Bogotá, Colombia, 15 de agosto de 2018–El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) saludó hoy la sentencia condenatoria emitida contra el autor intelectual del asesinato del periodista, humorista y activista de paz colombiano Jaime Garzón, hecho ocurrido en 1999, y expresó su decepción por el hecho de que en su decisión el tribunal no haya tomado en cuenta el trabajo periodístico de Garzón.
El 13 de agosto, el juzgado séptimo especializado de Bogotá sentenció a José Miguel Narváez, ex alto funcionario de un organismo de inteligencia colombiano ya disuelto, a cumplir una pena de 30 años de cárcel por instigar el asesinato de Garzón y le ordenó pagar una indemnización de 390 millones de pesos colombianos (USD 130,000) a la familia de Garzón, según documentos judiciales citados en informaciones de prensa. Narváez ha estado preso desde 2009, acusado de cometer delitos no relacionados.
“A los 19 años exactos de la fecha del asesinato de Jaime Garzón, el autor intelectual de este crimen finalmente enfrenta la justicia”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Esta sentencia es un contundente avance en la lucha contra la impunidad que ha caracterizado a uno de los asesinatos más infames de Colombia, pero es decepcionante que el tribunal no haya tomado en cuenta el oficio periodístico de Garzón como un factor de su muerte”.
De acuerdo con versiones de prensa, Narváez convenció a paramilitares derechistas a que mataran a Garzón, quien fue ultimado a balazos dentro de su SUV en una calle de Bogotá el 13 de agosto de 1999, por su presunta colaboración con guerrillas izquierdistas.
Al condenar a Narváez, el tribunal no tomó en cuenta el trabajo periodístico de Garzón como un factor motivador en el plan de Narváez para asesinar al periodista.
En un comunicado, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), con sede en Bogotá, criticó esta omisión, y señaló que, durante el juicio, testigos declararon que las frecuentes críticas de Garzón a los paramilitares en noticieros de televisión fueron una de las razones por las cuales decidieron atentar contra su vida.
Garzón, quien al morir tenía 38 años, era una querida figura en Colombia y la historia de su vida recientemente sirvió de inspiración a una miniserie televisiva.
Garzón era mejor conocido por su personaje televisivo Heriberto de la Calle, un humilde lustrador de zapatos que se refería a los males que aquejaban a la sociedad y que realizaba burlonas entrevistas a los políticos colombianos en un segmento regular de uno de los principales noticieros nacionales. Él también creó Zoociedad, un programa televisivo que se dedicaba al humor político.
Cuando la guerra del Estado colombiano contra la guerrilla causaba estragos a finales de los años 1990, Garzón, quien anteriormente había ejercido de alcalde de un suburbio de Bogotá, se convirtió en activista a favor de la paz y en mediador entre la guerrilla y las familias de rehenes secuestrados por la guerrilla, para negociar la liberación de los cautivos. Estas actividades pudieran haber motivado a los paramilitares a calificarlo de colaborador de la guerrilla y planificar su muerte, según informaciones de prensa.
El tribunal, en la sentencia emitida el 13 de agosto, declaró que Narváez había sido una presencia constante en los campamentos de los paramilitares y les había suministrado a sus fuerzas información sobre los movimientos diarios de Garzón, lo cual les permitió seguirlo y asesinarlo.
“Constantemente asedió al jefe de las autodefensas para que perpetrara el crimen”, declaró el tribunal, según fragmentos de la decisión que fueron publicados en los medios colombianos.
En la época del crimen, Narváez, quien según informaciones de prensa era un acérrimo anticomunista, era profesor de la Escuela Superior de Guerra de Colombia. Posteriormente fue designado subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el organismo de inteligencia nacional de Colombia. El DAS fue disuelto en 2011 a raíz de un masivo escándalo de espionaje telefónico en el cual se reveló que el organismo había espiado a periodistas, a activistas de los derechos humanos y a políticos opositores.
En 2016, Narváez fue sentenciado a cumplir una pena de ocho años de cárcel por su participación en el escándalo, frecuentemente llamado DAS-gate.