Por Mike O’Connor/Representante del CPJ en México
Veracruz es un hermoso, extenso y estrecho estado en la costa del Golfo de México donde muchos periodistas están aterrados no sólo por los grupos del crimen organizado que asesinan y ejercen control sino también por el gobierno estatal. El miedo a que funcionarios estatales ordenen asesinarlos por lo que investigan o escriben ha obligado a una decena de periodistas a abandonar el estado, mientras afirman que el terror también paraliza la cobertura periodística a quienes permanecen en Veracruz. Numerosos reporteros que aún trabajan en el estado confirmaron al CPJ que la situación es así.
La información que funcionarios federales proporcionaron al CPJ sobre evidencia clave en el asesinato de más repercusión de un periodista, el caso de Regina Martínez Pérez, una apreciada corresponsal de la respetada revista nacional Proceso, sólo sirve para infundir más temor. Parecería como si el estado de Veracruz estuviera fabricando la investigación de un asesinato buscando un chivo expiatorio para su esclarecimiento, mientras los culpables se salen con la suya. Y éste es un caso donde los periodistas señalan que políticos de alto rango son los que más se favorecerían con la muerte de la reportera.
De acuerdo a los funcionarios federales, el individuo que supuestamente confesó haber matado a Martínez según la procuraduría general del estado aseguró en su primera aparición ante un juez que había sido torturado y su madre amenazada de muerte si no confesaba. El sujeto, Jorge Hernández Silva, retractó su confesión, según los funcionarios federales. Periodistas en Veracruz confirmaron la versión. Su testimonio en los tribunales se produjo el miércoles.
La procuraduría general del estado no respondió los pedidos del CPJ para efectuar comentarios. Si la confesión no fuera válida, entonces quedaría poco en una causa en la que el estado ha sido dura y repetidamente acusado de mentir, ocultar la verdad y esconder evidencia por periodistas locales, la revista Proceso e incluso funcionarios federales.
Cuando se anunció la detención de Hernández el martes en una “conferencia de prensa” donde no se permitieron preguntas, el procurador general se basó principalmente en la confesión como evidencia en su contra. Se indicó que el robo había sido el motivo. No hubo mención de ninguna correspondencia entre las huellas dactilares, muestras de sangre o de ADN tomadas de la escena del crimen con Hernández, o un supuesto cómplice quien no fue detenido. De hecho, las autoridades federales cercanas a la investigación señalaron al CPJ que ninguna de las muestras se corresponde con la base de datos de criminales a nivel nacional. Esto es algo que podría descartar a Hernández y su supuesto cómplice como sospechosos, ya que el estado asegura que tienen vastos antecedentes criminales.
Regina Martínez se mantuvo distante de otros reporteros en Veracruz. Para empezar, distinto de los otros ocho periodistas asesinados en el estado en los últimos dos años, Martínez no cubría la fuente de crimen. Regina era la corresponsal de Proceso en el estado y cubría política y corrupción. Era líder en esa materia, según el reconocimiento de otros colegas. Veracruz es uno de los estados más grandes y más poblados de México y, según el consenso general, uno de los más corruptos a nivel político. Y ese es un logro difícil de conseguir. La fuente de Martínez era por demás complicada en un estado con mala reputación. Sólo un ejemplo para ilustrarlo: el diario Milenio publicó una encuesta reciente sobre el número de personas no identificadas enterradas en fosas comunes por autoridades estatales en los últimos seis años. Veracruz ocupó el primer lugar en el país, con poco más de 5 mil cuerpos sin identificar y sin nadie que pueda reclamar por ellos. Esa es una imagen de Veracruz. Al principio, el estado se rehusó a facilitar el número de muertos enterrados en fosas comunes alegando que era violatorio del derecho a la privacidad de los cuerpos no identificados. Esa es una imagen del gobierno de Veracruz.
Martínez fue asesinada el 28 de abril, estrangulada en el baño de su casa, luego de que investigadores indicaran que fue sorprendida por su atacante o atacantes. Le robaron algunas pertenencias, incluyendo dos teléfonos celulares y un teléfono de pantalla plana. Pero otros elementos de valor no fueron robados, lo que hizo del robo una razón bastante menos clara.
De inmediato, su revista, Proceso, afirmó que no confiaba en ningún funcionario del estado, incluyendo al gobernador, para que iniciaran una investigación honesta. Bajo las cláusulas de la ley mexicana, a la revista se le permite participar por completo en la investigación. Proceso destinó a uno de sus principales reporteros a seguir todos los detalles. También se unió la fiscalía especial de atención de delitos contra la libertad de expresión. Al menos eso debería haber ocurrido. Proceso afirmó que tanto la revista como la fiscal especial fueron impedidos de acceso a importantes pasos en la investigación, se les mintió reiteradamente y se les dieron pistas falsas.
“Lo que está claro”, según indicó al CPJ Jorge Carrasco, el periodista de Proceso asignado al caso, “es que en ningún momento el estado consideró el trabajo de Regina como posible motivo del asesinato”. En otras palabras, si Regina fue asesinada para poner freno a una investigación sobre políticos corruptos, ese aspecto nunca iba a ser analizado por los investigadores.
La línea de investigación que condujo al arresto de Hernández, el individuo detenido, parece haberse manejado en total secreto por las autoridades estatales. Ni Proceso ni el gobierno federal fueron informados, lo que conduce a preguntarse si el estado tenía algo que ocultar.
En los primeros meses tras el asesinato, los funcionarios estatales comenzaron a filtrar a la prensa local que existía evidencia de que Martínez había sido asesinada por su amante. Eso es lo que rumoreaban, pero nunca mostraron alguna evidencia.
Ahora el estado indica que el motivo es robo.
Carrasco, hablando en nombre de la revista, aseguró: “No les creemos”.