Nueva York, 26 de may de 2009–Autoridades hallaron esta mañana el cuerpo de un periodista quien cubría la fuente policíaca en el norte de México luego de ser raptado de su casa el lunes por la noche, según informes en la prensa mexicana. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) instó hoy a las autoridades locales y federales a realizar una investigación exhaustiva y enjuiciar a los responsables.
Las autoridades encontraron el cuerpo de Eliseo Barrón Hernández, un reportero y fotógrafo del diario La Opinión de Torreón, en el municipio de Gómez Palacio, estado de Durango, donde residía, informó el diario Milenio. El subprocurador general del estado de Durango, Noel Díaz, indicó a la prensa que el cuerpo de Barrón fue hallado en una zanja con un balazo en la cabeza, según informó la agencia The Associated Press.
Cerca de las 8 p.m. del lunes, al menos ocho individuos armados y enmascarados irrumpieron en la propiedad de Barrón, golpearon al periodista y lo arrastraron por la fuerza hasta ingresarlo en un vehículo Nissan Tsuru, de color blanco, estacionado fuera de la casa, su esposa señaló a periodistas locales. No se volvió a escuchar sobre Barrón desde entonces.
Barrón, de 35 años, había cubierto la fuente policíaca durante una década para La Opinión, que está ubicado en el estado vecino de Coahuila, según el diario El Universal. En los días previos al secuestro, el periodista había cubierto un escándalo de corrupción en la policía de Torreón que culminó con el despido de 302 agentes de la fuerza y la investigación de otros 20, según Milenio.
Las autoridades locales no han hecho pública ninguna pista sobre la investigación o brindado razones por el secuestro y asesinato de Barrón. Las autoridades federales han atraído el caso, informó Milenio, si bien no está claro el motivo por el cual asumieron la investigación.
“Condenamos el brutal asesinado de Eliseo Barrón Hernández y enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos“, señaló Carlos Lauría, Coordinador Senior del Programa de las Américas del CPJ. “Instamos a los investigadores mexicanos a examinar en forma exhaustiva el trabajo informativo de Barrón sobre el crimen y la corrupción, hallar a los responsables y enjuiciarlos. Los periodistas deben poder informar sobre temas que afectan la vida diaria de los ciudadanos mexicanos. La salud de la democracia mexicana depende de la capacidad de los medios para poder informar con libertad”.
Cerca de las 5 p.m. en la tarde del 3 de mayo, cuatro individuos no identificados interceptaron a Carlos Ortega Samper, reportero del diario El Tiempo de Durango, radicado en Ciudad Durango, mientras manejaba a su casa en el pueblo de Santa María El Oro y lo balearon. En un artículo publicado el día antes al ataque, Ortega afirmó que había recibido amenazas de funcionarios locales en conexión con reportajes recientes. Las autoridades siguen investigando la muerte de Ortega pero no han hecho pública ninguna declaración sobre la indagación.
Según el informe anual del CPJ, Ataques a la prensa, México es uno de los lugares más peligrosos para periodistas en el mundo. Desde 2000, 25 periodistas han muerto, por lo menos ocho en represalia directa por su trabajo. Además, siete periodistas han desaparecido desde 2005. la mayoría investigaba crimen organizado y corrupción.
Según las investigaciones del CPJ, las autoridades locales y estatales mexicanas han sido ineficaces en su intento por resolver casos vinculados a la prensa, y en algunas ocasiones, han sido cómplices de los crímenes. En junio de 2008, una delegación del CPJ se reunión con el Presidente Felipe Calderón, quien expresó apoyo a una legislación que protegería la libertad de expresión. En abril, la Cámara de Diputados aprobó una medida la que impone penas a los crímenes contra “la actividad periodística”. La medida está atascada en el Senado.
“Los incesantes asesinatos de periodistas en México se han convertido en una amenaza directa no solamente contra la libertad de prensa sino también contra la viabilidad de las instituciones mexicanas”, declaró Joel Simon, Director ejecutivo del CPJ. “El Congreso debe tomar las medidas necesarias para proteger los derechos básicos de los ciudadanos mexicanos”.