El prolongado conflicto entre el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y medios de prensa críticos de la gestión gubernamental, se acentuó. Un fallo de la Corte Suprema declaró constitucionales las disposiciones de una ley de medios audiovisuales de 2009 que les ordenaría a algunas empresas de medios –siendo la más notable entre ellas el conglomerado de medios Grupo Clarín, crítico del gobierno– desinvertir activos, en teoría, con el fin de poner fin a monopolios. Aparte de la ley, el clima seguía polarizado: por un lado altos funcionarios de gobierno fustigaban públicamente a Clarín y a otros grupos mediáticos, y por el otro, esos medios criticaban todas las actividades del gobierno. El Ejecutivo mantuvo su política de castigar a los medios críticos y recompensar con publicidad oficial a los medios que apoyan sus políticas. Extendió su guerra publicitaria al ámbito comercial al supuestamente prohibirles a los supermercados colocar avisos en los periódicos como parte de una medida antiinflacionaria para congelar los precios. Los medios críticos sostuvieron que la táctica se proponía perjudicar aún más a medios que no reciben publicidad estatal, una acusación rechazada por el gobierno. A finales de 2013, la presidenta Fernández de Kirchner, después de 10 años de ejercer dominio sobre la política argentina junto con su esposo, el fallecido presidente Néstor Kirchner, enfrentó desafíos contra su gestión: el ala oficialista sufrió derrotas significativas en las elecciones legislativas, las reformas judiciales fracasaron, surgieron denuncias de corrupción contra el Ejecutivo y la presidenta padeció problemas de salud. Los activistas en defensa de la libertad de prensa quedaron consternados ante el fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos –órgano integrante del sistema de protección de los Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos— en un caso de difamación argentino, pues por primera vez se decidió que una sanción penal por difamación no perjudicaba la libertad de expresión.
Argentina
» Un fallo de la Corte Suprema declara que la ley de medios, objeto de una larga disputa, es constitucional.
» Se intensifica el conflicto entre el gobierno y empresas de medios con posiciones críticas.
El prolongado conflicto entre el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y medios de prensa críticos de la gestión gubernamental, se acentuó. Un fallo de la Corte Suprema declaró constitucionales las disposiciones de una ley de medios audiovisuales de 2009 que les ordenaría a algunas empresas de medios –siendo la más notable entre ellas el conglomerado de medios Grupo Clarín, crítico del gobierno– desinvertir activos, en teoría, con el fin de poner fin a monopolios. Aparte de la ley, el clima seguía polarizado: por un lado altos funcionarios de gobierno fustigaban públicamente a Clarín y a otros grupos mediáticos, y por el otro, esos medios criticaban todas las actividades del gobierno. El Ejecutivo mantuvo su política de castigar a los medios críticos y recompensar con publicidad oficial a los medios que apoyan sus políticas. Extendió su guerra publicitaria al ámbito comercial al supuestamente prohibirles a los supermercados colocar avisos en los periódicos como parte de una medida antiinflacionaria para congelar los precios. Los medios críticos sostuvieron que la táctica se proponía perjudicar aún más a medios que no reciben publicidad estatal, una acusación rechazada por el gobierno. A finales de 2013, la presidenta Fernández de Kirchner, después de 10 años de ejercer dominio sobre la política argentina junto con su esposo, el fallecido presidente Néstor Kirchner, enfrentó desafíos contra su gestión: el ala oficialista sufrió derrotas significativas en las elecciones legislativas, las reformas judiciales fracasaron, surgieron denuncias de corrupción contra el Ejecutivo y la presidenta padeció problemas de salud. Los activistas en defensa de la libertad de prensa quedaron consternados ante el fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos –órgano integrante del sistema de protección de los Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos— en un caso de difamación argentino, pues por primera vez se decidió que una sanción penal por difamación no perjudicaba la libertad de expresión.
-
152
Violaciones de la libertad de prensa -
1
Fallo contra el gobierno -
6
De 7 votos a favor de la ley de medios -
6
"Miniclarines"
La organización Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) documentó docenas de violaciones de la libertad de prensa entre enero y septiembre de 2013.
Las violaciones consistieron en amenazas, agresiones, ataques contra instalaciones de medios, confiscación de equipos, obstrucción de la cobertura informativa, acoso judicial, acoso policial, censura, reparto discriminatorio de la publicidad oficial, leyes restrictivas y detención arbitraria.
| 35 | Funcionarios locales y federales |
| 15 | Fuerzas de seguridad |
| 5 | Poder Judicial |
| 97 | Otros |
En junio un tribunal dictaminó que el gobierno federal había discriminado al Canal 13 de televisión, perteneciente al Grupo Clarín, en la asignación de publicidad oficial. El dictamen hizo referencia a un fallo emitido por la Corte Suprema en 2011 que ordenó un equilibrio razonable en la distribución de la publicidad oficial.
USD 0: | Publicidad gubernamental otorgada al Canal 13, de Grupo Clarín, entre enero y mayo de 2013 |
USD 2,4 millones | Publicidad gubernamental otorgada al canal América TV, entre enero y mayo de 2013 |
USD 5,6 millones | Publicidad gubernamental otorgada al canal Telefé, entre enero y mayo de 2013 |
USD 6,5 millones | Publicidad gubernamental otorgada al Canal 9, entre enero y mayo de 2013 |
En un fallo seguido con gran atención, la Corte Suprema falló contra Grupo Clarín y declaró constitucionales las disposiciones de una ley de medios audiovisuales que ordenaba la desinversión de una cantidad significativa de activos. Clarín ha impugnado la ley en los tribunales desde que fuera adoptada en 2009.
Los defensores de la ley de medios audiovisuales argumentan que limitará los monopolios y democratizará la propiedad de los medios, mientras que los críticos sostienen que su objetivo real es debilitar a Grupo Clarín, que desde 2008 ha estado implicado en una intensa disputa con el gobierno por varios asuntos.
Octubre de 2009 | La nueva ley de medios audiovisuales adoptada ordena al Grupo Clarín y a otras empresas de medios a desprenderse de algunos activos en el plazo de un año. Grupo Clarín de inmediato interpone recursos jurídicos que impugnan la constitucionalidad de la ley. |
Diciembre de 2009 | La nueva ley de medios audiovisuales adoptada ordena al Grupo Clarín y a otras empresas de medios a desprenderse de algunos activos en el plazo de un año. Grupo Clarín de inmediato interpone recursos jurídicos que impugnan la constitucionalidad de la ley. |
Octubre de 2010 | Un fallo de la Corte Suprema establece que algunas disposiciones de la ley pueden entrar en vigencia, pero ratifica la suspensión de las disposiciones relativas a la desinversión. |
Mayo de 2012 | La Corte Suprema dictamina que la medida cautelar relativa a la desinversión vence en diciembre de 2012. El gobierno declara que aplicará la ley y que el Grupo Clarín debe desinvertir. |
6 de diciembre de 2012 | Un tribunal de lo civil prorroga la medida cautelar hasta que la Justicia se pronuncie sobre la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas. |
14 de diciembre de 2012 | El fallo de un juez federal de lo civil y comercial declara constitucionales las disposiciones. El Grupo Clarín de inmediato apela el fallo ante un tribunal de apelaciones federal. |
Abril de 2013 | Un tribunal de apelaciones federal ratifica la ley pero declara inconstitucionales los artículos relativos a la desinversión. El gobierno apela ante la Corte Suprema. |
Octubre de 2013 | Un fallo de la Corte Suprema declara constitucionales los artículos y el gobierno afirma que el Grupo Clarín debe desinvertir de inmediato. El Grupo Clarín argumenta que la medida cautelar significa que aún tiene el plazo de un año para desinvertir según lo previsto en la ley. |
Noviembre del 2013 | De manera inesperada, el Grupo Clarín presenta un plan de desinversión pero expresa que estudiará proseguir con su demanda en otros foros judiciales nacionales y posiblemente internacionales. El gobierno responde que analizará el plan y decidirá respecto a su aprobación en un plazo de 120 días. |
Tras la pérdida de su prolongada batalla judicial, el Grupo Clarín presentó ante el organismo regulatorio gubernamental un plan que prevé la separación de los activos del grupo, de conformidad con la ley de medios audiovisuales. El plan divide las propiedades audiovisuales en seis unidades empresariales independientes y el 70 por ciento de sus activos serían propiedad de los cuatro principales accionistas, entre ellos Ernestina Herrera de Noble, la propietaria de Grupo Clarín, y Héctor Magnetto, su CEO. Las seis unidades empresariales no abarcan un grupo de importantes medios impresos ni otros activos pertenecientes a Grupo Clarín, los cuales escapan al ámbito regulatorio de la ley de medios.
Los analistas debaten si en la práctica el plan limitará las propiedades de Clarín o le permitirá crecer aún más en un esquema de desmembramiento de la propiedad.
Empresa 1 | Tres canales de TV de señal abierta, cada uno en una ciudad diferente; un canal de televisión por cable; cinco radioemisoras, de AM y FM, en varias ciudades; 24 canales de televisión por cable en ciudades donde no posea canales de señal abierta. |
Empresa 2 | 24 canales de televisión por cable. |
Empresa 3 | 20 canales de televisión por cable. |
Empresa 4 | Siete canales de televisión por cable. |
Empresa 5 | Cuatro radioemisoras de FM, cada una en una ciudad diferente. |
Empresa 6 | Dos canales de TV de señal abierta, cada uno en una ciudad diferente. |
