Ataques a la Prensa en 2000: CUBA

CUBA

EN UN PAÍS CUYA CONSTITUCIÓN Y CÓDIGO PENAL explícitamente prohíben la libertad de prensa, los periodistas independientes continuaron enfrentando represión por parte del gobierno cubano el año pasado. Sin embargo, sus filas se han ido nutriendo continuamente y ahora suman alrededor de 20 las agencias de noticias independientes en el país. A principios del 2001, un periodista de singular valentía vio la parte de afuera de una cárcel por primera vez en dos años.

Jesús Joel Díaz Hernández fue puesto en libertad inesperadamente el 17 de enero del 2001. El director ejecutivo del servicio noticioso independiente Cooperativa Avileña de Periodistas Independientes comenzó a cumplir una sentencia de cuatro años en 1999 después de un juicio fraudulento con duración de un día en el que fue condenado por «peligrosidad social», un crimen desconocido fuera de Cuba.

En julio, los familiares de Díaz Hernández lograron extraer clandestinamente de la prisión muestras de orina que revelaron que el periodista estaba padeciendo de hepatitis. No obstante, las autoridades penales no le brindaron el tratamiento médico adecuado. Ese mismo mes, los guardias le confiscaron los libros a Díaz Hernández y les prohibieron a sus familiares que le trajeran más.

Justo después de la liberación, el CPJ le escribió al presidente Fidel Castro Ruz y mostró su beneplácito por la noticia, pero también recalcó que Díaz Hernández puede volver a la cárcel si vuelve a ejercer como periodista independiente. La carta asimismo manifestó que el CPJ no se hacía «ninguna ilusión con respecto a las medidas que su gobierno tomará para reprimir el periodismo independiente». También le hizo un llamado a Castro a que liberara a otros dos periodistas independientes, Manuel Antonio González Castellanos y Bernardo Arévalo Padrón, quienes fueron encarcelados por supuestamente incurrir en desacato hacia Castro.

Arévalo Padrón, fundador de la agencia noticiosa Línea Sur Press de la provincia de Cienfuegos, ha estado preso desde 1997. González Castellanos, corresponsal de la agencia noticiosa independiente CubaPress en la provincia oriental de Holguín, ha estado preso desde 1998. A ambos periodistas se les ha negado la asistencia médica y la libertad condicional.

Durante el 2000, la represión en contra de los periodistas independientes se intensificó en las provincias orientales, lejos del escrutinio de los medios de comunicación internacionales. Luis Alberto Rivera Leyva, director de la independiente Agencia de Prensa Libre Oriental (APLO), fue amenazado, detenido y en una oportunidad fue puesto bajo arresto domiciliario para evitar que cubriera el juicio de dos disidentes. Juan Carlos Garcell, corresponsal de APLO en Holguín, fue detenido por lo menos tres veces en agosto, un mes después de informar que los empleados en una compañía estatal de construcción se quejaban de sus condiciones laborales.

El gobierno también continuó restringiendo la libertad de movimiento de los periodistas independientes. A finales de noviembre, se le prohibió al reconocido periodista y escritor Raúl Rivero viajar a los Estados Unidos para la Feria Internacional del Libro de Miami. Aún así, Rivero, quien es el director de CubaPress, se dirigió a la feria por vía telefónica y a través de un video que fue filmado en La Habana días antes.

Aunque la tristemente famosa Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba no fue aplicada en el 2000, las autoridades sí la utilizaron para amenazar a los periodistas independientes. Aprobada en 1999, esta ley tipifica como delito el dar información al gobierno de los EE.UU. (ya sea directa o indirectamente), colaborar con medios extranjeros o poseer, reproducir o difundir documentos «subversivos».

Dos incidentes en agosto subrayaron aún más la determinación del gobierno de bloquear la colaboración entre los periodistas independientes cubanos y sus colegas extranjeros. El 17 de agosto, agentes de la seguridad del estado detuvieron a la periodista francesa Martine Jacot por más de una hora en el Aeropuerto Internacional de La Habana, cuando se disponía a regresar a Francia. Los agentes le confiscaron la cámara de video y dos cintas, además de documentos de investigación. Jacot había viajado a Cuba para reunirse con periodistas independientes como representante de la organización pro libertad de prensa Reporteros Sin Fronteras.

Casi dos semanas después, el gobierno detuvo y luego expulsó a los periodistas suecos Birger Thuresson, Peter Göetel y Helena Söederqvist, quienes habían participado en un seminario al que asistieron periodistas independientes locales.

El gobierno continuó restringiendo el acceso a la Internet conforme a un decreto impuesto en junio de 1996, cuatro meses antes que Cuba se conectara oficialmente a la Internet. Una comisión gubernamental decide qué individuos e instituciones tendrán acceso a la Internet. Hasta ahora, la comisión sólo ha otorgado conexiones a funcionarios del gobierno, investigadores académicos escogidos, diplomáticos, turistas y empresarios extranjeros.

A principios de septiembre, el gobierno autorizó al Dallas Morning News y al Chicago Tribune a abrir corresponsalías en La Habana, con lo cual se convirtieron en los primeros periódicos estadounidenses con permiso para estar en Cuba desde que The New York Times se retiró a principios de los años 60. Estos dos periódicos junto con CNN y The Associated Press son las únicas organizaciones noticiosas de Estados Unidos con corresponsalías permanentes en la isla. Si bien este acontecimiento tuvo una buena acogida, otros medios continúan siendo excluidos, particularmente The Miami Herald, a cuyos reporteros comúnmente se les niega la visa para entrar a Cuba. Mientras tanto, los cubanos comunes aún no tienen acceso a las noticias que los medios internacionales difunden acerca de su propio país.

El 4 de diciembre, un grupo de exiliados cubanos radicados en Madrid lanzaron el diario digital Encuentro en la red (www.cubaencuentro.com). El mismo grupo también publica la popular revista trimestral Encuentro de la cultura cubana. A principios del 2000, la prensa oficial atacó la revista y la acusó de ser un instrumento del gobierno estadounidense.