Pese a tener un nuevo presidente, la libertad de prensa siguió viviendo un clima de peligro en México. Aunque el presidente Enrique Peña Nieto le otorgó aprobación definitiva a una medida, adoptada al final del mandato del presidente Felipe Calderón, que les concede a las autoridades federales una jurisdicción más amplia para investigar los delitos contra la libertad de expresión, la fiscalía especial designada para adelantar tales investigaciones dilató el ejercicio de sus nuevos poderes. Finalmente, en agosto, el fiscal especial oficialmente se hizo cargo de su primer caso, aunque a finales de año no había acusado ni procesado a nadie en relación con el asesinato de periodistas. Por otra parte, la prensa continuó siendo blanco de la violencia mientras carteles de la droga rivales se enfrentaban entre sí y contra las fuerzas de seguridad pública y el Ejército en todo el país. Medios de prensa fueron atacados, organizaciones de libertad de prensa fueron amenazadas y periodistas fueron secuestrados. Al menos tres periodistas fueron muertos en 2013 en circunstancias no esclarecidas. Ante tanta violencia, los medios de prensa de zonas controladas por los carteles de la droga, optaron por la autocensura. Siguiendo los pasos de otros medios hostigados, la edición de Saltillo del diario Zócalo publicó un editorial en el que precisó que, para proteger a su personal, dejaría de cubrir la delincuencia organizada. La Ciudad de México, durante mucho considerada un refugio de la violencia que azota al resto del país, experimentó la presión del crimen organizado. Cuatro periodistas que cubrían protestas contra reformas del sistema educativo fueron detenidos, y dos de ellos fueron detenidos por cinco días antes de recibir libertad a cambio del pago de una fianza exorbitante, según informes de prensa. Los analistas de medios acogieron favorablemente un proyecto de ley de Comunicación que, sostuvieron, aumentaría la competencia y abriría el sector de los medios audiovisuales a nuevas empresas.
México
» En un clima de impunidad, las autoridades malograron las investigaciones de varios casos clave.
» La federalización de los delitos contra la prensa entra en vigencia, pero la implementación es lenta.
Pese a tener un nuevo presidente, la libertad de prensa siguió viviendo un clima de peligro en México. Aunque el presidente Enrique Peña Nieto le otorgó aprobación definitiva a una medida, adoptada al final del mandato del presidente Felipe Calderón, que les concede a las autoridades federales una jurisdicción más amplia para investigar los delitos contra la libertad de expresión, la fiscalía especial designada para adelantar tales investigaciones dilató el ejercicio de sus nuevos poderes. Finalmente, en agosto, el fiscal especial oficialmente se hizo cargo de su primer caso, aunque a finales de año no había acusado ni procesado a nadie en relación con el asesinato de periodistas. Por otra parte, la prensa continuó siendo blanco de la violencia mientras carteles de la droga rivales se enfrentaban entre sí y contra las fuerzas de seguridad pública y el Ejército en todo el país. Medios de prensa fueron atacados, organizaciones de libertad de prensa fueron amenazadas y periodistas fueron secuestrados. Al menos tres periodistas fueron muertos en 2013 en circunstancias no esclarecidas. Ante tanta violencia, los medios de prensa de zonas controladas por los carteles de la droga, optaron por la autocensura. Siguiendo los pasos de otros medios hostigados, la edición de Saltillo del diario Zócalo publicó un editorial en el que precisó que, para proteger a su personal, dejaría de cubrir la delincuencia organizada. La Ciudad de México, durante mucho considerada un refugio de la violencia que azota al resto del país, experimentó la presión del crimen organizado. Cuatro periodistas que cubrían protestas contra reformas del sistema educativo fueron detenidos, y dos de ellos fueron detenidos por cinco días antes de recibir libertad a cambio del pago de una fianza exorbitante, según informes de prensa. Los analistas de medios acogieron favorablemente un proyecto de ley de Comunicación que, sostuvieron, aumentaría la competencia y abriría el sector de los medios audiovisuales a nuevas empresas.
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2
Investigaciones malogradas -
1
Periodista desaparecido -
7mo
Lugar en el Índice de Impunidad -
3
Periodistas obligados a huir 2012-2013
El CPJ documentó al menos dos investigaciones malogradas en torno a ataques contra periodistas que dejaron un saldo de un muerto y un herido. Serias irregularidades surgieron en el proceso contra un sujeto condenado en abril de 2013 por el asesinato en el 2012 de Regina Martínez Pérez, corresponsal de la revista Proceso. Dos meses después, la sentencia fue anulada. En septiembre, un juez desestimó las acusaciones contra uno de los pistoleros implicados en el intento de asesinato contra el director de la revista Zeta, J. Jesús Blancornelas, un hecho sucedido en 1997.
1 | Periodista amenazado tras informar sobre el asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez. |
2 de 3 | Jueces votaron a favor de revocar la sentencia de 38 años de cárcel dictada contra un sujeto acusado de asesinar a Martínez. Los jueces aludieron a irregularidades en el proceso. |
10 años | Marco Arturo Quiñones Sánchez estuvo encarcelado por el delito de atacar a Blancornelas antes de que el juez sobreseyera el caso. Las investigaciones adelantadas por las autoridades y la revista Zeta lo situaban en la escena del ataque. |
0 de 11 | Otros sujetos implicados como autores materiales e intelectuales del ataque contra Blancornelas fueron condenados. Cuatro de ellos estaban presos a finales de año por otros delitos, cuatro habían muerto y los otros tres continuaban prófugos, de acuerdo con Zeta. |
Sergio Landa Rosado, quien cubría la fuente de Sucesos y Policiales en la publicación Diario Cardel, del estado de Veracruz, fue declarado desaparecido en enero. Los periodistas de la región declararon al CPJ que daban por sentado que Landa había sido secuestrado y asesinado y que con la desaparición de Landa quedaba claro que ellos no podían informar sobre las actividades de las organizaciones del crimen organizado.
La violencia relacionada con el narcotráfico ha convertido a México en uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo, según datos del CPJ. Desde 2007, más de 50 periodistas han sido asesinados o han desaparecido.
México ocupa el séptimo lugar entre las naciones con los peores registros en la lucha contra la violencia letal contra la prensa, según datos del CPJ. Con al menos 15 casos de asesinato de periodistas no resueltos en los últimos 10 años, México empeoró su posición en el Índice de Impunidad del CPJ, que se enfoca en los países donde es común que asesinen a los periodistas y los responsables continúen impunes.
| 1. Iraq 2. Somalia 3. Filipinas | 4. Sri Lanka 5. Colombia 6. Afganistán | 7. México 8. Pakistán 9. Rusia | 10. Brasil 11. Nigeria 12. India |
Con tres periodistas obligados a huir de sus hogares entre el 1 de junio de 2012 y el 31 de mayo de 2013, México figuró en la relación anual del CPJ sobre los países con mayor cantidad de periodistas exiliados. México es uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo, según datos del CPJ. Más de 50 periodistas han sido asesinados o han desaparecido desde el 2007.
9 | Irán |
8 | Somalia |
6 | Etiopía |
5 | Siria |
3 | Eritrea |
3 | Sudán |
3 | Sri Lanka |
3 | México |
2 | Nigeria |
2 | Gambia |
