Ciudad de México, 16 de abril de 2020 – Las autoridades mexicanas deben garantizar la seguridad del reportero Ezequiel Flores e investigar las amenazas efectuadas contra él, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El 13 de abril, el Frente Unido de Policías Comunitarias de Guerrero, un grupo armado activo en el sureño estado de Guerrero, publicó un comunicado de prensa en Facebook en el cual decía que había ordenado la detención de Flores, corresponsal del semanario investigativo Proceso, para someterlo a un proceso de “reeducación basado en usos y costumbres” de la región.
El comunicado acusaba a Flores de haber sido “cooptado” por el Cartel del Sur, un grupo criminal con actividades en el estado, y de difundir información falsa sobre desplazamientos forzosos y el empleo de menores armados en la región conocida como Tierra Caliente.
El Frente Unido de Policías Comunitarias de Guerrero es una coalición de milicias que afirman haber tomado las armas contra bandas de narcotraficantes, según su página de Facebook. Las milicias no son reconocidas ni por el Gobierno federal mexicano ni por las autoridades estatales de Guerrero, de acuerdo con informaciones de prensa.
“El hecho de que un grupo armado pueda publicar en su cuenta de redes sociales lo que equivale a un plan para secuestrar a un periodista, demuestra hasta qué punto la violencia está fuera de control en el estado de Guerrero”, declaró Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México. “Las autoridades mexicanas deben restablecer el control de los funcionarios electos, y pueden comenzar investigando estas amenazas y sometiendo a los responsables al peso de la ley. Deben proteger al periodista de Proceso Ezequiel Flores y garantizar que la prensa pueda informar libremente y sin temor a represalias”.
El comunicado de la milicia se refirió a recientes reportajes de Flores sobre enfrentamientos entre bandas criminales en la localidad de Leonardo Bravo, y sostuvo que el periodista había informado falsamente que los miembros de las milicias habían incursionado en la zona y habían armado a niños. En entrevista telefónica, Flores declaró al CPJ que no había realizado tales afirmaciones en sus notas periodísticas ni en mensajes en sus cuentas de redes sociales personales, y el CPJ no encontró semejantes afirmaciones ni en sus últimos trabajos en el sitio web de Proceso ni en sus transmisiones en directo en su página personal de Facebook.
En los últimos tres años, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, ha declarado reiteradamente que las autoproclamadas policías comunitarias del estado se utilizaban como fachada de actividades del crimen organizado, según informaciones de prensa.
El CPJ envió un mensaje al grupo armado por Facebook, pero no recibió ninguna respuesta. El CPJ llamó a la Fiscalía General del Estado de Guerrero y al despacho de Astudillo para obtener una declaración, pero no recibió ninguna respuesta.
Flores expresó que temía por su vida y que la violencia contra los periodistas había aumentado en Guerrero en los últimos años. “Las autoridades estatales no pueden garantizar la seguridad de nadie”, señaló Flores.
El periodista declaró al CPJ que se había comunicado con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, una entidad dependiente de la Secretaría de Gobernación federal, para que le otorgaran medidas de protección. Un funcionario del mecanismo, quien solicitó el anonimato porque no estaba autorizado para hablar en público sobre el asunto, confirmó al CPJ el 14 de abril que el mecanismo estaba analizando la solicitud de medidas de protección por parte de Flores.
Flores agregó que denunciará las amenazas ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.
Flores se ha desempeñado como corresponsal de Proceso, una de las revistas de periodismo investigativo más leídas de México, en Guerrero durante 20 años, el periodista expresó al CPJ. Flores generalmente da cobertura a temas como la corrupción, el crimen organizado y las violaciones de los derechos humanos, y había recibido varias amenazas anteriormente, según el propio comunicador y una revisión de sus trabajos periodísticos por parte del CPJ.
Más de 10.000 personas han sido asesinadas en Guerrero desde 2015, según versiones periodísticas.
México es el país más violento para el ejercicio del periodismo en el hemisferio occidental. Como mínimo, cinco periodistas fueron asesinados directamente en represalia por su labor en 2019, según datos del CPJ. Otros seis murieron en circunstancias que el CPJ aún investiga.
En 2012, la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, fue asesinada en Xalapa.