Preocupa al CPJ deterioro en la salud de periodistas presos

Nueva York, 28 de julio del 2004—El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) está sumamente preocupado por el deterioro en el estado de salud de los periodistas presos Julio César Gálvez, Edel José García y Jorge Olivera Castillo, quienes están entre los 29 periodistas cubanos sentenciados a prolongadas penas de cárcel en el 2003.

Gálvez cumple una sentencia de 15 años de cárcel en el penal de La Pendiente, en la central provincia de Villa Clara. Padece de problemas hepáticos y urinarios, así como de hipertensión y alto colesterol. Estos padecimientos han aparecido o se han agravado durante su encierro, según su esposa, Beatriz del Carmen Pedroso. Del 26 de febrero al 9 de julio del 2004, Gálvez estuvo hospitalizado, y el 11 de marzo lo operaron de un cálculo en la vesícula biliar. Pedroso refirió al CPJ que le preocupa mucho la salud de su esposo, así como su alteración nerviosa, y manifestó que solicitaría en su nombre una licencia extrapenal por motivos de salud.

García en estos momentos cumple su sentencia de 15 años de cárcel en el hospital de la prisión Combinado del Este en la capital, La Habana, donde ha estado desde el 25 de febrero del 2004. Sufre de gastritis, claustrofobia y una fuerte depresión, declaró al CPJ su esposa, María Margarita Borges. Además, García es ciego de un ojo desde niño y tiene afectada la visión en el otro.

Olivera, quien ha estado en el Hospital Provincial de Guantánamo, en la oriental provincia del mismo nombre, desde el 26 de febrero del 2004, cumple una sentencia de 18 años de cárcel. De acuerdo con su esposa, Nancy Alfaya, Olivera padece de intensos dolores abdominales causados por una colitis crónica. Además, tiene la presión arterial descompensada y otros padecimientos que se han agravado durante su encierro. Alfaya señala que su esposo nunca tuvo problemas de la presión arterial antes de ingresar a la prisión y que su estado de salud general ha empeorado.

«El gobierno cubano encarceló a estos periodistas valiéndose de leyes que contravienen normas de libertad de expresión reconocidas internacionalmente», declaró Ann Cooper, directora ejecutiva del CPJ. «Continuamos exigiendo que se los libere inmediata e incondicionalmente».

Antecedentes

Gálvez, García y Olivera fueron encarcelados en abril del 2003 en una masiva campaña gubernamental contra la prensa independiente y la oposición política. Los arrestos de disidentes políticos y periodistas, quienes fueron acusados de ser «contrarrevolucionarios» al servicio de los Estados Unidos, comenzaron en marzo del 2003.

Los juicios sumarios de los periodistas se llevaron a cabo el 3 y el 4 de abril a puerta cerrada. Algunos periodistas fueron juzgados según el Artículo 91 del Código Penal, que prevé largas sanciones de privación de libertad o muerte para todo el que actúe contra «la independencia o la integridad territorial del Estado». Otros periodistas fueron procesados por violar la Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, que dispone sanciones de privación de libertad de hasta 20 años para toda persona que cometa actos que «persiguen subvertir el orden interno de la Nación y destruir su sistema político, económico y social».

El 7 de abril del 2003, los tribunales de la isla anunciaron sanciones de privación de libertad de 14 a 27 años para los periodistas. En junio del mismo año, el Tribunal Supremo Popular, el tribunal de máxima instancia, rechazó los recursos de casación que los periodistas habían presentado y ratificó las condenas.

Los periodistas encarcelados, la mayoría de los cuales están en pabellones de máxima seguridad, han denunciado las deficientes condiciones sanitarias y la inadecuada atención médica. También se han quejado de recibir alimentos que huelen mal o están en mal estado. Muchos periodistas han sido trasladados a celdas con delincuentes comunes, mientras que otros permanecen aislados. A diferencia de la población penal general, que tiene visitas con mayor frecuencia, los periodistas presos reciben visitas familiares cada tres meses y conyugales cada cinco meses.

FIN