Borja Bergareche/Bloguero invitado del CPJ
El 1 de julio una nueva ley orgánica de seguridad ciudadana entrará en vigor en España en medio de un coro de preocupaciones cada vez más vocal entre las organizaciones de medios y de libertad de prensa. La ley –llamada “ley mordaza” por sus opositores– define las protestas frente a las sedes del Congreso de los Diputados y el Senado y de otros organismos de Gobierno como una “perturbación de la seguridad ciudadana” y prohíbe el “uso no autorizado” de imágenes de las fuerzas de seguridad o la policía antimotines. Ambas infracciones podrán ser sancionadas con una multa de 30,000 euros (USD 33,000).
Las protestas han sido acontecimientos frecuentes en España en los últimos cinco años en un contexto de descontento social contra las medidas de austeridad y los recortes presupuestarios. Si bien el nivel de agitación en las calles ha disminuido recientemente, cifras publicadas por el gobierno muestran que el número de manifestaciones alcanzó el nivel histórico de 36,000 durante 2012, el primer año de la gestión del presidente Mariano Rajoy y su Partido Popular, de tendencia conservadora, según los medios locales.
El objetivo de la ley de protección de la seguridad ciudadana parece ser un intento del partido gobernante, que controla las dos cámaras del Parlamento, “de mantener su control sobre el poder desalentando las protestas antiausteridad que han multiplicado el apoyo popular a favor del partido populista Podemos”, argumentó un editorial del New York Times publicado la semana pasada. Este año, España tendrá al menos cinco procesos electorales, entre ellos elecciones municipales y regionales este mes y elecciones parlamentarias a finales de año.
Debido a que este clima electoral en el país incrementaba la urgencia de abordar las inquietudes acerca de la ley mordaza y otras cuestiones de libertad de prensa, un grupo de organizaciones –entre ellas el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) — encabezadas por el Instituto Internacional de la Prensa (International Press Institute, IPI), realizó una misión de verificación en España en diciembre de 2014. Los delegados integrantes de la misión sostuvieron más de 35 reuniones en un período de cuatro días con representantes de los medios y la sociedad civil, y con actores gubernamentales en Madrid y Barcelona. Participaron junto con el CPJ representantes de Access Info Europe, la Federación Europea de Periodistas, Reporteros sin Fronteras y la Fundación Open Society.
La misión examinó la ley de protección de la seguridad ciudadana y otras inquietudes, tales como las amenazas a la independencia de RTVE, la cadena de radiotelevisión pública, una ley de transparencia que grupos de la sociedad civil organizados en torno a la organización de derechos humanos Coalición Pro Acceso han descrito como deficiente, y la tendencia de ciertos altos cargos del Gobierno, constatada por los medios locales, de ofrecer conferencias de prensa sin espacio para las preguntas. En respuesta a esta inquietud, en 2011 la Federación Española de Asociaciones de Prensa (FAPE) había lanzado la campaña #sinpreguntasnohaycobertura.
Las organizaciones participantes compartieron la preocupación acerca de la “voluntad censora” percibido en la nueva ley de seguridad ciudadana que, según versiones periodísticas, fue adoptada en marzo con los votos del partido gobernante solamente. La ley prevé que las personas que se reúnan en protestas espontáneas cerca de servicios públicos, centros de transporte, centrales nucleares o instalaciones similares se enfrentarían –como lo describió el New York Times— a una “escandalosa” multa de hasta 600,000 euros.
En particular, las organizaciones de prensa locales e internacionales están preocupadas por la prohibición estipulada en dicha ley contra el uso no autorizado de imágenes de las fuerzas de seguridad o la policía –una medida al parecer dirigida a los fotógrafos, equipos de camarógrafos, o ciudadanos comunes con cámaras que documenten las acciones de la policía durante las protestas–. Semejante “uso” sería sancionado con una multa de hasta 30,000 euros. Según el informe de la misión del IPI, publicado el mes de marzo, la ambigua redacción de la ley (ver el artículo 36/23) “puede llegar a ofrecer una ‘carta blanca’ a las fuerzas de seguridad para impedir a los periodistas el libre ejercicio de su profesión”.
La mencionada ley ha recibido intensas críticas en el ámbito nacional. El 30 de abril, la Asociación de la Prensa de Madrid expresó su preocupación en una declaración emitida antes del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo, por el “retroceso” en materia de libertad de prensa tras “la aprobación de la llamada ‘ley mordaza’, que vulnera dichos derechos al imponer sanciones a la toma de fotografías o la grabación de agentes y fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones públicas”.
Una protesta más imaginativa contra la ley mordaza tuvo lugar el pasado 10 de abril, cuando el grupo opositor No Somos Delito proyectó un holograma de manifestantes que desfilaban enfrente de la sede del Congreso de los Diputados en el centro de Madrid. La manifestación virtual fue divulgada en todo el mundo como la “primera protesta con holograma del mundo”, según el diario británico Independent.
Nada puede evitar que la ley entre en vigor en julio, pero varios partidos opositores ya han declarado que intentarán anularla en el próximo período parlamentario de sesiones.
La misión de verificación de diciembre “observó que las libertades de expresión y de prensa disfrutan de una protección generalizada en España”. El informe de la misión añadió: “La libertad de prensa en España es comparable a la que disfrutan sus vecinos europeos, pero en un momento tan crítico para el país, es esencial garantizar al máximo el flujo de la información”.
El informe íntegro puede ser consultado en inglés y español.
Borja Bergareche es un ejecutivo de noticias español. Fue corresponsal del CPJ en Europa y en la actualidad continúa asesorando a la organización.