Nueva York, 18 de diciembre de 2013--Las autoridades argentinas deben liberar de inmediato a un editor que ha estado detenido durante más de una semana acusado de instigar a la sedición, afirmó hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Carlos Lauría/Coordinador Senior del Programa de las Américas
Por más de una década, tribunales y legislaturas en América Latina han establecido que las leyes civiles proporcionan una reparación suficiente para los casos de calumnia e injuria. Durante este período, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una entidad judicial autónoma que es parte del sistema de protección de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha adoptado decisiones claves en apoyo a la libertad de prensa, incluyendo un fallo que sentó jurisprudencia que eliminó la condena por difamación penal de un periodista de Costa Rica.
Ataques a la Prensa | Argentina
El conflicto entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los principales medios de comunicación se intensificó. Pese a un fallo de la Corte Suprema que ordenó un equilibrio razonable en la distribución de la publicidad oficial, el gobierno continuó negándoles anuncios oficiales a los medios críticos de su gestión, mientras no escatimaba avisos en los medios que le brindaban una cobertura informativa favorable, de acuerdo con un informe especial del CPJ. Tanto la Corte Suprema como un tribunal de apelaciones federal le aplicaron una multa al ejecutivo por incumplir el fallo, pero éste no mostró ninguna señal de que lo acataría. El gobierno continuó con la práctica de atacar e insultar a periodistas y ejecutivos vinculados a las dos principales empresas de medios del país, Clarín y La Nación, a veces mediante campañas de descrédito en programas de la televisión pública. A su vez, esos grupos de medios criticaron incesantemente al gobierno. Como resultado, se creó un clima de gran polarización, donde los medios dedican considerables espacios a descalificarse el uno al otro, y los ciudadanos quedan privados de fuentes informativas objetivas sobre asuntos vitales de interés público.
Do you believe the free flow of information must be protected? Sign the #RightToReport petition and demand that President Obama immediately:
1. Issue a presidential policy directive prohibiting the hacking and surveillance of journalists and media organizations.
2. Limit aggressive prosecutions that ensnare journalists and intimidate whistleblowers.
3. Prevent the harassment of journalists at the U.S. border.
Or click here to see the full petition, and join leading journalists like Christiane Amanpour, The Guardian’s Alan Rusbridger, Editor of the AP Kathleen Carroll, and Arianna Huffington in signing on.
