Durante décadas, Costa Rica fue presentada como la excepción democrática de Centroamérica: un país sin ejército, con instituciones democráticas sólidas y una prensa capaz de fiscalizar al poder sin enfrentar represalias sistemáticas.
Esa reputación está ahora a prueba mientras Costa Rica se encamina hacia elecciones presidenciales que culminarán en una primera vuelta el 1 de febrero y que podrían extenderse a una segunda vuelta en abril. La contienda es vista ampliamente como una prueba de si el país corregirá el rumbo y reafirmará su identidad democrática, o si profundizará tendencias recientes de gobernanza populista y debilitamiento institucional.
El presidente populista Rodrigo Chaves, del Partido Progreso Social Democrático, está constitucionalmente impedido de buscar la reelección inmediata. Sin embargo, la candidata de su partido, Laura Fernández, y fuerzas políticas aliadas buscan retener el control del Poder Ejecutivo e incrementar su representación legislativa, mientras que candidatos de oposición han prometido restablecer el acceso a la información y reducir las tensiones con la prensa. Según la encuesta más reciente, Fernández se perfila como ganadora en la primera vuelta.
Desde el inicio de su mandato, Chaves ha hecho de la confrontación con la prensa un rasgo central de su estrategia política. Ataques públicos contra periodistas, denuncias reiteradas contra medios críticos, restricciones al acceso a la información pública, el uso de instituciones estatales para presionar a empresas vinculadas a organizaciones de medios y el uso discrecional de la publicidad estatal han marcado un estilo de gobierno que, según defensores de la libertad de prensa, ha ido estrechando de forma constante el espacio para el periodismo independiente.
Lo que está en juego va mucho más allá de Costa Rica. Durante años, la relativa fortaleza institucional del país lo convirtió en un refugio clave para periodistas forzados al exilio desde distintos puntos de Centroamérica, donde los medios independientes han sido criminalizados, cerrados o empujados a la clandestinidad. Esa sensación de seguridad ha comenzado a erosionarse. El aumento de la inseguridad ha hecho que Costa Rica sea un país menos seguro, en particular para periodistas exiliados de Nicaragua que siguen siendo públicamente visibles o continúan investigando a actores poderosos, lo que añade nuevos riesgos a una situación ya frágil.
Defensores de la libertad de prensa advierten que la convergencia entre el aumento de la inseguridad, una hostilidad política sostenida hacia la prensa y el debilitamiento de las protecciones institucionales están reduciendo el espacio para el periodismo dentro de Costa Rica, al tiempo que socava su papel como refugio regional. Estas presiones se desarrollan en un contexto más amplio de erosión democrática y de reducción del apoyo internacional, ya que los recortes a los fondos destinados a la democracia y la sociedad civil han dejado a periodistas, medios independientes y organismos de control más expuestos a presiones políticas y económicas.
CPJ conversó con Yanancy Noguera, presidenta del Colegio de Periodistas de Costa Rica, sobre cómo estas dinámicas se han desarrollado en los últimos cuatro años, cómo están influyendo en la cobertura electoral y cuáles podrían ser sus implicaciones a largo plazo para la libertad de prensa y la rendición de cuentas democrática.
CPJ envió un correo electrónico a la Presidencia de Costa Rica solicitando comentarios.
La entrevista se realizó en español y fue editada por motivos de claridad y extensión
Costa Rica ha sido históricamente considerada un referente democrático. En los últimos cuatro años, ¿qué cambios concretos has observado en el entorno para la libertad de prensa?
Los cambios casi todos tienen que ver con la forma en que la prensa y las organizaciones relacionadas han tenido que enfrentar mecanismos absolutamente ilegales, irregulares, inmorales, antiéticos e incorrectos aplicados por esta administración hacia la prensa independiente.
Esto tiene que ver, en primer lugar, con un presidente que durante la campaña fue muy cuestionado por la prensa, ya que, viniendo de un organismo internacional y postulándose a la Presidencia de la República, había tenido un caso de acoso sexual en el Banco Mundial. Cuando eso se denunció, él lo negó sin aportar evidencia y sostuvo que se trataba de ataques de la prensa.
Durante la campaña se acuñó el término “prensa canalla”, que no es de su autoría, sino que fue inspirado por una figura política que hoy es candidata a diputación y que durante años se ha dedicado a denigrar a periodistas. Una vez electo, el presidente implementó un guión continuo de ataques personales a periodistas y medios, descalificación pública y obstáculos al trabajo periodístico.
Posteriormente comenzó a adoptar acciones administrativas, utilizando instituciones del Estado, como el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda, para cerrar organizaciones vinculadas a medios de comunicación y para presionar a propietarios de medios.
En este periodo electoral, que finaliza a inicios de febrero, ¿cuáles son hoy las amenazas más relevantes para el periodismo y cómo se están manifestando en la cobertura de candidatos y actores de poder?
En este momento hay 20 partidos en contienda para la candidatura presidencial. De esos 20 partidos, solo dos no tienen un discurso respetuoso hacia la prensa. Los otros 18 sí lo tienen. Esto no significa que no discrepen de publicaciones específicas, pero se mantienen dentro de la normalidad de la relación entre prensa y poder político.
El partido oficialista mantiene el mismo discurso agresivo que ha sostenido durante el gobierno, acompañado de la negación de información. El otro partido es un aliado del oficialismo en la Asamblea Legislativa; es un partido de corte evangélico, dirigido por Fabricio Alvarado, que lamentablemente es periodista. Ha existido una alianza constante entre ambos partidos, que también se ha manifestado durante la campaña electoral. Esto incluye ofrecimientos a pastores evangélicos para ocupar diputaciones o cargos en una eventual continuidad del oficialismo en el poder, de acuerdo con el discurso que han planteado.
Has mencionado la estigmatización y el descrédito hacia la prensa, como el uso del término “prensa canalla”. ¿Cómo funciona este patrón recurrente de estigmatización?
Las conferencias de prensa de los miércoles funcionan como montajes con guiones previamente definidos. Siguen una lógica similar a la de otros gobiernos de América Latina. En estas actividades, los influencers invitados como periodistas son los primeros en preguntar y formulan preguntas alineadas con el guión establecido para desarmar publicaciones de medios independientes o temas que están siendo discutidos en el país.
El presidente suele estar acompañado por el ministro o funcionaria vinculada al tema que se va a tratar, y se establecen diálogos preparados para descalificar medios y periodistas específicos. Se afirma que ciertas publicaciones son falsas, que determinados medios no son independientes y se ataca directamente a periodistas, estén presentes o no.
Un caso particularmente evidente ocurrió al inicio del periodo electoral, cuando entró en vigencia la prohibición de publicidad gubernamental. Ese mismo día, todas las instituciones del Poder Ejecutivo publicaron simultáneamente una pieza gráfica con el mensaje “Cayó la mordaza”. El presidente había venido confrontando al Tribunal Supremo de Elecciones, acusándolo de imponerle una “mordaza”. A pesar de las advertencias legales, el Ejecutivo ignoró las restricciones y trató las sanciones como un costo menor.
Costa Rica tiene una democracia institucional fuerte. ¿Qué tan eficaz ha sido la respuesta institucional frente a agresiones, acoso digital o el uso de demandas como mecanismo de presión contra periodistas?
La Sala Constitucional ha sido fundamental con sus fallos (incluidos fallos relacionados con las restricciones a la publicidad estatal y con casos que implicaron el cierre de una fuente de ingresos de un medio de comunicación). Sin embargo, la democracia costarricense no estaba preparada para enfrentar este nivel de irresponsabilidad por parte del Poder Ejecutivo.
El sistema de contrapesos estaba diseñado para que, ante una advertencia del Poder Judicial, la Asamblea Legislativa o la Contraloría, el Ejecutivo eventualmente acatara las resoluciones. En este caso, no solo no se acatan, sino que se desacreditan públicamente, se niegan los hechos y se construyen narrativas falsas para desinformar a la ciudadanía.
Existe un uso cínico de la institucionalidad, aprovechando la inmunidad y las protecciones legales que tienen los funcionarios públicos. Esto ha generado un daño profundo a la democracia, porque demuestra que cuando no hay un mínimo de decencia democrática, la legalidad pierde eficacia.
Has mencionado el uso de la posverdad, la desinformación y la acusación de “fake news” para erosionar la credibilidad del periodismo crítico. ¿Cómo se están utilizando estos mecanismos?
El gobierno ha desarrollado múltiples formas de descalificación. Van desde ataques verbales directos en las actividades de los miércoles, donde se ridiculiza públicamente a periodistas, estén presentes o no, hasta montajes más elaborados.
También se han construido discursos completamente falsos, sin ningún elemento real, pero presentados de forma convincente para audiencias que desconfían de la prensa o no conocen los hechos. Se trata de un manejo sofisticado de la post verdad, altamente nocivo para el flujo de información que permite a la ciudadanía tomar decisiones informadas.
El discurso de que “no los dejan trabajar”, de que la Asamblea Legislativa bloquea al Ejecutivo y de que se necesita una mayoría calificada de 40 diputados para “hacer avanzar el país”, ha sido sostenido durante todo el proceso electoral. Este discurso ha estado acompañado por la idea de que el presidente “va a volver”, pese a que la reelección consecutiva no está permitida, preparando así las bases para un eventual regreso.
Si estas dinámicas se profundizan y avanza este proyecto de corte autoritario, ¿qué implicaciones tendría para el escrutinio del poder y la libertad de prensa en Costa Rica?
Podría producirse un daño en gran medida irreparable si se consolida el continuismo, especialmente si este discurso se materializa en acciones concretas dependiendo del número de diputaciones que logren obtener.
Ya se observa un deterioro importante en áreas como educación, salud e infraestructura como resultado de la gestión de estos cuatro años. La violencia y la inseguridad han alcanzado niveles inéditos en el país, sin que existan políticas eficaces para contenerlas. La desconfianza dejará de ser abstracta y se manifestará en la vida cotidiana, en la convivencia social, en la participación comunitaria y en el ejercicio ciudadano.
Cuatro años más de este contexto provocarían un desgaste enorme. No veo surgiendo nuevos medios independientes en Costa Rica en los próximos años. Emprender un proyecto periodístico independiente implica enfrentar la ausencia de pauta estatal, la falta de disposición de la audiencia a pagar por información y un entorno hostil permanente.
En el mejor de los casos, la prensa entraría en un estado de congelamiento. En el peor, muchos medios no podrán sostenerse y muchos periodistas optarán por abandonar el oficio. Esto afecta especialmente a periodistas jóvenes que podrían no estar dispuestos a soportar un entorno de hostigamiento constante.
¿Por qué debería importarle a la comunidad internacional y cómo puede ayudar?
Costa Rica nunca fue un país prioritario para el apoyo internacional a la prensa, y durante muchos años eso tuvo sentido. Hoy empieza a aparecer un poco más en algunos espacios, en parte porque el país alberga a una comunidad importante de periodistas nicaragüenses en el exilio. Sin embargo, los fondos internacionales para el periodismo han disminuido y, aún así, Costa Rica no suele ser considerada una prioridad frente a países donde los riesgos son físicos o de vida.
Las advertencias internacionales por sí solas tienen un impacto limitado cuando los gobiernos carecen de voluntad para escuchar y desacreditan a las organizaciones que emiten alertas. Sin mecanismos adicionales de presión, como vincular el financiamiento internacional al cumplimiento de estándares democráticos, estas advertencias difícilmente logran generar cambios.
Por eso, creo que una de las cosas más importantes es la solidaridad. Que los periodistas y la prensa costarricense sepan que no están solos. La solidaridad, expresada de distintas maneras, puede ser muy valiosa en este contexto.También es importante fortalecer el diálogo entre medios y periodistas, y no caer en la trampa que el propio gobierno ha promovido de dividir entre “prensa buena” y “prensa mala”. Etiquetarnos o desconfiar entre nosotros mismos debilita al periodismo en su conjunto.