La Fiscalía General de la Nación de Colombia anunció el 19 de octubre de 2020 que procesará penalmente a Diana Díaz, exdirectora de un canal televisivo público, por filtrarle a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), con sede en Bogotá, la grabación de una conversación en la cual su superior sugirió suspender un programa porque su presentador había criticado una propuesta de ley apoyada por el Gobierno, según informaciones de prensa.
El comunicado difundido el 19 de octubre por la Fiscalía General de la Nación expresa que Díaz, exdirectora de Señal Colombia,que tiene sede en Bogotá y brinda cobertura nacional, tendrá la audiencia de imputación de cargos el 18 de noviembre, por revelar información de carácter reservado en violación de su contrato como servidora del Estado. Si Díaz es declarada culpable, podría ser multada e impedida de trabajar en el sector público, declaró al CPJ Jonathan Bock, director interino de la FLIP.
Bock expresó que, como Díaz aparentemente recibía presiones de un funcionario público para que censurara un programa televisivo, ella tenía el derecho de divulgar esa información ante los medios.
La imputación pendiente contra Díaz se deriva de una denuncia interpuesta contra ella en marzo de 2019 por Francisco Pablo Bieri, exgerente del sistema de medios públicos RTVC de Colombia y superior de Díaz. Bieri sostiene que Díaz grabó secretamente una reunión que se realizó el 6 de diciembre de 2018 y posteriormente filtró la grabación a la FLIP.
Según la transcripción de la grabación publicada por el sitio noticioso Liga Contra el Silencio, patrocinado por la FLIP, Bieri fustigó a Santiago Rivas, presentador del programa cultural “Los Puros Criollos.” El día anterior, Rivas había criticado públicamente una propuesta de Ley de Telecomunicaciones que, según él, reduciría la independencia de los canales de la televisión pública de Colombia.
De acuerdo con la transcripción, Bieri afirmó que, como contratista de Señal Colombia, Rivas no tenía derecho de criticar al mismo Gobierno que le pagaba un cheque. Bieri entonces sugirió suspender la serie o pasar sus programas en la madrugada para reducir la teleaudiencia. En cierto momento, según la transcripción, el exgerente dice: “Matamos la producción”.
Rivas declaró al CPJ mediante una aplicación de mensajería que todos los episodios de su serie finalmente fueron transmitidos en horario estelar por Señal Colombia. Tras la publicación de la grabación, Bieri recibió numerosas críticas de periodistas y funcionarios públicos por promover la censura en los medios públicos, según versiones periodísticas.
Bieri, quien niega haber cometido alguna irregularidad, es investigado por la Procuraduría General de la Nación, que vigila la conducta de los servidores públicos, según versiones periodísticas. El exgerente renunció de RTVC en enero de 2019, pero fue contratado ocho meses después como asesor de comunicaciones del presidente Iván Duque.
Díaz renunció de Señal Colombia en enero de 2019 y ahora se desempeña como directora de proyectos estratégicos de Canal Capital, canal público de Bogotá. La periodista declaró al CPJ mediante una aplicación de mensajería que no podía hablar sobre su caso debido a la investigación que se encuentra en curso.
Según Bock, la Fiscalía General de la Nación intentó inspeccionar la sede de la FLIP, en Bogotá, y revisar el registro de visitantes correspondiente a diciembre de 2018 y enero de 2019, cerca de la época cuando Díaz filtró la grabación. Bock, quien ha sido citado a declarar como testigo en el caso, declaró que la FLIP se había negado a cooperar y que el 19 de octubre de 2020 había enviado una carta a la Fiscalía General de la Nación en protesta por el procesamiento de Díaz.
“Esto es un exceso total”, declaró Bock al CPJ en entrevista telefónica desde Bogotá.
Paola Tovar, vocera de la Fiscalía General de la Nación, declinó declarar sobre el caso ante el CPJ. En su comunicado, el organismo declaró que respetaba la libertad de prensa e hizo un llamado a la “prudencia” a las organizaciones defensoras de la libertad de prensa y a no permitir “malas interpretaciones con las investigaciones que cursan en la entidad”.