Por Attila Mong
En mayo, Diego Díaz Alonso, director del informativo español sin ánimo de lucro Nortes, se sorprendió al recibir una multa de 601 euros (611 dólares estadounidenses) en el buzón. En la carta se afirmaba que Díaz Alonso se había resistido a la policía y había obstruido a los servicios de emergencia que atendían a una persona sin hogar inconsciente en una calle de Gijón, en el norte de España, el verano pasado. Pero Díaz Alonso dijo al CPJ que estaba en la escena como periodista y no se resistió ni obstaculizó a nadie. Dijo que lo que provocó la ira de las autoridades y la multa fue su reportaje de julio de 2021 alegando una fuerza policial excesiva contra las personas sin hogar.
“No estaban contentos de tenerme como testigo incómodo de su comportamiento poco profesional”, dijo en una videollamada con el CPJ.
Según Díaz Alonso, la carta de la policía afirmaba que había violado la Ley de Protección de la Seguridad Pública. Esta ley fue introducida en 2015 por el gobierno conservador de España, que en ese momento estaba siendo acosado por las protestas contra la austeridad. Dicha ley otorga amplios poderes a la policía para garantizar el orden público. Los críticos, incluidas las organizaciones de derechos humanos, la apodaron la “ley mordaza”, alegando que las autoridades podrían abusar de ella para sofocar las protestas y sancionar la disidencia. La Plataforma por la Libertad de Información (PLI), una organización local e independiente de libertad de prensa, la considera una herramienta de “censura camuflada” para intimidar o tomar represalias contra periodistas que informan sobre acciones policiales multándolos.
El actual gobierno de España está dirigido por el Partido Socialista Obrero Español que criticó la ley cuando estaba en la oposición. En abril, el partido anunció que modificaría la ley. Sin embargo, los periodistas y defensores de la libertad de prensa que hablaron con el CPJ antes de la actual sesión parlamentaria que comenzó el 6 de septiembre, se mostraron escépticos sobre si se eliminarían las cláusulas más criticadas por los periodistas: las de desobediencia, falta de respeto o resistencia a la autoridad. El Congreso de los Diputados aún no ha fijado una fecha para el debate de estas reformas.
“No creo que pase nada”, dijo la fotoperiodista independiente Mireai Comas, quien apeló con éxito una sanción administrativa bajo esta ley. “Hemos estado tratando de revocar las cláusulas más problemáticas de la ley durante años, pero todos nuestros esfuerzos han sido en vano.”
En junio, el PLI, otras organizaciones de defensa de los derechos humanos y el fotógrafo ganador del Premio Pulitzer, Javier Bauluz, quien fue multado en virtud de la ley en 2020, discutieron la reforma de la ley con miembros del parlamento de diferentes partidos. La reunión “no fue positiva”, dijo la secretaria general del PLI, Yolanda Quintana, ya que los legisladores no se han comprometido a eliminar o reformar los artículos que según el PLI tienen un impacto directo sobre los periodistas. Una razón podría ser la influencia de los poderosos sindicatos policiales, que se oponen a las reformas de la “ley mordaza”, según fuentes informativas.
“La ley es un obstáculo para los periodistas que informan independientemente sobre la policía y que no quieren comprar su versión de los hechos”, dijo Díaz Alonso, quien se negó a pagar la multa y ha presentado una alegación. Díaz Alonso dijo que el testimonio de un trabajador de los servicios de emergencia así como un vídeo corroboran su versión de los acontecimientos, pero no está seguro de que esto ayudará en su caso si es que este pudiera ser presentado ante un tribunal administrativo. “Esta ley hace casi imposible hacer frente a la versión de la policía y refutar las palabras de un agente de la autoridad”, dijo.
“La versión de la policía es la supuesta verdad”, dijo Quintana al CPJ en un correo electrónico, explicando por qué muchos periodistas son reacios a contratar abogados caros para apelar las multas. “Si hacen sus cálculos, a menudo es mejor pagar la multa”, añadió.
Aunque el PLI no tiene registros sobre el número de periodistas multados bajo la ley, Quintana cree que muchos de los que cubren protestas han sido blanco de los artículos de la ley sobre desobediencia, falta de respeto o resistencia a la autoridad. Entre 2015 y 2020, la fecha más reciente de la que se dispone de estadísticas, las autoridades impusieron unas 397.083 multas en virtud de estos tres artículos, de un total de 1.155.727 “multas por la ley mordaza”, informó el periódico digital Público. El PLI ha calificado estos artículos como “los más dañinos” para la libertad de prensa porque encarnan “conceptos vagos” abiertos a la interpretación de las fuerzas de seguridad.
Comas dijo al CPJ por teléfono que se sentía “totalmente impotente” cuando en enero recibió una multa de 601 euros (611 dólares estadounidenses) por desobedecer a un policía en junio del 2021 en la ciudad catalana de Terrassa. Fue multada después de negarse a borrar una foto que tomó de un agente policial que participaba en un desalojo. Comas, que había sido absuelta de la acusación de agredir a un policía mientras informaba de un caso en 2020, sabía que debía mantener su cámara grabando durante el incidente. Esta grabación fue clave para convencer a un tribunal administrativo de que retirara la multa en febrero. Comas dijo que pagó más del doble de la multa (1.400 euros o US$1.394) en honorarios legales, los cuales fueron cubiertos por una organización de libertad de prensa.
Durante las audiencias del tribunal administrativo, Comas afirmó que se identificó como periodista durante el incidente y que su negativa a borrar la foto no violó la ley mordaza porque nunca publicó la foto. De acuerdo con una instrucción del Ministerio del Interior del 2018, publicar una fotografía que pueda poner en peligro la seguridad de un agente es ilegal, pero el simple hecho de tomar una fotografía de un agente no lo es.
Comas recalca que aquellos periodistas independientes que no cuentan con el respaldo de las organizaciones de prensa son especialmente vulnerables a las multas, lo que los lleva a la autocensura. “Los reporteros se asustan y prefieren no informar sobre la policía. Durante meses, yo también elegí no tomar fotos cuando la policía estaba presente. Simplemente no quería más problemas”, dijo.
En el caso de Bauluz, al que se le impusieron dos multas por un total de 1.060 euros (US$1.053) por una supuesta falta de respeto a la policía y por no identificarse como reportero cuando intentaba documentar las condiciones que describió como “inhumanas” en las que se encontraban los migrantes y refugiados en los muelles de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria, en noviembre de 2020. Bauluz dijo que normalmente la policía no permite que los periodistas se acerquen, pero él llegó a los muelles antes de que acordonaran el área y comenzó a tomar fotografías. Rápidamente, dijo, llegó un policía y le ordenó que se fuera, agarrándolo del brazo y acusándolo de insultarlo, según las grabaciones que Balauz publicó en Twitter. Según el ganador del Premio Pulitzer, el oficial también lo amenazó con una multa amparada en la ley de mordaza.
Balauz, que niega las alegaciones de la policía, dijo que no presentó alegaciones a las multas y que el importe de las mismas fue confiscado de su cuenta bancaria después de que se negara a pagarlas. Argumenta que la ley está siendo utilizada por la policía para evitar que se presenten informes sobre violaciones de los derechos humanos. Además, añade que la ley no es “democrática” porque la policía puede emitir multas sin tener que demostrar la culpabilidad de la persona multada. “La policía dice lo que les apetece decir, no necesitan probar nada, simplemente pueden imponer una multa”, dijo. “Trata a las personas como si fueran automóviles y motocicletas que no tienen derecho a la defensa”, dijo al CPJ.
El CPJ envió un correo electrónico al Ministerio del Interior de España, que supervisa a la policía, y un representante se negó a comentar los casos individuales de ambos periodistas, así como la reforma prevista debido a que la ley se encuentra en discusión parlamentaria actualmente.
Quintana, por su parte, enfatizó que la presión, especialmente por parte de las organizaciones internacionales de libertad de prensa, será crucial en las discusiones sobre las reformas. “La libertad de prensa es un derecho fundamental que solo puede ser limitado de manera excepcional”, dijo. “Estas cláusulas se han utilizado para impedir de manera desproporcionada y arbitraria que los periodistas informen al público.”