El 7 de mayo, Añez suscribió el Decreto Supremo 4231, que penaliza la difusión de “información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población”, y dispone penas de entre uno y 10 años de cárcel para las personas condenadas por este delito, según informaciones de prensa y el texto del decreto.
El Decreto 4231 modifica un decreto suscrito el 25 de marzo que penalizaba las violaciones de la cuarentena establecida en el país ante la pandemia del COVID-19, así como la difusión de desinformación sobre el coronavirus, tal como el CPJ lo documentó en ese momento.
“En lugar de responder a las preocupaciones sobre las posibles limitaciones a la libertad de prensa, el Gobierno interino boliviano ha decidido redoblar su apoyo a ambiguos decretos que pudieran penalizar el trabajo periodístico”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Las autoridades bolivianas deben encontrar la manera de proteger la salud pública sin poner en peligro la libertad de prensa”.
El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, declaró que la nueva medida estaba dirigida contra las personas que difundían rumores sobre el coronavirus, y que los periodistas no debían preocuparse porque Bolivia contaba con un tribunal especial encargado de atender las denuncias contra los medios de noticias, según versiones de prensa.
Sin embargo, Isabel Mercado, directora del diario independiente Página Siete, declaró al CPJ que el ambiguo enunciado del decreto podía permitirle al Gobierno procesar penalmente a periodistas y caricaturistas editoriales, y que el nuevo decreto también les confiere a los jueces amplias facultades discrecionales sobre las penas de cárcel y demás sanciones contra los infractores.
Dado que el decreto es ambiguo sobre lo que constituye desinformación, “podría significar prácticamente cualquier cosa”, expresó Mercado en entrevista telefónica desde La Paz.
Erick Foronda, vocero de Áñez, declaró al CPJ por una aplicación de mensajería que el Gobierno tiene la intención de abordar las críticas al decreto en su respuesta a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien también ha expresado su preocupación por el decreto.