São Paulo, 4 de octubre de 2024—El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) insta a la Fiscalía General de la Nación de Perú a cerrar de inmediato la causa por enriquecimiento ilícito contra la periodista investigativa Paola Ugaz y revocar la orden interpuesta ante su empresa telefónica para que entregara los registros telefónicos y datos de geolocalización de la periodista correspondientes al período 2013 a 2020.
El 26 de septiembre, Ugaz apeló para que se revocara una orden de agosto de 2023 sobre los registros de sus comunicaciones, la cual había sido dictada en el marco de un proceso por lavado de activos abierto contra ella en 2021 y cerrado en 2023 por la Fiscalía.
“El CPJ está muy preocupado por el hostigamiento judicial que Paola Ugaz ha sufrido durante años, desde que ella y Pedro Salinas comenzaron a investigar a una organización religiosa peruana en 2010”, declaró la coordinadora del Programa de Latinoamérica del CPJ, Cristina Zahar. “Revocar el secreto de sus comunicaciones es ilegal en virtud de la Constitución peruana, pues no solamente podría poner al descubierto sus fuentes periodísticas y sus datos personales, sino que también podría llevar a represalias contra ella”.
Ugaz ha sido blanco de varias denuncias penales desde que ella y Pedro Salinas escribieron el libro Mitad monjes, mitad soldados (2015), que denunció una serie de abusos sexuales, físicos y psicológicos dentro del Sodalicio de Vida Cristiana, una organización católica laica peruana.
Carlos Rivera, el abogado de Ugaz, declaró al CPJ en entrevista telefónica que los mismos hechos que se utilizaron en la causa penal por lavado de activos de 2021 se utilizaron en el proceso penal de 2023 por enriquecimiento ilícito. “Desde que venció el plazo de investigación de ocho meses de la Fiscalía, en enero de 2024, apelamos a un juzgado local para que lo terminara”, expresó Rivera, quien añadió que el juez lo había aceptado y le había ordenado a la Fiscalía que cerrara la investigación.
Sin embargo, según Rivera, la Fiscalía apeló y, además, solicitó levantar el secreto de las comunicaciones de Ugaz, sobre la base de una resolución judicial de agosto de 2023. “Esto realmente nos chocó porque no estábamos al tanto de eso”, señaló Rivera, quien el 26 de septiembre de 2024 apeló para revocar la resolución que levantaba el secreto de las comunicaciones de su cliente.
“Es una tragedia ser la primera periodista peruana a la que le levantan el secreto de sus comunicaciones con subterfugios legales, un trato que se le da a los jefes de organizaciones criminales”, declaró Ugaz.
Por correo electrónico, el CPJ solicitó una declaración a la Fiscalía General de la Nación, que en su respuesta se acogió a la reserva de la causa judicial.