Ciudad de Guatemala, 14 de julio de 2022 — Las autoridades nicaragüenses deben liberar de inmediato a todos los trabajadores del diario La Prensa que han sido detenidos, abstenerse de iniciar una causa penal contra sus periodistas y cesar el hostigamiento de ese medio informativo, declaró este jueves el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El 6 de julio, agentes policiales detuvieron en Managua, la capital, a dos conductores de La Prensa y allanaron las viviendas de una reportera y un fotógrafo de ese medio informativo, según versiones noticiosas, un artículo publicado en La Prensa, y las declaraciones de Eduardo Enríquez, su editor jefe, quien conversó por vía telefónica con el CPJ.
El 8 de julio, un juez de Managua dictó 90 días de detención judicial para los conductores, para que las autoridades los investiguen en ese plazo, según el artículo de La Prensa. Enríquez declaró al CPJ que el periódico no ha divulgado la identidad de los conductores ni de los periodistas por motivos de seguridad.
Las autoridades no han dicho el motivo para detener a los conductores, y no han permitido que sus familiares y abogados los visiten en prisión, según las versiones citadas. La detención de ambos ocurrió poco después de que los conductores y los periodistas dieran cobertura a la expulsión del país de un grupo de monjas de la orden de Misioneras de la Caridad, organización caritativa cerrada recientemente por el Gobierno, según las versiones noticiosas.
“El Gobierno de Nicaragua vuelve a demostrar que no respeta el trabajo de los y las periodistas y que sencillamente quiere seguir hostigando y censurando a los medios”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ, desde la ciudad de Nueva York. “Las autoridades deben liberar de una vez a los conductores de La Prensa, cesar los allanamientos de viviendas de periodistas y permitir que los medios ejerzan el periodismo en libertad”.
De acuerdo con Enríquez, agentes policiales siguieron a uno de los conductores hasta su casa cuando terminó de trasladar al equipo periodístico de La Prensa que dio cobertura a la expulsión de las monjas. Las autoridades detuvieron al otro conductor horas después, mientras que agentes policiales allanaron las viviendas de la reportera y el fotógrafo cuando ellos se encontraban ausentes, señaló Enríquez.
El CPJ envió un correo electrónico a la Policía nicaragüense para obtener una declaración, pero no recibió respuesta.
El CPJ ha documentado las agresiones del Gobierno nicaragüense contra La Prensa, como la confiscación de insumos de tinta y papel periódico del medio informativo en 2019, un allanamiento policial y la toma de su redacción en 2021, y la condena del gerente general del periódico, Juan Lorenzo Holmann, por el delito de lavado de dinero este año.