Nueva York, 13 de agosto de 2020 – En respuesta a una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual declaró que el Estado colombiano había violado los derechos de la periodista Claudia Julieta Duque y ordenó a varias entidades gubernamentales a otorgarle reparaciones, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) dio a conocer la siguiente declaración:
“La sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca es una admisión necesaria y tardía de la complicidad del Estado colombiano en el acoso a la periodista Claudia Julieta Duque, y es una medida inusual contra la impunidad en el país”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ. “Las autoridades colombianas deben aprovechar esta oportunidad para resarcir a Duque y adoptar las medidas necesarias para garantizar que ningún otro comunicador jamás tenga que soportar la persecución que ella ha sufrido”.
El tribunal anunció su decisión el 11 de agosto, y concluyó que entidades gubernamentales, entre ellas la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del Interior, y el ya disuelto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el antiguo organismo de inteligencia del país, eran responsables de delitos como el espionaje ilícito, las amenazas, la tortura sicológica y la falta de atención a las amenazas contra Duque y su hija, según informaciones de prensa, una copia de la sentencia a la cual el CPJ tuvo acceso, y un comunicado de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), con sede en Bogotá.
El tribunal ordenó a las autoridades, entre ellas la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior, adoptar medidas para poner fin a cualquier otra violación de los derechos de los periodistas, y dispuso que las entidades otorgaran una reparación financiera a Duque, su hija y otros familiares.
Duque comenzó a sufrir acoso y amenazas de muerte anónimas a inicios de la década del 2000, tal como el CPJ lo documentó, luego de investigar el asesinato, ocurrido en 1999, del periodista Jaime Garzón, quien según Duque pudiera haber sido asesinado a manos del DAS. En 2014, un juzgado penal de Bogotá sentenció a un ex alto funcionario de inteligencia a una pena de 11 años de cárcel por ejecutar una campaña de agresión y amenazas de muerte contra Duque, como el CPJ lo documentó en la época.