Una ráfaga de balas esperaba al camarógrafo de ATB, Percy Suárez, y a otros seis periodistas cuando llegaron el 28 de octubre de 2021 al rancho Las Londras, en la provincia de Guarayos, Bolivia, a unos 852 kilómetros de la capital, La Paz. Los periodistas, transportados por una asociación local de agricultores, habían ido a cubrir un conflicto de tierras en el centro de un enfrentamiento violento entre propietarios y movimientos rurales, cuando hombres armados emboscaron su caravana y los tomaron como rehenes.
“Al que se movía lo pateaban, lo golpeaban con las culatas de los fusiles o lo amenazaban con prenderlo en fuego”, relató Suárez a CPJ sobre el incidente.
Los hombres —identificados como líderes de un movimiento rural progubernamental conocido como los “interculturales”— destrozaron sus teléfonos, confiscaron el equipo y obligaron a los periodistas a tenderse boca abajo sobre una carretera de grava abrasada por el sol. Pero Suárez —aferrado a su cámara, abollada y atravesada por una bala— no dejó de filmar. Casi cuatro años después, las imágenes virales son la única prueba con la que Suárez mantiene la esperanza de llevar a sus agresores ante la justicia en un caso que sigue paralizado.
Tras dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), marcadas por campañas de difamación y ataques públicos contra la prensa bajo el expresidente Evo Morales y su sucesor Luis Arce, el panorama político de Bolivia ha entrado en un nuevo capítulo con el triunfo del líder del Partido Demócrata Cristiano, Rodrigo Paz, en la segunda vuelta electoral del 19 de octubre, convirtiéndose en el primer mandatario ajeno al MAS en 20 años.
Mientras Paz hereda un país donde la impunidad frente a los ataques contra periodistas sigue siendo generalizada —incluidos los ataques de su propio vicepresidente hacia los medios de comunicación—, el presidente electo tiene la oportunidad de impulsar reformas institucionales y renovar el respeto por los valores democráticos. Sin embargo, durante una misión de investigación realizada por el CPJ en junio de 2025, defensores de la libertad de prensa expresaron un optimismo cauteloso y un creciente escepticismo sobre si la administración de Paz realmente cambiará la manera en que el poder trata a la prensa cuando asuma el cargo el 8 de noviembre.
Atrapados en el fuego cruzado
El ataque contra el periodista Percy Suárez no fue un incidente aislado. Los conflictos de tierras en el oriente bolivianohan estado latentes durante décadas, alimentados por el agronegocio y los cambios en las alianzas políticas, con los periodistas frecuentemente atrapados en el fuego cruzado.
El 3 de mayo de 2025, Ángela Ninoska Mamani, de Canal 35 Televisión Tunari, fue agredida mientras reportaba frente al cuartel militar de Cotapachi, en Quillacollo, cerca de Cochabamba, donde vecinos habían bloqueado una carretera en protesta contra los planes de depositar la basura de la ciudad en un terreno de su localidad.
Al mediodía, un grupo de unos 30 encapuchados contramanifestantes llegó al lugar y lanzó un violento ataque contra los protestantes. Luego fueron tras la prensa.
“Un hombre me pateó, otro me cortó la pierna con algo filoso”, contó Mamani al CPJ. Su hijo y camarógrafo, Dahan Joaquín Vedia, fue derribado al suelo y pateado repetidamente. “No paraban de gritar que éramos mentirosos, que estábamos en su contra”, añadió Vedia.
Cuando sus agresores se acercaron, Mamani reconoció al líder del grupo como el funcionario distrital Lucio Padilla y le suplicó que la ayudara como periodista. En cambio, Mamani dijo que Padilla ordenó a los atacantes golpearla con más fuerza. Los vecinos que intentaron auxiliarla también fueron agredidos.
El 4 de mayo de 2025, Mamani presentó una denuncia contra Padilla y reportó que sus atacantes robaron cámaras, micrófonos, su billetera y el teléfono de Vedia. Posteriormente, la policía la obligó a asistir a una audiencia de mediación con Padilla, en la que él negó todo y luego la amenazó con violarla si no retiraba el caso, según relató la periodista al CPJ.
“Querían que dejáramos de mostrar lo que estaba pasando”, dijo Mamani, “pero no puedo quedarme callada. Si nos callan a nosotros, callan a la comunidad.”
La impunidad como norma
Aunque los ataques contra Suárez y Mamani ocurrieron en contextos diferentes, ambos reflejan lo que defensores del periodismo califican como un patrón alarmante en el que la violencia contra los periodistas queda impune y los procesos judiciales se estancan hasta ser olvidados.
Suárez contaba con evidencia en video y múltiples testimonios; Mamani tenía varios testigos presenciales. Aun así, la justicia les ha resultado esquiva a ambos. Las audiencias fueron postergadas, los cargos reducidos y las autoridades bolivianas con frecuencia minimizaron los hechos como disputas aisladas, según contaron periodistas, abogados y organizaciones de libertad de prensa al CPJ.
“Los periodistas no queremos privilegios. Exigimos que se cumpla la ley, porque si se cumpliera, podríamos funcionar como una sociedad mínimamente madura”, dijo Jorge Medina Monasterio, presidente de la Asociación de Periodistas de Cochabamba.
Para los periodistas que esperaban que la protección de la ley les permitiera ejercer su trabajo, el dolor se agrava con el silencio que sigue a estos ataques. “Lo que más duele no son los golpes que recibimos, sino el abandono posterior. Solo algunas organizaciones siguen apoyándonos”, dijo Suárez al CPJ.
Siguen luchando por justicia
La fiscalía aún no ha fijado fecha para el juicio de Mamani, quien rechazó la mediación y decidió continuar con el proceso. Aunque cree que el caso puede enfrentar demoras, se mantiene firme en su decisión de buscar justicia. “Fui golpeada, humillada y robada, pero sigo de pie”, declaró al CPJ.
Suárez y sus colegas fueron liberados tras casi siete horas de cautiverio en el rancho, después de que un camarógrafo de otro medio lograra escapar y alertar a la prensa local. Magullado y conmocionado, Suárez fue recibido en su casa de Santa Cruz por su esposa, su hijo y un colega, pero no por nadie del canal ATB. “Me sentí abandonado por la televisora”, dijo.
Cuando las imágenes grabadas por Suárez se hicieron públicas en un reportaje, contradijeron la versión difundida por medios progubernamentales, en la que los colonos aparecían recibiendo al entonces director regional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, Adalberto Rojas, y elogiando el proceso de reforma agraria del gobierno.
Rojas negó tener vínculos con los colonos y declaró a los medios que no tenía conocimiento de los hechos de violencia ocurridos en el rancho.
El caso por la agresión contra Suárez se encuentra paralizado después de que dos de los sospechosos solicitaran que el proceso fuera trasladado a la jurisdicción indígena y fueran liberados bajo medidas cautelares, según una revisión del expediente judicial realizada por el CPJ. Tres de los atacantes de Suárez —Nicolás Ramírez Taboada, Martín Tejerina Villalobos y Heber Sixto Canaza Sacaca— fueron declarados prófugos.
La abogada de Suárez, Raquel Guerrero, dijo al CPJ que el caso ha cambiado de manos en múltiples ocasiones desde que se presentó en 2022, y que al menos dos fiscales y un investigador han sido reasignados.
“El objetivo es que haya una sentencia, sea favorable o no, para que este caso no quede en el olvido”, expresó Suárez, pero según Guerrero, las autoridades han bloqueado el proceso en repetidas ocasiones. Tras una audiencia celebrada el 9 de julio, explicó que ahora esperan que el Tribunal Constitucional decida si los dos agresores de Suárez serán juzgados en la justicia ordinaria o bajo la justicia indígena.
Tras anunciarse la suspensión del proceso, Suárez condenó la decisión en una entrevista con la televisora independiente RTP en julio.
“No me voy a rendir. Voy a seguir adelante”, dijo Suárez al CPJ. “El video que tengo, las imágenes, me dan la fuerza para continuar, y voy a mantenerme firme en esta lucha.”
El CPJ envió mensajes al Movimiento Intercultural, al Ministerio de Justicia y Transparencia, y al Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, pero no recibió respuesta.