Ciudad de Guatemala, 19 de mayo de 2021 – El presidente guatemalteco Alejandro Giammattei debe rechazar una propuesta de ley que otorga al Gobierno un amplio control sobre las finanzas y las actividades de las organizaciones no gubernamentales (ONG), entre ellas los medios de prensa sin fines de lucro y las organizaciones defensoras de la libertad de prensa, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El 12 de mayo, magistrados recién electos de la Corte Constitucional (CC) guatemalteca revocaron varios amparos concedidos en marzo de 2020 por los anteriores magistrados de la CC, los cuales había impedido la entrada en vigor de la llamada “Ley de las ONG”, un conjunto de enmiendas efectuadas a la ley nacional que rige las actividades de las ONG, según Reuters.
Las enmiendas, que entrarán en vigor si reciben la firma del presidente Giammattei y se publican en la Gaceta Oficial del Gobierno, otorgarían al Ministerio de Gobernación la facultad de cancelar unilateralmente el registro de cualquier ONG que determine que haya “violado el orden público”, y les exigiría a las ONG divulgar todas las fuentes de financiamiento extranjeras, según versiones periodísticas y un análisis de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), organización estadounidense defensora de los derechos humanos.
Giammattei ya había promulgado la ley, pero el fallo emitido por la CC en marzo de 2020 había impedido su entrada en vigor, de acuerdo con el análisis de WOLA.
Según las versiones de prensa citadas y una copia de la propuesta de ley, a la cual el CPJ tuvo acceso, la ley se aplicaría a una amplia gama de organizaciones guatemaltecas, entre ellas las organizaciones defensoras de los derechos humanos y la libertad de prensa que están registradas como organizaciones sin fines de lucro.
“Los medios independientes y las organizaciones defensoras de la libertad de prensa guatemaltecas son una fuente vital de denuncias sobre la corrupción y las irregularidades en la gestión gubernamental, y las autoridades deben permitirles que sigan ejerciendo su papel fiscalizador sin interferencias ni vigilancia”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “El presidente Giammattei debe rechazar la ‘Ley de las ONG’ y garantizar que el Gobierno guatemalteco no intente acallar las voces encargadas de fiscalizarlo”.
Lisbeth Carolina Reyes, secretaria general de la CC, declaró al CPJ en una entrevista en video que este fallo de la CC no significaba el apoyo del tribunal al contenido de la propuesta legislativa. Reyes señaló que la corte solamente había determinado que la suspensión de las enmiendas dictada en marzo de 2020 era impropia, y que por tanto la propuesta de ley debía seguir su trámite.
La Asociación de Periodistas de Guatemala emitió un comunicado el 12 de mayo, en el cual señalaba que la ley tendría un impacto sobre “asociaciones de prensa… que podrán ser amedrentadas o canceladas, por lo que las autoridades competentes, de forma arbitraria, consideren como actos que alteren ‘el orden público’”.
El 13 de mayo, más de 200 organizaciones guatemaltecas suscribieron una declaración que exige al Gobierno poner alto a la reforma de la ley, pues “concede al Ejecutivo un poder casi absoluto de decidir quiénes sí y quiénes no pueden expresarse y organizarse”.
Patricia Letona, vocera de la Presidencia guatemalteca, declaró al CPJ por aplicación de mensajería que la Presidencia no se pronunciaría sobre el asunto hasta que recibiera la notificación oficial del fallo de la CC, y afirmó que “la única información que tenemos es la de [el anuncio de la Corte] los medios”.
En marzo de 2020, el CPJ publicó un informe especial sobre la libertad de prensa en Guatemala e instó al presidente Giammattei a revertir la tendencia de hostigamiento judicial, amenazas y persecución de periodistas. Desde entonces, el CPJ ha constatado que el Gobierno de Giammattei no ha fortalecido las garantías para el ejercicio del periodismo ni ha garantizado el acceso a la información.