Por Andrew Downie, corresponsal del CPJ en Brasil
En noviembre del año pasado, la policía brasileña detuvo un camión en una carretera del centro del país y, tras un riguroso registro, descubrió más de seis toneladas de marihuana almacenada en compartimientos falsos. El camión llevaba el nombre de Romanelli en un lado, pero la policía declaró que se trataba de un letrero para confundir y que los delincuentes no estaban vinculados ni a ninguna empresa ni a ninguna persona con ese nombre.
No obstante, según Luiz Claudio Romanelli, político del estado de Paraná, pronto él sintió las repercusiones. En pocas horas, en los medios sociales y en WhatsApp se compartieron mensajes que lo vinculaban con la incautación de las drogas. Romanelli, líder del gobierno en la Asamblea Legislativa de Paraná, informó a la policía e intentó neutralizar las mentiras mediante su propia oficina de prensa, pero en gran medida el daño ya estaba hecho.
“Los políticos son el blanco preferido de esas personas que se especializaron en difundir falsedades y manipular a parte de la opinión pública”, escribió Romanelli en una entrada de blog sobre el incidente, titulada “Fake News”. La entrada, publicada en su sitio web, afirmaba: “En la antesala de las elecciones, uno de los grandes desafíos para los políticos y para el TSE [Tribunal Superior Electoral] será combatir la proliferación de noticias falsas”.
Su predicción fue profética. El 9 de enero, la Policía Federal brasileña, con el respaldo del TSE, organismo encargado de supervisar todos los procesos electorales, anunció que formaría una comisión para decidir cómo combatir los artículos noticiosos falsos publicados en las plataformas de medios sociales y los sitios web en el período previo a los comicios de octubre, donde se elegirá al presidente, al Congreso y a cientos de cargos estatales.
La Policía declaró que la medida había sido concebida para “identificar y castigar a los autores de ‘fake news’ contra o a favor de los candidatos” que se han postulado. La propuesta de ley tipificaría qué constituye conducta delictiva y dotaría a la Policía de una herramienta para combatir la práctica.
Sobran las razones para preocuparse por las noticias falsas en la mayor y más poblada nación de Sudamérica.
En una encuesta de 18 países encargada por el Servicio Mundial de la BBC el año pasado, Brasil fue el país donde los usuarios de Internet tenían la mayor preocupación por distinguir las noticias reales de las falsas. Más del 90 % de los brasileños afirmaron que las noticias falsas representaban una preocupación, aunque el 72 % indicó que se oponía a todo tipo de regulación gubernamental sobre la Internet.
Un estudio local que la Universidad de São Paulo llevó a cabo en junio halló que las noticias falsas eran tan comunes que amenazaban la integridad de las próximas elecciones. Y una noticia falsa sobre el expresidente y posible candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva fue compartida, marcada con “me gusta” o comentada 15 millones de veces en agosto de 2017, según una estadística citada por el diario O Estado de São Paulo.
No está claro cuál sería el contenido de la nueva propuesta de ley, pero el deseo de actuar no es un caso aislado. En todo el mundo, Gobiernos y sociedades están contemplando cómo detener o limitar las noticias falsas y el contenido ofensivo.
El 1 de enero, la controvertida ley alemana que obliga a las grandes empresas de medios sociales a retirar las expresiones de odio en un plazo de 24 horas, entró en vigor. Las plataformas que reiteradamente incumplan el plazo serán objeto de una multa de hasta €50 millones (USD $61 millones).
En enero, el mandatario francés Emmanuel Macron declaró que se proponía presentar una propuesta de ley para evitar que las noticias falsas se compartieran en la Internet. La propuesta obligaría a los sitios web a ser más transparentes sobre el origen del contenido y el financiamiento.
Y la Unión Europea (UE) estableció una comisión en noviembre para intercambiar consultas sobre las noticias falsas y cómo combatirlas.
En el caso de Brasil, la gran diferencia es la participación de los organismos de seguridad pública. La comisión de la UE está conformada por académicos, organizaciones noticiosas, plataformas de medios sociales y organizaciones de la sociedad civil. Los organismos de seguridad pública no fueron invitados porque, de acuerdo con Laura Tresca, directora del programa de Derechos Digitales de Artículo 19 para Brasil, “no hay necesidad de convertir esto en un problema de seguridad”.
La Policía Federal brasileña desea involucrarse porque se trata del organismo encargado de investigar los delitos electorales, según declaraciones de sus funcionarios. Se teme que las noticias falsas, los bots, y los candidatos y sus representantes estén acelerando sus esfuerzos en el período previo a las elecciones.
Sin embargo, los defensores de la libertad de expresión sostienen que decidir qué constituye una noticia falsa es un proceso complejo que es diferente de una investigación o un enjuiciamiento. El papel de la Policía debe ser aplicar las leyes, no decidir cómo deben ser esas leyes.
“Estamos preocupados, porque es inquietante que el contenido se convierta en un asunto policial, que la Policía Federal se involucre en juzgar qué es y qué no es desinformación”, declaró Tresca.
Quizás la decisión no sea sorprendente, dado el largo historial de Gobiernos autoritarios que posee Brasil. Tales regímenes han dejado su huella y Brasil –y sus vecinos latinoamericanos– con frecuencia recurren a los organismos de seguridad pública para dirimir cuestiones que otros países consideran asuntos civiles.
Las fuerzas policiales de Brasil están militarizadas y muchas leyes aprobadas durante el período de la dictadura militar siguen en vigor. Disposiciones penales de la década de 1950 todavía se emplean para juzgar delitos de difamación y afines, pese a los llamados de organismos nacionales e internacionales para que tales delitos sean juzgados en el ámbito civil.
Eugênio Ricas, el funcionario de la Policía Federal encargado de investigar y combatir el crimen organizado, declaró al CPJ que cualquier nueva propuesta de ley posible buscaría complementar y no sustituir las anticuadas leyes en vigor.
“Estos protocolos que deciden quién hace qué, dónde y cómo, pudieran ser una ley nueva y más moderna”, declaró Ricas por vía telefónica desde la capital, Brasilia. “Los delitos son similares, atacar el honor de una persona, pero hoy ellos se cometen mediante la Internet. Las leyes que tenemos hoy se hicieron antes de que la Internet existiera y por eso no hay una manera clara de actuar. Pudiéramos decidir adoptar una nueva ley para modernizar nuestras disposiciones”.
Aunque Brasil se propone crear un marco jurídico antes de octubre, el apretado calendario legislativo hace que sea poco probable. El Congreso apenas funciona, el índice de aprobación del presidente está en un solo dígito y no existe ningún clamor público por una nueva ley.
Entre los defensores de la libertad de expresión, es común la preocupación de que, en caso de que no se pueda aprobar una nueva ley a tiempo, la Policía recurra a utilizar leyes aprobadas durante el período de 1964-1985, cuando gobernaron regímenes militares.
“Que ahora ellos estén contemplando resucitar la ley de censura de la época de la dictadura para regular y censurar la expresión política contemporánea en la Internet –todo ello en nombre de combatir las ‘noticias falsas’– es un potente símbolo de cuán inherentemente tiránicos y peligrosos son todos los intentos gubernamentales por controlar la expresión política”, escribió Glenn Greenwald en una entrada de blog sobre el tema a principios de mes.
En lugar de centrarse en leyes, sostienen los defensores de los derechos digitales, una de las mejores alternativas es poner más énfasis en la educación. Enseñar a las personas cómo identificar las noticias falsas y sus fuentes frenará la difusión de la desinformación, declaró Cristina Tardáguila, directora de Agencia Lupa, una organización verificadora de hechos independiente fundada en Río de Janeiro hace cuatro años.
“Es importante que el brasileño promedio entienda que va a ver muchas noticias falsas en las próximas campañas y que tiene una manera de verificarlas”, declaró Tardáguila al CPJ en entrevista telefónica.
“El Gobierno federal tiene formas de hacer esto. Ellos desplegaron grandes campañas para promocionar la reforma de las pensiones y están haciendo algo similar ahora mismo para lograr que la gente se vacune contra la fiebre amarilla. Cuando ellos quieren, pueden, y es más barato, rápido y más eficaz que crear una nueva ley”.
[Informaciones recogidas desde São Paulo]