São Paulo, 22 de diciembre de 2025—El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) insta a las autoridades peruanas a llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente sobre los ataques contra los periodistas Mitzar Castillejos Tenazoa, quien recibió un disparo a quemarropa el 12 de diciembre, y Anthony Rodríguez Rumiche, cuyo vehículo fue baleado al menos 20 veces frente a su domicilio el 19 de diciembre.
Tenazoa, conductor de Radio Latín Plus y director de Bato a Informarte Noticias en la ciudad de Aguaytía, en la Amazonía peruana, fue atacado a tiros mientras se dirigía a su emisora. Fue trasladado a un hospital en Tingo María y, el 17 de diciembre, llevado al Hospital María Auxiliadora en Lima debido al deterioro de su estado de salud. Según un parte médico del Ministerio de Salud, revisado por el CPJ, “actualmente permanece en estado crítico, con pronóstico reservado y bajo monitoreo constante”.
En la noche del 19 de diciembre, el carro de Anthony Rodríguez Rumiche fue atacado a balazos frente a su casa en el Callao, una provincia vecina a Lima, por tres individuos no identificados que viajaban en dos motocicletas. Rumiche, reportero del medio digital Prensa Callao TV, publicó un video en el que vinculó el ataque con su labor periodística investigando presuntos casos de corrupción contra el exgobernador del Callao, Ciro Castillo, un fugitivo de la justicia.
“Tras el asesinato de tres periodistas en 2025, los recientes ataques contra Mitzar Castillejos Tenazoa y Anthony Rodríguez Rumiche subrayan el grave deterioro de la libertad de prensa en el Perú”, dijo Cristina Zahar, coordinadora del programa de América Latina del CPJ. “Es inaceptable que las autoridades peruanas hayan fallado continuamente en garantizar la seguridad de los periodistas, impidiéndoles realizar su labor sin temor a violencia o represalias”.
Según reportes de prensa y un comunicado de la Asociación Nacional de Periodistas, la cobertura que realizaba Tenazoa sobre casos de corrupción de autoridades locales “refuerza la necesidad de investigar el ataque, considerando como prioridad su labor periodística”.
De acuerdo con un informe regional de Voces del Sur de 2024, funcionarios públicos estuvieron detrás del 85% de los ataques a la libertad de prensa en Perú.
El CPJ no recibió una respuesta inmediata de la Fiscalía tras enviar una consulta por ambas investigaciones.