos. Cabezas, fotógrafo del semanario Noticias, fue asesinado el 25 de enero de 1997 en la ciudad de Pinamar en la provincia de Buenos Aires. Cabezas había fotografiado al recluido magnate Alfredo Yabrán, quien se sospechaba era el jefe de la mafia argentina. Ríos trabajaba como jefe de seguridad de Yabrán.
Se registraron pocos ataques violentos en 2008. El 14 de noviembre, Fabricio Gilbota, periodista de Radio Universidad y del diario Norte en la provincia de Chaco, fue apuñalado por la espalda mientras cubría un enfrentamiento entre empleados municipales y vendedores ambulantes en Resistencia, la capital de la provincia, según informó la prensa local. El periodista se recuperaba luego de ser sometido a una cirugía.
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