Nueva York, 28 de agosto de 2017–Las autoridades salvadoreñas deben investigar con celeridad y credibilidad la escalada de las amenazas físicas y por Internet contra periodistas de dos medios noticiosos digitales, e implementar medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los periodistas, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
A partir del 22 de agosto, El Faro y Revista Factum, dos medios noticiosos digitales que se especializan en periodismo investigativo, comenzaron a recibir amenazas directas en redes sociales como Twitter y Facebook, según informaciones de prensa. Las amenazas identificaban a los periodistas por nombre y contenían fotos. Periodistas de ambos medios declararon al CPJ que creían que las amenazas eran en respuesta a un artículo publicado en el sitio web de la Revista Factum ese mismo día, sobre la presunta implicación de una unidad élite de combate a la delincuencia en actos criminales, entre ellos tres ejecuciones extrajudiciales, agresión sexual y extorsión. Howard Cotto, director de la Policía Nacional salvadoreña, y el vicepresidente Óscar Ortiz declararon a Factum en el momento que ellos tenían conocimiento de denuncias de actividades ilegales por parte de agentes policiales, y prometieron abrir una investigación.
Un mensaje amenazador por Twitter decía, en referencia a los periodistas de Factum y El Faro, “los tengo que ver como Christian Poveda”, un periodista francoespañol asesinado por miembros de la Mara Salvatrucha en 2009. Otro compartió una foto de un soldado presuntamente asesinado por pandilleros, con la leyenda, “A favor de esto escriben los de Revista Factum y El Faro”. Las cuentas responsables de las amenazas con frecuencia comparten contenido en apoyo a las fuerzas de seguridad y celebran la violencia contra presuntos ladrones y pandilleros.
“Los periodistas que cubren la violencia generalizada en El Salvador con frecuencia corren el riesgo de convertirse en blanco ellos mismos”, declaró Robert Mahoney, subdirector ejecutivo del CPJ. “Factum y El Faro son fuentes informativas vitales para los salvadoreños, y las autoridades deben garantizar que sus periodistas puedan ejercer la profesión sin sufrir actos de violencia por parte de los mismos grupos que ellos investigan, entre ellos las fuerzas de seguridad encomendadas con la tarea de combatir a las pandillas criminales”.
Las amenazas se intensificaron en los últimos tres días, según periodistas de ambas publicaciones. César Castro, jefe de redacción de Factum, declaró al CPJ que cuatro sujetos que pretendían ser de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador visitaron la sede de Factum el 26 de agosto, e hicieron preguntas sobre el horario de la revista y las horas de llegada habituales del personal. Castro expresó que la Procuraduría le dijo que no había enviado a ningún empleado a visitar a Factum ese día.
Esta mañana, otros dos grupos de cuatro personas que pretendían ser “fuentes policiales de los reporteros” fueron a la sede de ambos medios de prensa, según periodistas de las dos publicaciones. El primer grupo le pidió la dirección de Factum al vigilante de El Faro, mientras que el segundo grupo tocó la puerta de la sede de Factum, la cual se encontraba vacía en ese momento, según Castro.
Castro declaró al CPJ que la semana pasada la PDDH había ordenado medidas cautelares para proteger a la publicación, así como a los dos periodistas autores del artículo original.
Castro explicó que la policía, luego de las amenazas en persona de hace dos días, había prometido aportar dos patrullas para ofrecer seguridad adicional en la cuadra de la sede de Factum. Sin embargo, el periodista afirmó que las patrullas se habían presentado brevemente hoy, y que no habían estado presentes cuando se apareció el segundo grupo de sujetos.
La Policía Nacional de El Salvador no respondió de inmediato a una solicitud por correo electrónico efectuada por el CPJ para que ofreciera una declaración al respecto.
De acuerdo con Castro, Factum no había recibido ninguna amenaza antes de la publicación del artículo del 22 de agosto. En marzo de 2012, luego de que El Faro reveló un acuerdo secreto entre el Gobierno y pandillas criminales, un funcionario de Gobierno declaró que los periodistas de El Faro pudieran estar en peligro por su trabajo periodístico, pero no ofreció ninguna protección, como el CPJ informó en ese momento.