Seis periodistas han sido asesinados en México este año, cinco de ellos en un lapso de poco más de dos meses, lo que representa uno de los picos de violencia más mortíferos contra la prensa que el CPJ ha documentado en más de una década.
A pesar de las diversas exigencias organizadas de justicia en los estados mexicanos donde los reporteros fueron asesinados, las autoridades gubernamentales no han atendido las preocupaciones expresadas por periodistas locales y grupos de libertad de prensa sobre el hecho de que los comunicadores estén siendo agredidos en relación con su labor. La presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumió el cargo como la primera mujer presidenta de México a finales de 2024, no se ha pronunciado sobre esta racha de asesinatos en su conjunto, ni su gobierno ha anunciado acciones específicas en respuesta.
A nivel estatal, las respuestas han sido igualmente deficientes. El gobernador Salomón Jara de Oaxaca condenó el asesinato de un periodista en su estado, pero enfrenta críticas por sus frecuentes ataques verbales contra el periodismo crítico. En Veracruz, donde ocurrieron tres de los asesinatos de este año, la gobernadora Rocío Nahle negó durante una conferencia de prensa el 15 de junio que su estado tenga un problema de violencia contra la prensa. Más allá de anunciar investigaciones, los gobiernos estatales de Puebla y Guerrero no han abordado directamente los asesinatos de Josué Martínez y Alex Serna.
En respuesta, el CPJ ha instado a la Fiscalía General de la República (FGR) de México a ejercer su facultad de atracción de todos los casos de periodistas asesinados, aumentar la coordinación entre las autoridades federales y estatales, y reforzar las medidas de protección para todos los periodistas en el marco del Mecanismo federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Las autoridades federales no solo cuentan con una amplia facultad, de acuerdo con el Artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales de México, para hacerse cargo de las investigaciones de delitos contra periodistas cuando hay funcionarios públicos involucrados, sino que también han demostrado en el pasado ser más eficaces al obtener condenas en varios casos de alto perfil de periodistas asesinados, incluidos los homicidios en 2017 de Miroslava Breach Velducea y Javier Valdez Cárdenas.
Los asesinatos de periodistas se intensifican en México
Las investigaciones del CPJ han determinado que la impunidad sigue siendo el factor principal que incentiva los ataques mortales contra la prensa en México, lo que hace que la necesidad de ejercer la facultad de atracción de los casos por las autoridades federales sea aún más urgente, sobre todo debido al deficiente historial de las fiscalías estatales en la investigación de agresiones contra la prensa y a la presunta implicación de funcionarios públicos locales en al menos dosde los casos.
Hasta el 1 de enero de 2026, los siguientes periodistas han sido asesinados en México:
- Carlos Castro fue asesinado a tiros el 8 de enero mientras comía en un restaurante en Poza Rica, en el estado oriental de Veracruz, una ciudad ubicada a unos 210 kilómetros al noreste de la Ciudad de México, de acuerdo con reportes de prensa y un comunicado de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) de Veracruz, un organismo gubernamental. Los medios informaron que varios sujetos armados se acercaron al periodista, le dispararon y luego huyeron del lugar. Castro dirigía el portal de noticias en Facebook Código Norte Veracruz y se especializaba en la cobertura de nota roja en Poza Rica, según reportes periodísticos. También era corresponsal del periódico local Noreste.
- Los restos de Roxana Guzmán fueron hallados el viernes 3 de julio en Moloacán, una localidad al sur de Nanchital, Veracruz, según un comunicado publicado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz. Guzmán fue reportada como desaparecida el 2 de junio, luego de que ese mismo día se difundiera ampliamente en redes sociales un video donde se observa a un sujeto no identificado romper su puerta con una herramienta pesada. Un segundo hombre no identificado y armado amenazó a Guzmán y a su familia. Ocho sospechosos han sido detenidos, cuatro de ellos integrantes de la policía municipal de Ixhuatlán, quienes presuntamente brindaron recursos y apoyo logístico a los otros cuatro implicados.
- Luis Ángel López fue asesinado a tiros alrededor de la 1:00 a. m. del 11 de junio en Poza Rica, Veracruz, de acuerdo con reportes de prensa y un comunicado publicado por la CEAPP en Facebook ese mismo día. Según las informaciones, López, reportero del periódico regional Vanguardia, fue atacado a balazos por sujetos no identificados en la misma calle donde el periodista Carlos Castro fue asesinado a tiros en enero.
- La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero confirmó en un comunicado publicado el 3 de julio en Facebook que el cuerpo del periodista ambiental, activista y creador de contenido Alex Serna fue hallado el 22 de junio en Zihuatanejo, en el estado sureño de Guerrero, de acuerdo con reportes de prensa, aunque la fecha no ha sido confirmada por las autoridades estatales. Serna había sido reportado como desaparecido el 20 de junio, según los mismos reportes periodísticos, los cuales añadieron que su cuerpo presentaba huellas de tortura.
- Josué Martínez, fundador y director general del portal de noticias en Facebook Noticias San Martín Texmelucan, fue asesinado a tiros cerca de su domicilio alrededor de las 8:00 a. m. del jueves 16 de julio a manos de sujetos no identificados a bordo de una motocicleta en el municipio de San Martín Texmelucan, en el estado de Puebla, en el centro de México, de acuerdo con reportes de prensa y un breve comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado de Puebla. Los informes señalaron que la fiscalía está investigando el homicidio de Martínez y que el periodista se encontraba con su hijo de 13 años al momento del ataque.
- Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado a tiros por sujetos no identificados en el municipio de San Pablo Etla, justo al norte de la capital estatal de Oaxaca de Juárez, el miércoles 22 de julio, de acuerdo con reportes de prensa y un comunicado de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Al momento del ataque, se encontraba comiendo en un puesto de comida cerca de su domicilio. Los reportes periodísticos señalan que al menos dos agresores viajaban a bordo de una motocicleta y se dieron a la fuga tras cometer el crimen. Leyva fue director de CORTV, una televisora oaxaqueña, y más recientemente se desempeñaba principalmente como columnista y articulista de opinión. Publicaba sus columnas en su página personal de Facebook —la cual cuenta con 21 000 seguidores— bajo el título ‘El Zumbido del Moscardón’, espacio en el que ejercía una dura crítica hacia el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, y abordaba temas de delincuencia organizada, corrupción y abuso de poder por parte de autoridades estatales y locales.
Fomentando la impunidad
México se ha mantenido de forma constante entre los 10 países con peor clasificación en el Índice Global de Impunidad del CPJ, situándose a menudo justo por debajo de naciones que se encuentran en zonas de guerra activa. Además, el CPJ ha clasificado 97 de los 166 asesinatos de periodistas y trabajadores de medios en México desde 1992 como ‘no confirmados’, lo que significa que la organización no pudo determinar si los homicidios estaban directamente vinculados con la labor periodística de las víctimas. En la gran mayoría de esos casos, las investigaciones policiales se estancaron o no aportaron claridad sobre el móvil de las agresiones, dejando que permanezcan en la impunidad.
Las causas profundas de esta violencia son en gran medida similares a las documentadas por el CPJ a lo largo de las últimas décadas. Las violentas disputas territoriales entre el tráfico de drogas y otras bandas criminales continúan asolando el país, dejando a los periodistas —especialmente a quienes cubren temas de corrupción y nota roja— en una situación de particular vulnerabilidad frente a los ataques. Las investigaciones del CPJ han determinado que los funcionarios públicos, en particular los elementos policiales, suelen figurar entre los agresores, lo que alimenta la desconfianza y lleva con frecuencia a que los comunicadores no denuncien las amenazas ni los ataques, mientras que la impunidad sigue siendo el principal factor que incentiva estos delitos.
En lo que va de siglo, ni un solo caso de periodista asesinado o desaparecido ha derivado en la detención y condena tanto de los autores intelectuales como de los materiales. Incluso en los casos de mayor perfil, como los asesinatos en 2017 de Miroslava Breach Velducea y de Javier Valdez Cárdenas —galardonado con el Premio Internacional a la Libertad de Prensa (IPFA)—, las autoridades federales mexicanas solo lograron obtener la detención y condena de algunos de los sospechosos.
Rechazando la protección
“Si bien la gravedad y el ritmo de la violencia registrada este año contra la prensa resultan impactantes e indignantes, las autoridades mexicanas distan mucho de estar atadas de manos para frenar los asesinatos. Tienen la oportunidad de prevenir nuevos actos de violencia, proteger a los comunicadores y comprometerse de lleno a garantizar la libertad de prensa», declaró Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México. “La presidenta Sheinbaum y su administración pueden optar por romper el ciclo de violencia e impunidad que definió la relación de sus antecesores con la prensa, o bien convertirse en la siguiente de una larga lista de mandatarios mexicanos que se cruzaron de brazos mientras el país afianzaba su nefasto estatus como el más mortífero para los periodistas en América”.
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que opera bajo el amparo de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), parece ser cada vez menos eficaz a pesar de la continua crisis de violencia e impunidad. El mecanismo cuenta con aproximadamente 500 periodistas incorporados a su programa de protección. La dependencia no ha publicado cifras oficiales en 2025 y 2026, pero según Andrés Solís, integrante del consejo consultivo de evaluación de medidas de protección del propio organismo, aproximadamente el 80 por ciento de las solicitudes de ingreso presentadas por defensores de derechos humanos y periodistas son rechazadas. Esto representaría un aumento significativo en las denegaciones en comparación con años anteriores, justo en un momento en que la violencia letal contra los reporteros se está disparando.