Bogotá, 19 de octubre de 2022—Las autoridades colombianas deben investigar exhaustivamente el asesinato del periodista Rafael Emiro Moreno, esclarecer si fue asesinado por su trabajo informativo, y enjuiciar a los responsables, declaró este miércoles el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Cerca de las 7:10 p. m. del domingo 16 de octubre, en la norteña localidad de Montelíbano, dos sujetos a bordo de una motocicleta asesinaron a disparos a Moreno cuando se encontraba en un restaurante de comidas rápidas de su propiedad, según versiones de prensa y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), con sede en Bogotá.
Moreno era director del medio digital independiente Voces de Córdoba, que publicaba noticias sobre hechos locales en Facebook, y también era un reconocido líder comunitario que había recibido amenazas durante años por su cobertura informativa de la corrupción política y el narcotráfico, declaró al CPJ Jonathan Bock, director ejecutivo de la FLIP, por WhatsApp. La revista de noticias colombiana Cambio señaló que Moreno recientemente había investigado los vínculos entre la minería clandestina del oro y el poderoso grupo de narcotraficantes conocido como el Clan del Golfo.
La Unidad Nacional de Protección (UNP), una institución gubernamental, había asignado un escolta para la protección de Moreno y le había entregado al comunicador un chaleco antibalas y un botón de pánico de advertencia temprana, según Jhon Murillo, vocero de la UNP. Sin embargo, cerca del mediodía de ese domingo, Moreno, quien no creía que necesitara protección cuando trabajaba en el restaurante, le dijo al escolta que se tomara de descanso el resto del día, lo cual éste hizo, declaró Murillo.
“El brutal asesinato de Rafael Emiro Moreno claramente demuestra el mortal riesgo que enfrentan los periodistas más amenazados de Colombia”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ, desde Nueva York. “Las autoridades colombianas deben investigar el asesinato de Moreno y esclarecer si tuvo relación con su labor periodística, enjuiciar a los responsables y reformar con urgencia el programa de protección para garantizar que mantenga sanos y salvos a los comunicadores incorporados al programa”.
Murillo expresó que la UNP le había otorgado protección a Moreno durante los últimos seis años y que el periodista recientemente había solicitado un segundo escolta y un vehículo, porque con frecuencia quedaba desprotegido cuando su escolta terminaba su turno de trabajo. Sin embargo, según Murillo, la evaluación de la situación de seguridad de Moreno que la UNP realizaba, aún no había concluido al momento de su muerte.
El coronel Jhon Fredy Suárez, director de la Policía del norteño departamento de Córdoba, donde se sitúa Montelíbano, declaró a la emisora W Radio de Bogotá que desde 2019 Moreno había denunciado al menos 20 amenazas de muerte contra él y que la Policía investigaba su asesinato. La Fiscalía General de la Nación declaró que la Unidad Especial de Investigación había destinado un equipo para adelantar “actos urgentes” y actividades investigativas que permitan la identificación de los responsables del homicidio.
Bock, el director ejecutivo de la FLIP, declaró que era la primera vez que un periodista colombiano bajo protección gubernamental había sido asesinado.
El viernes 21 de octubre, Moreno debía participar en un panel en Bogotá sobre los peligros que enfrentan los periodistas regionales en Colombia, según Jaime Abello, director de la Fundación Gabo, organizadora del evento.