Alberto Corzo, director ejecutivo del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, se dirigía a realizar una cobertura de prensa cuando dos hombres lo golpearon y le dislocaron la clavícula. (Foto cortesía del ICLEP).

Agreden al periodista independiente cubano Alberto Corzo después de que lo pararan agentes de la Seguridad del Estado

Miami, 8 de abril de 2022 – Las autoridades cubanas deben investigar exhaustivamente la reciente agresión contra el periodista Alberto Corzo y enjuiciar a los responsables, declaró este viernes el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

El 1 de abril, cerca de las 10 a.m., dos agentes del Departamento de Seguridad del Estado detuvieron a Corzo en la calle en el municipio de Colón, en la occidental provincia de Matanzas, y le exigieron que les dijera a dónde se dirigía y lo que estaba haciendo, declaró Corzo en un video publicado por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), organización que publica y distribuye siete periódicos comunitarios en la isla. Corzo es el director ejecutivo del ICLEP y se dirigía a una cobertura de prensa, según Normando Hernández, director general del ICLEP, quien conversó con el CPJ por aplicación de mensajería.

Corzo se negó a contestar las preguntas de los agentes y se alejó del lugar en un taxi, cuando se dio cuenta que dos sujetos en motocicleta lo seguían. En cuanto Corzo bajó del taxi, los dos sujetos no identificados, vestidos de civil, se acercaron a Corzo y le dieron puñetazos y patadas y lo dejaron tirado en el suelo, según un comunicado del ICLEP y versiones de prensa. Los sujetos no intercambiaron ninguna palabra con Corzo, ni se llevaron ninguna pertenencia suya, según las mismas fuentes.

“Estamos indignados por la brutal agresión contra el periodista cubano Alberto Corzo, que sospechosamente ocurrió minutos después de que se negara a dar información a la policía política cuando se dirigía a una cobertura de prensa”, declaró Ana Cristina Núñez, investigadora sénior del Programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ. “Las autoridades cubanas deben realizar una investigación independiente y transparente sobre la agresión y enjuiciar a los responsables”.

Un chofer que pasaba por el lugar vio a Corzo herido en el suelo y lo llevó al hospital Mario Muñoz Monroy, donde el personal médico no le pudo hacer un diagnóstico adecuado por falta de insumos médicos, declaró Corzo en el video

El hermano de Corzo lo trasladó al hospital Faustino Pérez, donde le diagnosticaron una luxación de la clavícula y quedó hospitalizado para tratar las lesiones, señaló Corzo. A Corzo le dieron el alta del hospital el 5 de abril.

Al salir del hospital, Corzo fue a la unidad de la policía local a presentar una denuncia, pero el oficial a cargo dijo que solamente podía tomar su declaración, afirmó Corzo en el video. “Acuso al régimen, a la dictadura y a la policía política de ser responsable por esta agresión que sufrí”, declaró el periodista.

Las autoridades cubanas han hostigado reiteradamente y de diversas maneras a los periodistas y periódicos de la red del ICLEP en represalia por su labor periodística independiente. Tal hostigamiento ha consistido en allanamientos, detenciones arbitrarias y otras formas de coacción. Corzo ha sido objeto de las tácticas intimidatorias de las autoridades cubanas, como los arrestos y los interrogatorios, como lo ha documentado el CPJ.

El 7 de diciembre del 2021, cerca de las 8:30 p. m., dos sujetos no identificados y enmascarados entraron a la fuerza a la vivienda de Mabel Páez, directora del periódico comunitario El Majadero de Artemisa, una de las siete publicaciones del ICLEP, y la agredieron, como el CPJ lo documentó. Se desconoce la identidad de los agresores y el ICLEP no conoce de ninguna diligencia realizada por las autoridades para investigar el incidente, Hernández declaró al CPJ.

“Este es el modus operandi que acostumbra hacer la policía política en Cuba, para emedrentar a las personas que ejercen la libertad de prensa”, Hernández declaró al CPJ, refiriéndose a los casos de Corzo y Páez.

El CPJ envió un correo electrónico a la Policía Nacional Revolucionaria y al Ministerio del Interior para obtener una declaración, pero no recibió respuesta.