Ciudad de México, 27 de abril de 2021 – Las autoridades de los estados mexicanos de Baja California y Sonora deben anular inmediatamente los oficios que le ordenan al portal de noticias Yo Rechazo la Corrupción y la Impunidad retirar artículos que denuncian presuntos actos de corrupción de una candidata política, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El 23 de marzo, Dianeth Pérez Arreola, reportera investigativa y fundadora del portal de noticias, recibió un oficio de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales de Baja California, que le ordenaba eliminar toda referencia a la candidata política Natalia Rivera en el portal de noticias, según la periodista, quien conversó con el CPJ en entrevista telefónica, y una copia del oficio, al cual el CPJ tuvo acceso.
El 19 de abril, Pérez Arreola recibió otros dos oficios —uno de la Fiscalía General del Estado de Baja California y otro de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales de Sonora—, a los que el CPJ también tuvo acceso, que le volvían a ordenar a la periodista abstenerse de publicar todo contenido que aludiera a Rivera.
Los oficios le advertían a Pérez Arreola que podía ser objeto de arresto o multa si se negaba a cumplir la medida.
La periodista declaró al CPJ que había retirado la mayoría del contenido informativo sobre Rivera luego de recibir los oficios. El CPJ llamó a Rivera en reiteradas ocasiones para solicitarle una declaración, pero no respondió al teléfono.
“Es indignante que las autoridades de Baja California y Sonora utilicen una ley que tiene como objetivo combatir la violencia de género, para impedir que Dianeth Pérez Arreola publique artículos críticos sobre una candidata política”, declaró Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México. “Instamos a las autoridades de ambos estados a cesar de inmediato lo que constituye a todas luces hostigamiento contra Pérez Arreola, y a permitir que los medios de prensa cubran las elecciones con libertad, sin temor a represalias”.
Los tres oficios afirman que Pérez Arreola violó la Ley General del Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora en los videos que la periodista publicó sobre la candidata, y declaraban que su trabajo periodístico sobre Rivera constituía hostigamiento.
Los oficios le prohibían a Pérez Arreola publicar información sobre Rivera “que no tenga relación con su vida pública” y le advertían que no “degrade o denigre a una mujer”.
Rivera trabaja en la oficina de la gobernadora de Sonora y es candidata a la Cámara de Diputados federal en representación de Sonora en las elecciones del 6 de junio de 2021. El 23 de febrero, Yo Rechazo la Corrupción y la Impunidad publicó un video que denunciaba que Rivera había utilizado su cargo público para enriquecerse ilícitamente. El CPJ revisó ese video, al igual que otro video del día anterior que anunciaba la investigación. Desde entonces los videos se han retirado de la Internet.
Pérez Arreola declaró al CPJ que también había subido otros dos videos sobre Rivera —uno como avance de una próxima investigación, y otro con nuevas denuncias de corrupción— el 1 de marzo, y que los había bajado luego de recibir los oficios. El CPJ no ha podido revisar esos dos videos.
La periodista señaló que ha seguido publicando artículos sobre la candidata, entre ellos uno publicado el 26 de marzo y otro publicado el 21 de abril, que acusaban a Rivera de utilizar a las autoridades de los estados de Baja California y Sonora para hostigarla e intimidarla, y también publicó un video el 21 de abril que contiene denuncias de corrupción.
“Mis abogados me dijeron que es muy extraño que primero se hayan dirigido a mí las autoridades de Baja California y no las de Sonora, donde radica Natalia Rivera”, Pérez Arreola declaró al CPJ, al tiempo que añadió que Rivera no se había comunicado con ella para solicitarle el derecho de réplica respecto a las denuncias de sus artículos. Pérez Arreola radica en Mexicali, capital de Baja California.
“Los señalamientos son absurdos, pues ninguno de los videos era sobre la vida personal de Rivera y ninguno de ellos tenía ningún contenido que pudiera ser degradante para ella como mujer”, expresó Pérez Arreola.
El CPJ llamó en reiteradas ocasiones a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales de Baja California y a la Fiscalía General del Estado de Sonora para obtener declaraciones, pero nadie contestó.