El líder rebelde colombiano buscado por las autoridades Aníbal Hernández Garavito estaba furioso cuando llamó al programa de radio local “Es el colomo” a las 5:48 a.m. del 14 de marzo de 2025. Con la voz alzada, Hernández arremetió contra la cobertura crítica de la emisora sobre su grupo guerrillero, pero el presentador del programa Gustavo Chicangana Álvarez se negó a dejarse intimidar.
Hernández, quien tenía una recompensa de 13.000 dólares sobre su cabeza por matar soldados del ejército colombiano, afirmaba que sus hombres armados eran una fuerza para el progreso. Sin embargo, Chicangana lo confrontó. Hablando en nombre de las víctimas del grupo rebelde, el periodista interrogó a Hernández sobre los presuntos crímenes del grupo, como el narcotráfico, los secuestros y el reclutamiento de menores, que han sumido al departamento del Guaviare, en el sur de Colombia, en la violencia.
“La gente quiere saber por qué están extorsionando a campesinos y empresarios”, declaró Chicangana durante la conversación de 20 minutos. “Se sienten ahogados por esas demandas de pagos”.
Durante los días siguientes, Chicangana, veterano director de noticias de Caracol Radio Guaviare, con sede en la capital departamental de San José del Guaviare, dejó atrás el acalorado intercambio y pasó a otras historias. Pero según fuentes de la fiscalía general colombiana, el interrogatorio crítico de Chicangana había enfurecido a los guerrilleros al punto de que marcaron de muerte al periodista.
Escapando de la muerte: ‘Este tipo apareció de repente’
El grupo rebelde de Hernández, llamado Bloque Jorge Suárez Briceño, había “celebrado una reunión y decidido asesinar al periodista”, dijo a CPJ bajo condición de anonimato un investigador del gobierno no autorizado a hablar públicamente.
La noche del 5 de julio, Chicangana y su esposa, Ana Milena Torres, salían de su casa en San José del Guaviare cuando fueron confrontados por un hombre con un revólver. El hombre, posteriormente identificado por las autoridades como Wilmer Perea, disparó una serie de tiros a quemarropa contra ellos.
“Caí al piso y me puse las manos sobre la cara”, recordó Chicangana, con dolor aflorando en sus ojos. “Estaba tratando de alejarme de las balas, de alejarme de la muerte”.
Torres fue rozada en el mentón mientras que Chicangana fue alcanzado por cuatro balas. Sus heridas fueron tan graves que fue evacuado a un hospital en la capital colombiana de Bogotá —un viaje terrestre de nueve horas con escolta policial— donde se sometió a una cirugía de emergencia que le salvó la vida.
El tiroteo trajo atención nacional a los crecientes peligros que enfrentan los reporteros que trabajan en las áreas más remotas de Colombia. El 19 de noviembre, Chicangana fue nombrado “Periodista al Año” en la ceremonia del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar.
Al otorgarle el premio a Chicangana, el jurado dijo que su “lucha por continuar reportando las noticias en medio de tantas amenazas simboliza el coraje, la resistencia y la tenacidad de los periodistas regionales en toda Colombia”.
Sin embargo, en algunas regiones, Chicangana advirtió que la violencia, la inestabilidad y la falta de recursos y apoyo están empujando a algunos periodistas a abandonar por completo la profesión.
Combatientes guerrilleros siguiendo los pasos de las FARC
La seguridad para los periodistas —y la población colombiana en general— mejoró tras un tratado de paz de 2016 que desarmó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el grupo guerrillero más grande del país, conocido como las FARC, que había estado luchando desde la década de 1960.
Pero durante los últimos cinco años, miles de ex guerrilleros se sintieron frustrados con los acuerdos de paz, se rearmaron y emprendieron una campaña de reclutamiento, formando los llamados grupos disidentes de las FARC como el que ordenó el ataque contra Chicangana. En lugar de intentar derrocar al gobierno, estos grupos luchan principalmente entre sí por las ganancias del narcotráfico, la minería ilegal de oro, la extorsión y otras empresas criminales.
La inteligencia militar colombiana estimó que estas milicias ilegales ahora tienen más de 25.000 combatientes, según un informe del periódico El Tiempo de Bogotá. Las milicias operan principalmente en áreas rurales y pueblos pequeños donde la presencia de policía y tropas del ejército puede ser esporádica, dejando a los periodistas especialmente vulnerables. Además, los trabajadores de medios enfrentan amenazas de políticos corruptos y empresarios sin escrúpulos que a menudo se oponen al periodismo fiscalizador.
Según la base de datos de CPJ, siete de los ocho periodistas asesinados en Colombia durante los últimos cinco años cubrían noticias locales en ciudades pequeñas, pueblos o áreas rurales, aunque no quedó claro quién ordenó tales asesinatos.
Una investigación publicada el mes pasado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) con sede en Bogotá encontró que la violencia contra periodistas regionales se ha intensificado, mientras que las constantes amenazas de grupos armados, políticos y empresarios han llevado a una autocensura generalizada.
En su examen de 34 municipios colombianos, FLIP encontró que el 24% de los medios de comunicación habían recibido amenazas y que el 41% evitaba cubrir temas sensibles por temor a represalias. Como resultado, dice el informe, en muchas salas de redacción de pueblos pequeños “el silencio habla más fuerte que las palabras”.
Una voz nacida para reportar la verdad
Chicangana, de 62 años, creció en el departamento central de Huila donde, de niño, imitaba a los narradores deportivos que comentaban partidos de fútbol en la radio. Trabajó en varias emisoras regionales de Colombia antes de mudarse al Guaviare, donde conoció y se casó con Torres. Ella recuerda haber quedado impresionada por el barítono melifluo de Chicangana que era natural para la radio.
“Me enamoré de su voz”, dijo a CPJ.
En 2003, Chicangana se incorporó a Caracol Radio Guaviare, uno de los pocos medios de comunicación que operan en el departamento del Guaviare.
“Caracol ha sido, por mucho, la emisora más agresiva en denunciar abusos por parte de los grupos armados”, dijo a CPJ Juan Pablo Ramírez, un delegado gubernamental de derechos humanos en Guaviare. “Pero eso ha dejado a sus periodistas expuestos a amenazas, y no solo Gustavo sino todo su equipo”.
La directora de la emisora y cofundadora Erika Londoño y el reportero Camilo Ramírez han recibido tantas amenazasque, junto con Chicangana, les han asignado guardaespaldas y vehículos por parte de la Unidad Nacional de Protección del gobierno colombiano.
“A medida que nuestra audiencia ha crecido, también lo han hecho las amenazas”, dijo Londoño a CPJ mientras los guardaespaldas montaban guardia afuera del edificio de la estación de radio en San José del Guaviare. “La situación de seguridad está peor que nunca”.
Londoño explicó que los guerrilleros de las FARC ya extintas, que solían controlar gran parte del campo, eran políticamente astutos, cortejaban a los periodistas para asegurar cobertura positiva, e incluso tenían un portavoz de prensa designado. Pero el grupo actual de grupos armados ilegales adopta un enfoque más agresivo en su intento de controlar lo que reportan los periodistas y a menudo amenazan a quienes investigan sus crímenes.
“Me han amenazado seis veces en los últimos cinco años”, dijo Camilo Ramírez a CPJ en una entrevista en el asiento trasero de su SUV proporcionado por el gobierno.
Aunque la investigación de CPJ muestra que la gran mayoría de los asesinatos de periodistas en Colombia han quedado sin resolver y sin castigo, los investigadores dicen que están progresando en el caso Chicangana.
El investigador de la Fiscalía General dijo a CPJ que el ataque fue ordenado por una facción rebelde liderada por Alexander Díaz, un ex guerrillero de las FARC que permanece escondido. El grupo pagó 2 millones de pesos colombianos (aproximadamente 528 dólares) a Manuel Canturi y Alberto Araujo, colaboradores rebeldes en San José del Guaviare, quienes a su vez contrataron a Perea, el pistolero, para matar a Chicangana. Los tres hombres han sido arrestados.
“Ha habido pasos de gigante en la investigación”, dijo Chicangana.
En agosto, Hernández, el rebelde que discutió con Chicangana al aire, fue abatido a tiros por un francotirador del ejército colombiano.
‘La radio está en mi sangre’
Chicangana todavía tiene una bala alojada en su cuello y otra cerca de su columna vertebral porque los médicos dijeron que sería demasiado arriesgado removerlas. Los fisioterapeutas están ayudando a Chicangana a recuperar el uso de su brazo derecho, que también fue perforado por una bala, y está viendo a un psicólogo para lidiar con pesadillas recurrentes sobre el ataque.
Cuando Chicangana recibió su premio de “Periodista del Año”, su brazo estaba en un cabestrillo, lo que le dificultaba estrechar la mano de los miembros del jurado y recoger su medallón y diploma.
Torres, quien está tomando analgésicos por su herida en el mentón, llevaba puesto un casco de motocicleta en el momento del ataque, lo cual ella cree que pudo haber desviado las balas y salvado su vida.
“Es un milagro que ambos sigamos vivos”, dijo Torres a CPJ durante un descanso de su trabajo como fisioterapeuta en San José del Guaviare.
Ahora, la pareja debe decidir qué hacer a continuación. Declarando que “la radio está en mi sangre”, Chicangana quiere volver al trabajo. Pero aún no ha regresado a San José del Guaviare porque todavía puede ser demasiado peligroso.
Para evitar provocar más amenazas y ataques, Caracol Radio Guaviare ha reducido su cobertura sobre el reclutamiento de menores, la extorsión y otros crímenes rebeldes. Debido a los riesgos, el reportero Camilo Ramírez dice que ya no se aventura al campo a buscar historias. Y es extremadamente cuidadoso con su lenguaje al aire.
“Cambias palabras”, dice Ramírez. “En lugar de llamarlos ‘criminales’ y ‘delincuentes’, te refieres a ellos al aire como ‘grupos irregulares'”.
En cuanto a la polémica entrevista de 20 minutos con Hernández que casi llevó a su muerte, Chicangana tiene sentimientos encontrados. Aunque fue una exclusiva periodística, cree que fue un error darle tanto tiempo al aire a un criminal buscado.
“Estos grupos quieren usarnos”, dice Chicangana. “Pero no debemos convertirnos en megáfonos para criminales”.
Nota del editor: El corresponsal de CPJ en los Andes, John Otis, sirvió en el jurado que otorgó a Chicangana el premio de “Periodista al Año” en Colombia.