By Carlos Lauría/Coordinador Senior del Programa de las Américas del CPJ
Poniendo énfasis en las preocupaciones de grupos de derechos humanos sobre el deterioro de las condiciones de libertad de prensa bajo la administración del Presidente Rafael Correa, 17 estados miembros de las Naciones Unidas presentaron recomendaciones a Ecuador sobre temas de libertad de expresión ante el Consejo de Derechos Humanos esta semana. Mientras Ecuador intenta neutralizar las críticas que atribuye al desconocimiento de la situación, las observaciones efectuadas por los estados dejaron en evidencia que la comunidad internacional tiene conocimiento de las tácticas represivas de Correa contra los medios locales.
Utilizando un mecanismo conocido como el Examen Periódico Universal (EPU), establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2006, estados miembros evalúan en qué grado los países están cumpliendo con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Bajo este procedimiento, los estados tienen el derecho de formular preguntas y hacer recomendaciones a los gobiernos de los países que están siendo evaluados; cada estado es examinado cada cuatro años. El procedimiento proporciona la oportunidad de abordar violaciones a los derechos humanos, y exige a los gobiernos que reconozcan públicamente qué recomendaciones implementarán. Organizaciones no gubernamentales pueden presentar sus propios informes y recomendaciones, que son compilados por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y pueden ser utilizados por los estados miembros.
Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Estonia, los Estados Unidos, Eslovaquia, Letonia, Luxemburgo, Noruega, Francia, India, Suecia, Suiza, Costa Rica y el Reino Unido todos introdujeron recomendaciones el lunes ante el Consejo, la mayoría relacionadas a la legislación ecuatoriana que criminaliza la expresión y la opinión.
La mayoría de las recomendaciones, 12 de 17, provinieron de estados europeos. Bélgica fue uno de los primeros en expresarse: “Tenemos informes de abusos a la libertad de expresión, al uso indebido del derecho penal, persecución a periodistas…, esperamos que se cumpla la legislación internacional en esta materia y se acepte la visita del relator especial de libertad de expresión”. Seguramente que Correa prestó atención a estos comentarios: estudió economía en Bélgica y su esposa es originaria de ese país.
Los Estados Unidos y Europa expresaron preocupación sobre el uso de disposiciones penales de difamación contra críticos del gobierno; Suiza sugirió que la prensa ecuatoriana trabaja en un clima de censura, mientras Suecia manifestó alarma por la condena contra tres ejecutivos y el ex editor de opinión del diario nacional El Universo.
La delegación ecuatoriana integrada por más de 100 funcionarios, incluyó al Vicepresidente Lenin Moreno Garcés y al canciller Ricardo Patiño. El canciller atribuyó las críticas internacionales al “desconocimiento”. Patiño afirmó que “quien va al Ecuador se dará cuenta de cómo se respeta y se promueve la libertad de expresión”, según informes de prensa.
Ecuador tiene hasta septiembre para identificar qué recomendaciones aceptará o rechazará, momento en el que el Consejo de Derechos Humanos adoptará oficialmente el informe. Pero los funcionarios ecuatorianos anticiparon que responderían tan pronto como mañana.
La investigación del CPJ muestra que el gobierno de Correa ha conducido a Ecuador a una era de represión generalizada al iniciar en forma sistemática demandas por difamación y campañas de desprestigio contra los críticos.
El CPJ, junto al PEN International y Fundamedios, una organización ecuatoriana de libertad de expresión, presentaron un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Entre las recomendaciones conjuntas, exhortamos a las autoridades ecuatorianas a poner fin al uso de anticuadas leyes de difamación para silenciar a periodistas críticos; despenalizar las disposiciones de difamación y adecuarlas a los estándares internacionales sobre libertad de expresión, y poner fin al uso de juicios civiles para silenciar a periodistas críticos que tienen un efecto inhibidor ya que persiguen montos desproporcionados.
La semana pasada, junto al asesor senior del CPJ Jean-Paul Marthoz, el Director Ejecutivo de Fundamedios César Ricaurte y el Director de Proyectos del grupo Mauricio Alarcón, viajé a Ginebra, sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para reunirnos con diplomáticos previo a la evaluación de Ecuador en el EPU. También hicimos una escala en Bruselas, donde visitamos a diputados del Parlamento europeo e integrantes de la Comisión Europea responsables de las relaciones con los países andinos. Durante estas reuniones, expresamos nuestra preocupación por el grave daño que se le hecho a la libertad de expresión en Ecuador a través del sometimiento de periodistas críticos a largas y debilitantes represalias por parte del gobierno.
Los diplomáticos latinoamericanos en Ginebra están bien conscientes de la situación, pero ningún país a excepción de Costa Rica presentó observaciones ante el Consejo. A pesar de la decepción, la decisión de América Latina de mantenerse en silencio frente a la represión oficial contra la prensa ecuatoriana no resulta sorpresiva. Como afirmó al director ejecutivo del CPJ en el ensayo introductorio del informe Ataques a la Prensa en 2010, la Organización de los Estados Americanos, “que ha estado paralizada por batallas ideológicas en América Latina, rara vez se expresa públicamente sobre las violaciones a los derechos humanos”.