Con la toma de posesión de un nuevo mandatario, Guatemala tiene la oportunidad de revertir años de retrocesos en materia de libertad de prensa, pues durante la gestión de su predecesor los periodistas locales fueron objeto de obstrucción, demandas judiciales, ataques digitales organizados y amenazas de violencia. Para poder restablecer plenamente la confianza, el nuevo Gobierno tendrá que demostrar un sólido compromiso con la transparencia y proporcionar suficientes recursos para combatir la impunidad en los ataques contra la prensa. El país llega a esta encrucijada justo cuando la pandemia del coronavirus aumenta la necesidad del libre flujo de la información. Un informe especial del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Publicado el 27 de Marzo 2020
Introducción: Déficit de confianza
A comienzos de año, cuando el Gobierno del mandatario guatemalteco Jimmy Morales llegó a su fin, muchos periodistas locales quizás experimentaron una sensación de alivio. Durante los cuatro años que Morales estuvo en el cargo, los periodistas guatemaltecos fueron objeto de obstrucción, demandas judiciales, y ataques digitales organizados, aparte de las tradicionales amenazas de violencia, particularmente en localidades del interior.
Ahora que el sucesor de Morales, Alejandro Giammattei, ha asumido el poder, Guatemala tiene la oportunidad de mejorar las condiciones para el ejercicio del periodismo. Algunos periodistas sostienen que el acoso en las redes sociales ha disminuido desde las elecciones presidenciales del 2019, y algunos periodistas expresaron la esperanza de que el nuevo mandatario forje una relación más constructiva con la prensa.
Sin embargo, las entrevistas del CPJ con periodistas y expertos guatemaltecos demuestran que las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa en ese país presentan deficiencias fundamentales. Sin reformas legales, sin un genuino compromiso gubernamental con la transparencia y sin recursos para combatir la impunidad en los ataques contra la prensa, los periodistas seguirán en riesgo, y es posible que la información sobre temas como la pandemia del coronavirus no fluya libremente. Incluso si Giammattei de veras intenta enfrentar estas cuestiones, encontrará escepticismo, debido a la poca confianza de los periodistas en las autoridades.
“No le otorgo ningún beneficio de la duda al nuevo Gobierno en torno a la relación con la prensa”, declaró Jorge Santos, coordinador general de la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), poco después de la investidura del nuevo presidente, en enero de 2020. “Giammattei ya ha sido funcionario público en otras oportunidades, su agresión contra la prensa no es nada nuevo. No creo que va a haber ningún cambio”.
Es mucho lo que está en juego para un país tan pequeño. Muchos temas noticiosos de Guatemala tienen implicaciones internacionales, como el narcotráfico, la corrupción, la migración y el medio ambiente. La situación de Guatemala, el país más poblado del triángulo norte de Centroamérica, también es un barómetro para la región. Durante el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo independiente establecido en 2006 con el respaldo de las Naciones Unidas y el objetivo de combatir la corrupción, Honduras y El Salvador siguieron el ejemplo y crearon organismos anticorrupción.
La popular comisión ayudó a iniciar un decenio que se caracterizó por un sólido periodismo investigativo y el avance en el combate contra la corrupción, endémica en Guatemala. Algunos de los resultados más destacados de este período fueron los nuevos medios digitales integrados por talentosos periodistas, el juicio por genocidio contra el exdictador Efraín Ríos Montt, y un movimiento de protesta que provocó la caída de un presidente, así como el procesamiento y la destitución de decenas de funcionarios corruptos.
“[La comisión] era un respaldo para el ejercicio del trabajo”, expresó Javier Estrada Tobar, periodista senior de Nómada, un medio de periodismo investigativo digital independiente que publicó artículos críticos del Gobierno encabezado por Morales. “Proporcionó un insumo muy importante para hacer nuestro trabajo de informar a la población, también avanzamos un poco más y buscamos narrativas para contar a la gente sobre los casos de corrupción e impunidad”.
Morales, un comediante de televisión, había llegado al poder en 2016 por sus promesas de combatir la corrupción, en un contexto de rechazo a los partidos tradicionales. Al asumir la presidencia, Morales adoptó una posición hostil contra todo el que lo investigaba: expulsó del país a varios fiscales anticorrupción internacionales y desacreditó y debilitó el trabajo de periodistas o les impidió la asistencia a conferencias de prensa.
“Morales en su Gobierno se dedicó a destruir todos los avances de los últimos 30 años”, afirmó Dina Fernández, periodista y miembro del consejo editorial del medio noticioso Soy502.
Giammattei, exdirector del sistema penitenciario y en cuatro ocasiones candidato a la presidencia –finalmente triunfó con el partido Vamos y un programa basado en valores sociales conservadores y reformas de línea dura en torno al problema de la seguridad ciudadana–, ha declinado restituir la CICIG o buscar el apoyo regional para una iniciativa similar. En lugar de ello, Giammattei ha establecido una comisión presidencial que estará encabezada por un exviceministro de política antinarcóticos. De acuerdo con analistas, es poco probable que la comisión sea tan eficaz como la CICIG o que tenga la misma legitimidad internacional.
El Gobierno de Giammattei ha tomado medidas para distanciarse de la actitud de confrontación de su antecesor, como lo son otorgar mayor acceso a las conferencias de prensa y facilitar la participación de funcionarios en entrevistas.
Fernández señaló que creía que Giammattei actuaba de buena fe para abrir canales de comunicación con la prensa, y citó una entrevista que concedió a CNN en agosto de 2019. “[Giammattei] demostró una actitud sustancialmente diferente de la de Jimmy Morales”, afirmó Fernández, quien añadió que espera que la “relación vaya a ser con los medios locales también”.
Carlos Sandoval, secretario de Comunicación de la Presidencia, declaró en octubre de 2019 que el entonces presidente electo estaba comprometido con la transparencia y con la divulgación de información a todos los ciudadanos mediante una variedad de medios de prensa.
“El objetivo es transparentar el Gobierno y facilitar la comunicación, y [Giammattei] reconoce que la prensa juega un papel muy importante”, afirmó Sandoval.
En su primer gran momento de crisis, frente a la pandemia del coronavirus, la nueva administración parece resistir el aliciente de utilizar la situación de emergencia como pretexto para restringir la libertad de prensa.
“Desde el inicio, tanto el presidente como el vicepresidente fueron enfáticos de que los medios podían continuar realizando su labor informativa”, dijo Héctor Coloj, coordinador de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG). “Sí han habido algunas cuestiones de alerta, pero tampoco hemos sabido de algún tipo de restricción que se haya pretendido implementar para restringir la información o generar algún tipo de censura”.
Desde que Giammattei asumió el cargo de presidente, en algunas ocasiones el mandatario ha adoptado una actitud a la defensiva: por ejemplo, calificó al sitio noticioso Nómada de ser un “especialista en la desacreditación” en una conferencia de prensa realizada pocos días después de resultar elegido. En enero, Giammattei dio una respuesta hostil a Marvin Del Cid, periodista freelance y director de la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 35, quien ha publicado varios artículos en el diario nacional Prensa Libre sobre el nuevo Gobierno, sus contratos y sus acuerdos financieros con consultores. Giammattei dijo a Del Cid en conferencia de prensa que le gustaría saber quién le estaba diciendo al periodista que investigara a su Gobierno.
Según periodistas consultados, en las primeras semanas de la gestión de Giammattei se ha propuesto crear una plataforma que centralizaría los comunicados de prensa y le permitiría al Gobierno gestionar el flujo de información oficial, y se ha planteado otorgar acreditación a los periodistas que cubren las actividades de la Presidencia. Si bien la acreditación es normal en muchos países, algunos periodistas afirmaron que la práctica no se ha considerado necesaria en Guatemala, que tiene relativamente pocos corresponsales de política nacional.
La mayoría de los periodistas de Ciudad de Guatemala consultados por el CPJ cuestionaron que el Gobierno esté dando prioridad a estas iniciativas y no a cuestiones más apremiantes. “No es necesario cuando ya existe una ley de acceso a la información pública que ellos no están cumpliendo”, expresó Del Cid. “Están planteando cosas para parecer más transparentes, pero que es sólo más burocracia”.
Por ejemplo, las leyes sobre el delito informático vigentes en Guatemala son insuficientes ante las campañas organizadas de acoso digital, que con frecuencia son desplegadas por los llamados net centers –organizaciones de troles a sueldo–. Además, los funcionarios públicos abusan de otras leyes, para que los jueces dicten prohibiciones de informar a medios noticiosos; y en dos casos, como mínimo, dos políticas recurrieron a leyes que protegen a las víctimas de la violencia de género, con el fin de intentar silenciar a medios de prensa.
Fuera de las principales ciudades, los periodistas indígenas y rurales corren el riesgo de ser discriminados y de recibir amenazas por parte de funcionarios corruptos y grupos criminales. Los paralizados intentos por crear un mecanismo de protección a periodistas exacerban los efectos de la ausencia de investigaciones en casos de violencia y amenazas, y de la incapacidad de los organismos gubernamentales para dar seguimiento a los casos. Relativamente pocos periodistas han sido encarcelados a largas penas en Guatemala –según datos del CPJ, en los últimos 10 años un solo periodista estuvo encarcelado por su trabajo, en 2017, al momento de la relación anual de periodistas presos del CPJ–, pero la violencia fatal es un riesgo. Como mínimo, seis periodistas han caído asesinados en el ejercicio de la profesión entre 1992, cuando el CPJ comenzó a llevar estadísticas sobre la materia, y 2019. Se investiga otros 18 casos de asesinato del mismo período para esclarecer si el trabajo periodístico fue uno de los motivos. Los problemas se han agravado por la prolongada impunidad en los casos de violencia contra periodistas y por las anticuadas ideas de quién es o no es periodista.
El renovado apoyo gubernamental a la recién reforzada Fiscalía de Sección de Delitos contra Periodistas, una unidad que investiga ataques contra la prensa, ofrece un pequeño rayo de esperanza a favor de la justicia, pero esto por sí solo no es suficiente para proteger a los periodistas guatemaltecos.
“El camino que veo es dirigir nuestros esfuerzos hacia otros espacios y programas alternativos”, declaró Quimy de León, directora del sitio noticioso Prensa Comunitaria. “De lo contrario, seguiremos esperando por toda la vida”.
Pese a la promesa de transparencia, es difícil comunicarse por teléfono con el presidente Giammattei. Entre noviembre y enero, representantes de Giammattei prometieron reiteradamente al CPJ que fijarían una fecha para una entrevista –en persona o por vía telefónica–. Una portavoz acordó realizar una breve entrevista el 10 de enero, pero no respondió a preguntas sobre la hora o cómo coordinar la entrevista. El CPJ dio seguimiento enviando preguntas por escrito el mismo día, las cuales la portavoz prometió responder. A comienzos de marzo, el CPJ no había recibido respuesta a sus solicitudes.
‘El negocio de desacreditar’
El acoso en las redes sociales es una importante amenaza para los periodistas guatemaltecos, igual que sucede en muchos otros países, pero en Guatemala estos ataques han cobrado mayor fuerza por la popularidad de los net centers.
El término net centers, de acuerdo con una investigación de The Intercept, se refiere a personas o empresas de relaciones públicas que dirigen campañas para desacreditar personas o diseminar desinformación mediante noticias falsas publicadas en la prensa o en las redes sociales, y que crean redes de perfiles de redes sociales para atacar a personas y difundir informaciones falsas, inclusive por mensajes de WhatsApp o el hackeo de cuentas, la suplantación de identidad y la divulgación de datos de carácter privado (doxing).
Periodistas consultados por el CPJ en enero de 2020 sostuvieron que la actividad de los net centers parecía haber disminuido desde las elecciones, pero ninguno de ellos creía que la amenaza había desaparecido.
“Los net centers ahorita están un poco más callados, pero la estructura para atacar a los periodistas sigue”, declaró Antonio Barrios, editor jefe de Prensa Libre.
La dañina esencia de los net centers se puso evidente en 2017, cuando Morales se volvió en contra de la CICIG. En enero de ese año, la CICIG acusó de fraude al hermano y al hijo de Morales, y acusó al hermano de blanqueo de capitales, informó Associated Press. Desde ese momento, Morales y sus partidarios intentaron repetidamente debilitar a la comisión de muchas maneras, como expulsar del país a su comisionado, Iván Velásquez; negarse a renovar el visado de otros fiscales; y criticar y amenazar a los periodistas que cubrían los hallazgos de la CICIG.
En agosto, un tribunal absolvió al hermano y al hijo de Morales en el juicio por corrupción, informó AP. El CPJ no logró comunicarse con un vocero de Morales para obtener una declaración. En octubre, por correo electrónico un representante de la Presidencia remitió al CPJ al sitio web de la secretaría de Comunicación Social. El secretario de Comunicación Social no respondió a las llamadas efectuadas por el CPJ para obtener una declaración.
Conforme menguaba el apoyo a la CICIG, a continuación hubo intentos a gran escala por desacreditar, acosar y amenazar a los medios de comunicación. Las campañas de redes sociales buscaban desacreditar el trabajo de los periodistas e insinuar que estaban a sueldo de actores internacionales, o los calificaban de traidores que trataban de desestabilizar el país. Debido a la falta de transparencia sobre para quién trabaja un net center, es difícil combatir o contrarrestar el acoso.
Un informe que la CICIG publicó en mayo de 2019 caracterizó a estas operaciones de intento por “inundar” las redes sociales con contenido para moldear las conversaciones en las redes sociales. El informe incluyó un análisis de la actividad de Twitter presuntamente vinculada a los net centers, el cual mostró que, como mínimo, ocho periodistas que informaban frecuentemente sobre las iniciativas anticorrupción, al igual que abogados, defensores de los derechos humanos y otras personas, fueron objeto de acoso en las redes sociales.
“Los principales objetivos de los net centers son los periodistas que hacen cobertura [de la política y la corrupción], y aquellos que opinan mucho”, apuntó Enrique Naveda, coordinador general y cofundador del medio digital independiente Plaza Pública.
Luis Assardo, periodista e investigador que ha monitoreado la actividad en la Internet desde principios de la década, expresó que las organizaciones o grupos a menudo funcionan como mercenarios, siguiendo las instrucciones de un cliente o empleador –o incluso trabajando para múltiples campañas al mismo tiempo– y cobrando hasta USD 300.000 al mes por campañas personalizadas. “Hoy en día el negocio del net center está en desacreditar”, precisó.
Aparte del acoso en las redes sociales, a periodistas y activistas de los derechos humanos les han hackeado las cuentas de Twitter y de correo electrónico o les han interceptado las comunicaciones, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Además, una investigación publicada en agosto de 2018 por Nuestro Diario reveló programas de vigilancia que, desde 2012 y durante tres Gobiernos sucesivos, habían escogido como objetivo a periodistas. En septiembre de 2016, Morales destituyó a dos altos funcionarios del servicio de seguridad presidencial, y citó la investigación de la Fiscalía General sobre la presunta participación de los funcionarios en un programa de espionaje ilegal.
En un encuentro en la sede de Nómada en Ciudad de Guatemala, la cual está situada después de varios puntos de control de seguridad, los periodistas declararon al CPJ que, durante varios meses en 2017, el sitio web del medio había experimentado ataques de denegación de servicio distribuidos (DDoS, por su siglas en inglés) que tenían por objetivo bloquear el sitio web.
Un ataque sobrevino a la publicación por Nómada de audios con testimonios de sobrevivientes de un incendio en un hogar a cargo de un organismo estatal en Ciudad de Guatemala en marzo de 2017. Más de 40 personas, en su mayoría adolescentes y niñas, murieron en el incendio, que motivó amplias críticas hacia el Gobierno por su aparente inacción y negligencia. Morales admitió la “responsabilidad estatal” por el incendio, pero insistió en que el Gobierno no tenía ninguna responsabilidad penal, según informaciones de prensa.
En ocasiones, el acoso en las redes sociales dirigido a los medios utiliza un discurso respecto a grupos izquierdistas o guerrilleros que explota la polarizada situación de Guatemala a raíz de la guerra civil que atravesó el país.
Fernández, la periodista de Soy502, describió una campaña de 2018 en la cual se compartieron memes en las redes sociales que catalogaban de pedófilos o “terroristas” a cuatro conocidos periodistas, entre ellos Juan Luis Font, exdirector de elPeriódico y cofundador de ContraPoder, y Henry Bin, periodista de ConCriterio. Fernández señaló que algunos de los mensajes instaban a las personas a parar a los periodistas si los veían en la calle. Este acoso ocurrió a continuación de un exhaustivo reportaje de Bin sobre cómo funcionaban los net centers, el cual contenía entrevistas con tres gerentes.
Otros detonantes son los procesos electorales. Fernández y más de una decena de periodistas advirtieron un aumento en el acoso digital y las amenazas durante las elecciones nacionales de 2015 y 2019.
Un análisis electoral de 2019 realizado por la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) abordó dos ciberataques contra sitios web de noticias, pero no documentó en específico ataques provenientes de net centers. Como dato interesante, el análisis observó una caída en los actos de violencia física en comparación con las elecciones de 2015. Héctor Coloj, coordinador de la APG, afirmó que el descenso podía deberse a la modificación de leyes y prácticas electorales en materia de cobertura de las elecciones, o a la autocensura: periodistas de regiones distantes que evitaban temas políticos sensibles. Luis Daniel Ordóñez Hernández, director interino de la Fiscalía de Sección de Delitos contra Periodistas, atribuyó el descenso en los actos de violencia física a la mayor conciencia de los riesgos por parte de los periodistas.
El acoso y el discurso contra la prensa han influido en la actitud de las fuentes periodísticas hacia los periodistas. Personas que solían ser cooperativas ahora ven a los medios con sospecha o se niegan a hablar con ellos. “La gente les grita a los periodistas, no les da información, les cuelgan las llamadas”, afirmó Lucy Chay, jefa de redacción de elPeriódico.
“Obviamente los medios hicieron mucha presión sobre tanta corrupción que había aquí; ahora hay campañas con el objetivo de desprestigiar a los medios, para socavar la credibilidad a nivel popular, para que la gente no confíe en los medios”, declaró Mario Cordero Ávila, jefe editorial de Soy502.
Algunos periodistas expresaron que el acoso –los incidentes relatados al CPJ consistieron en la circulación de fotos de los familiares e hijos de los periodistas por parte de los acosadores; acusaciones de pedofilia; e intentos por revelar la orientación sexual de un periodista gay— motivó que repensaran la seguridad. “Nunca antes había tenido cámaras de seguridad en mi casa”, comentó Fernández, la editora de Soy502, quien añadió que recientemente había instalado algunas.
Si bien muchas redacciones intentan ofrecerle al personal recomendaciones esenciales sobre la seguridad digital, la mayoría de los periodistas y defensores consultados por el CPJ expresaron que para ellos las recomendaciones no eran suficientes. Y, si bien la mayoría de las redacciones cuenta con algún medio de seguridad física, como detectores de metal, registros para visitantes, guardias que vigilan afuera de prácticamente cada negocio de Ciudad de Guatemala, los medios parecen estar poco preparados para adoptar un enfoque similar en materia de seguridad digital.
“La mayoría de los medios no tienen contemplado planes de protección”, afirmó Assardo, el investigador de los net centers. “No saben cómo responder”.
Hasta el momento, como respuesta al troleo en Guatemala y en el mundo, las empresas de redes sociales han remitido a los periodistas a las herramientas que han creado para reportar y bloquear cuentas, y han introducido funciones que les permiten a los usuarios identificar y reportar a usuarios que cometen abusos.
Una de las dificultades que enfrentan los países que se recuperan de conflictos y guerras civiles es interpretar el contexto local o regional de una amenaza. En Guatemala, donde decenas de miles de civiles murieron durante la guerra civil por ser presuntos simpatizantes de grupos rebeldes izquierdistas, el empleo de términos como “terrorista” para acosar a periodistas –como a Bin– puede que no active la política general de Twitter sobre el acoso, pero fácilmente puede hacer que la víctima del acoso se sienta más vulnerable a la agresión física.
Twitter se está esforzando por identificar mejor las amenazas, expresó Hugo Rodríguez Nicolat, su director de Política Pública para México y Latinoamérica. En un correo electrónico enviado al CPJ, Rodríguez señaló que el equipo de Política Pública de la plataforma estaba “formando estrechas conexiones con socios de todo el mundo para informar con rapidez sobre las amenazas contra periodistas y defensores de los derechos humanos”. En Guatemala, el equipo se ha comunicado con activistas y actores no gubernamentales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Colegio de Abogados de Estados Unidos (American Bar Association), afirmó Rodríguez.
En respuesta a preguntas sobre ataques de los net centers, Rodríguez sostuvo que “la manipulación de la plataforma está estrictamente prohibida y va contra las reglas de Twitter”. Rodríguez agregó que Twitter toma “enérgicas medidas para aplicar el cumplimiento si identificamos este comportamiento en nuestro servicio” y que casos de redes de cuentas vinculadas a campañas de información gubernamentales se habían añadido al archivo público de Twitter.
El CPJ no recibió respuesta a una solicitud que envió por correo electrónico a Facebook para que comentara sobre el acoso y el troleo en dos plataformas de su propiedad, Facebook y WhatsApp.
Los periodistas han descubierto que las leyes guatemaltecas no les ofrecen protección en lo que respecta a ataques digitales.
“Si alguien te hace doxing, eso está dentro de la libertad de expresión”, declaró Assardo. “No hay legislación que comprende estos crimenes”.
La Policía guatemalteca creó una Sección de Delitos Informáticos en 2015, pero, en una entrevista de febrero de 2018 con el medio digital y radial local ConCriterio, el entonces director de la sección, Diego Teos, expresó que la legislación guatemalteca no contemplaba de modo claramente expreso que se podía aplicar al acoso digital.
Sin embargo, a raíz de las peticiones de Nómada, Plaza Pública y una docena de otros medios, la Fiscalía General abrió una investigación en noviembre de 2017 sobre una campaña dirigida por net centers que involucraba ataques DDoS contra varios medios e intentos de hackeo contra varios sitios web y perfiles de redes sociales de periodistas, informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Fiscalía General no ha revelado los resultados de la investigación.
Oscar Molina, el titular de la sección policial de delitos informáticos, no respondió a plenitud a una consulta del CPJ sobre los resultados de la investigación. Sin embargo, mediante una aplicación de mensajería Molina expresó que la sección había investigado uno de los ataques de 2017 contra Nómada y había determinado que venía de un botnet situado al exterior de Guatemala, lo cual dificultaba identificar o procesar a los responsables. Molina afirmó que la sección le recomendó a Nómada que tomara medidas para fortalecer la seguridad informática.
En octubre, Molina señaló que la sección de delitos informáticos había investigado siete casos que involucraban a periodistas: cuatro casos eran de difamación y tres eran de amenazas. El funcionario no especificó si las investigaciones habían conducido a algún enjuiciamiento.
La mayoría de los periodistas se muestran reticentes a la hora de confiar en las autoridades para obtener justicia y de pedir reformas legales para enfrentar el acoso en las redes sociales.
Assardo y algunos periodistas y defensores de derechos humanos expresaron cautela respecto a la posibilidad de ejercer presión a favor de reformas legales para intentar enfrentar el acoso, y señalaron que se podría abusar fácilmente de semejantes leyes, con el objetivo de silenciar a los críticos. Muchos indicaron que cualquier ley con el propósito de restringir el comportamiento en las redes sociales pudiera manipularse con la misma facilidad contra la prensa o utilizarse para limitar la libertad de expresión. Otros, por el contrario, insistieron en que las reformas legales debían formar parte necesariamente del avance hacia una mayor libertad de prensa.
El CPJ ha constatado que las leyes que intentan restringir el contenido de las redes sociales en nombre del combate al terrorismo o las expresiones de odio, pueden convertirse en justificación legal para la censura gubernamental o dejar las decisiones sobre cuál contenido es ilícito en las manos de empresas privadas que pudieran inclinarse por censurar más contenidos con tal de evitar posibles multas o proteger ciertos intereses.
Vacíos legales para explotar la censura
La élite guatemalteca ya ha probado hasta qué punto se puede utilizar el sistema judicial contra la prensa. Antes de las elecciones de 2019, según el periodista de La Hora Pedro Pablo Marroquín, él había observado un notable cambio respecto a los dos Gobiernos anteriores en el empleo del Código Penal para atacar a la prensa.
La difamación todavía es un delito en Guatemala, pero relativamente pocas demandas por difamación se han interpuesto contra periodistas e incluso una cifra menor ha tenido éxito, según datos del CPJ. Las leyes guatemaltecas que inciden sobre el trabajo de la prensa, si bien con frecuencia no son adecuadas, no son directamente responsables de la mayoría de los actos de acoso. Por el contrario, leyes que no tienen nada que ver con la libertad de expresión se distorsionan para intimidar o censurar a periodistas; y ocasionalmente los legisladores introducen propuestas de ley que debilitan o desmantelan las pocas garantías con que cuentan los periodistas.
Uno de los casos más extremos de abuso de una ley involucra la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer.
Las autoridades de Guatemala adoptaron la ley en 2008 para proteger a la mujer de la tortura, el asesinato, la violencia sexual y otros delitos. El país posee la tercera tasa de femicidio (el asesinato de mujeres y niñas por causa de su género) más elevada de Latinoamérica, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.
Desde 2018, como mínimo dos políticas han intentado amordazar a los medios utilizando para ello leyes que prohíben mencionar el nombre de presuntas víctimas.
En abril de 2019, Sandra Torres, ex primera dama y candidata presidencial a las elecciones de 2019, interpuso una denuncia penal contra seis editores del diario independiente elPeriódico por presuntos daños a su dignidad. El diario había informado sobre denuncias de que Torres había violado el reglamento de financiamiento electoral durante las elecciones de 2015, según informaciones de prensa.
El presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, declaró al CPJ que los abogados de Torres se habían basado en una disposición que le exige a un presunto perpetrador abstenerse de mencionar a la víctima en público, con lo cual, en la práctica, pretendían impedirle al diario que informara, con el argumento de que ello degradaba a Torres y dañaba su dignidad.
El 13 de mayo de 2019, Torres anunció en Twitter que desistía de la denuncia, y expresó que se trataba de un gesto para reafirmar “mi compromiso a la libertad de prensa”. En septiembre, Torres fue arrestada por sospecha de violar el reglamento de financiamiento electoral, acto que ella catalogó de cacería de brujas política, según informó la BBC. Para febrero de 2020, Torres se encontraba en arresto domiciliario.
Un vocero de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el partido de Torres, acordó mediante una aplicación de mensajería ofrecer una entrevista al CPJ, pero no respondió a múltiples mensajes de seguimiento que el CPJ envió entre septiembre de 2019 y febrero de 2020.
Por separado, en julio de 2018, la entonces ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, interpuso una denuncia contra Zamora por violencia sicológica y discriminación e intentó prohibirle al periodista que escribiera sobre ella, declaró Zamora al CPJ el mismo mes. En octubre de 2019, el personal de elPeriódico declaró al CPJ que los representantes jurídicos del medio habían solicitado el sobreseimiento de la causa.
El Poder Judicial no respondió a una solicitud que el CPJ envió por correo electrónico para que comentara sobre el aparente abuso de las leyes, con la finalidad de censurar a la prensa.
De manera menos directa, una ley que presuntamente ofrecería mayor transparencia también ha creado obstáculos.
La Ley de Acceso a la Información Pública, que a su adopción en 2008 fue celebrada por los periodistas y las organizaciones locales defensoras de la libertad de prensa como un avance hacia la transparencia, exige a los organismos gubernamentales mantener archivos, publicar informes y cumplir con solicitudes de información sobre gastos públicos, contratos gubernamentales y otros asuntos. Sin embargo, de acuerdo con varios periodistas, las autoridades no vigilan la aplicación de esta ley ni la cumplen debidamente.
“[La ley] nos ayuda a obtener información que anteriormente no era tan accesible, pero necesita modificaciones”, expresó Del Cid, el periodista de Artículo 35.
Periodistas del diario elPeriódico afirmaron que, durante el pasado año, varios organismos gubernamentales habían sustituido archivos públicos que anteriormente se podían consultar en la Internet por formularios para solicitar información. La periodista Isela Espinoza señaló que ” Guatecompras“, un sistema de acceso público mediante el cual las entidades gubernamentales deben registrar y documentar las compras y los contratos, parece tener “mucho menos información de lo que tenía hace cuatro años”.
Fernández, la periodista de Soy502, agregó que los retrasos en las respuestas de los funcionarios a las solicitudes de información, al igual que otros trámites burocráticos, han dificultado cada vez más el acceso a la información.
Esta tendencia al obstruccionismo explica por qué los periodistas que cubren noticias sobre la política y las obras públicas ven con desconfianza la propuesta de Giammattei de crear una plataforma centralizada para la publicación de comunicados de prensa y actualizaciones de organismos gubernamentales.
Las autoridades argumentan que la plataforma facilitará la transparencia y el acceso a la información, y les ahorrará tiempo a los periodistas: en lugar de llamar al administrador de un hospital para obtener una declaración, por ejemplo, la información estaría disponible en la plataforma. Sin embargo, los periodistas consultados expresaron sus dudas de que semejante plataforma resultara útil o necesaria, y varios señalaron que podría interferir con su capacidad de hacer preguntas directamente a la propia fuente.
“Ya hay una ley que nos obliga a hacer pública la información”, declaró Barrios, el jefe de redacción de Prensa Libre. “[Los organismos gubernamentales] podrían simplemente poner esa información en una home page. Así vamos con peligro porque ellos podrían controlar el acceso a la información”.
Según muchos periodistas, el desafío de exigir el cumplimiento de las garantías legales en materia de acceso a la información pública, no se limita a funcionarios gubernamentales poco cooperativos.
“No son solamente las autoridades del gobierno de Giammattei, sino la sociedad civil que tiene que entender la labor de la prensa, que tener el derecho a la información beneficia a toda la sociedad”, declaró Estrada, el periodista de Nómada. “No hay una apreciación de que la sociedad se fortalece con el periodismo y la pluralidad de medios”.
Las cuestiones ambientales son un tema informativo riesgoso
La amenaza de demandas judiciales aumenta en las localidades más pequeñas y en las zonas rurales, donde intereses económicos y el crimen organizado ejercen el control y algunos jueces locales pueden ser susceptibles a los sobornos y la presión, afirmaron periodistas consultados. Estas regiones con frecuencia son escenario de temas candentes como las industrias extractivas, los derechos indígenas y los derechos sobre la tierra, la igualdad de género y el narcotráfico.
“Todas las cuestiones están presentes en los territorios [rurales]”, explicó de León, cuyo medio, Prensa Comunitaria, ha informado sobre las empresas mineras, el desplazamiento forzado y el femicidio. “Lo que preocupa a nosotros es la seguridad de periodistas en los territorios”.
“Los periodistas locales están enfrentando a monstruos enormes”, expresó Luis Ovalle, del Observatorio de Periodistas de la APG, que monitorea las violaciones de la libertad de prensa.
Guatemala es uno de los países más peligrosos de Latinoamérica para las personas que acometen cuestiones ambientales. Global Witness, una organización no gubernamental internacional, documentó un alza en los asesinatos de defensores ambientales y de la tierra (de tres en 2017 a 16 en 2018), lo cual convierte a Guatemala en el país más violento por el tamaño de su población, de acuerdo con el informe que Global Witness publicó en 2019 sobre el asesinato de personas que intentaron proteger viviendas o comunidades de las industrias destructivas. El informe atribuyó el alza a la expropiación violenta de tierras, la expansión de proyectos extractivos, el aumento de la criminalización de los pueblos indígenas de Guatemala, la mínima presencia del Estado y, sobre todo, el hecho de que el Estado no haya investigado y enjuiciado los casos.
Los pocos periodistas que informan sobre los defensores ambientales y los defensores de los derechos sobre la tierra, con frecuencia son objeto de amenazas de violencia o demandas judiciales. Sin embargo, es difícil encontrar datos precisos al respecto. Los organismos gubernamentales e independientes recolectan datos, pero la APG y otras personas entrevistadas por el CPJ afirmaron que los estudios eran limitados porque a menudo los periodistas estaban muy atemorizados –o escépticos– como para denunciar los incidentes. Un análisis independiente del Centro Civitas en 2016 arrojó luz sobre el generalizado problema del deficiente registro de los casos. La organización defensora de la libertad de prensa documentó 32 violaciones de la libertad de prensa que no se habían denunciado ante ninguna entidad gubernamental el año anterior.
Los periodistas que cubren temas ambientales por lo general forman dos grupos. El primero está compuesto por periodistas guatemaltecos o extranjeros que trabajan en las principales ciudades y cuentan con el respaldo de publicaciones importantes. Los periodistas extranjeros poseen el privilegio del pasaporte, una embajada poderosa que interviene en caso de que suceda algo y, quizás lo más importante, la capacidad de abandonar el país. El segundo grupo está integrado, mayormente, por periodistas indígenas y rurales que cubren las cuestiones que afectan a las comunidades en que viven. Estos periodistas no poseen ningunas de las garantías de que gozan sus equivalente extranjeros, y es poco probable que la violencia y las amenazas contra ellos inspiren la misma movilización o indignación.
El coordinador de la APG, Coloj, quien radica en Ciudad de Guatemala, indicó que en las regiones con pocos periodistas no es difícil ubicar el paradero de un periodista. “Ellos saben dónde vives, dónde tus hijos van a la escuela. No solamente afecta tu periodismo, sino también tu círculo social”, declaró Coloj, quien agregó: “Si bien en la capital hay mayor libertad para la investigación, en los departamentos es más difícil”.
Santos, el coordinador general de la UDEFEGUA, señaló varios factores que exponen a los periodistas a mayor riesgo, como la presencia del crimen organizado y de grupos de narcotraficantes, de autoridades locales que socavan y restringen a la prensa, y de poderosos grupos como las empresas mineras que “en muchos lugares se convierten en los actores que determinan qué pasa y qué no pasa en sus áreas de influencia”.
Giammattei ha resaltado la importancia del desarrollo para su Gobierno. El Plan Nacional de Innovación y Desarrollo para el actual período de Gobierno de cuatro años que presentó durante su campaña, enfatiza la necesidad de la inversión extranjera. Giammattei manifestó su apoyo a megaproyectos de infraestructura y transporte, entre ellos un ferrocarril que unirá la costa del Caribe guatemalteca con la del Pacífico.
Periodistas de zonas rurales consultados expresaron que tales proyectos exacerbarían los actuales conflictos de esas zonas sin abordar las causas de los problemas, y aumentarían los riesgos para los periodistas que cubran los proyectos.
“Estamos preocupados por la seguridad de los periodistas en los territorios, el Gobierno ha tomado pasos acelerados en sus primeras semanas a favor de proyectos extractivos”, señaló de León. “La preocupación es que este Gobierno va a dar seguimiento a la implementación de proyectos extractivos y megaproyectos, y va a llevar niveles superiores de violaciones de derechos humanos en esos lugares”.
De León y Andina Ayala, una investigadora, antropóloga y colaboradora de Prensa Comunitaria, afirmaron que ya han visto más amenazas y agresiones contra periodistas comunitarios que cubren estas cuestiones, y que las amenazan tienden a aumentar a la par del incremento del énfasis en los megaproyectos o las concesiones mineras.
Para tratar de reducir los peligros para sus periodistas, algunos medios retiran el personal de las regiones turbulentas o envían equipos a estas regiones por plazos breves.
Barrios, el jefe de redacción de Prensa Libre, explicó que el periódico a menudo envía equipos periodísticos desde Ciudad de Guatemala, incluso cuando ello implica viajar en auto por 10 horas. Barrios sostiene que se vuelto difícil retener a corresponsales, por causas que van desde los recursos hasta el miedo: una red que contaba con más de 30 corresponsales regionales hace cuatro años, ahora posee apenas una docena. La carencia de reporteros locales y de conocimiento tiene serias implicaciones no solamente para los mercados locales, sino también para la cobertura nacional, afirmó el periodista.
A pesar de las presiones, para muchos los riesgos se han vuelto parte de sus rutinas cotidianas. “Los periodistas sienten que es algo natural, la violencia en su contra”, indicó Coloj.
Clara Manosalbas, subdirectora de Nómada, coincidió: “Me preocupa que los periodistas aquí simplemente aceptan los niveles de violencia”.
La impunidad y el ineficaz enfoque respecto a la investigación de las agresiones contra los periodistas contribuyen al peligroso panorama.
Entre 1992 y 2019, se ha logrado justicia parcial en apenas dos de los cuatro casos de periodistas asesinados en Guatemala. El CPJ investiga otros 18 asesinatos del mismo período para esclarecer si el trabajo periodístico fue uno de los motivos. Pero, en un país con elevados índices de delitos violentos, y donde la presencia de grupos del crimen organizado y la desconfianza en las instituciones gubernamentales desalientan a algunos periodistas de denunciar las amenazas, puede ser difícil hacer un seguimiento de los casos o tener una imagen clara de la magnitud de los problemas.
Guatemala consta de una Fiscalía de Sección especializada en la investigación de delitos contra periodistas, pero sus críticos sostienen que es lenta e ineficaz. Ello, sumado al temor a las represalias que disuade a las personas de ofrecer información voluntariamente, contribuye a la dificultad de determinar si el trabajo periodístico de una víctima fue uno de los motivos del asesinato.
La Fiscalía de Delitos contra Periodistas, que investiga la violencia fatal y otras agresiones contra periodistas, ha obtenido 17 condenas, indicó su director interino, Ordóñez, en conferencia de prensa ofrecida en diciembre de 2019. Sin embargo, al igual que en muchos otros casos en Guatemala, muchas veces las condenas identifican a los autores materiales de las agresiones y no a los autores intelectuales.
Uno de los pocos casos que sí arrojaron resultados fue el del asesinato del reportero de Prensa Libre Danilo López y del periodista radial Federico Salazar, hecho ocurrido en marzo de 2015 en Mazatenango, capital del suroccidental departamento de Suchitepéquez. López había trabajado como corresponsal de Prensa Libre en Suchitepéquez por más de una década y a menudo escribía artículos sobre la corrupción y la desviación de fondos públicos, según su periódico.
A la raíz de la publicación de un proyecto de reportaje colaborativo en el que participaron cuatro medios independientes, la CICIG inició una investigación y el caso fue remitido a la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, en ese momento la Unidad de Delitos contra Periodistas. En 2017, las autoridades condenaron a un pistolero. En enero de 2018, arrestaron al diputado Julio Juárez Ramírez. Según investigadores de la CICIC, Juárez había ordenado el atentado contra López porque éste trabajaba en un artículo sobre la corrupción en el Gobierno municipal de Santo Tomás La Unión, donde Juárez era alcalde en la época.
Para enero de 2020, el proceso judicial seguía en marcha. Juárez, quien está detenido, ha insistido en su inocencia, por ejemplo en entrevistas que concedió en febrero de 2017 a los medios Canal Antigua y Plaza Pública.
“Si la CICIG no hubiera estado en el país, no se habría investigado ese caso”, declaró Santos, el coordinador general de la UDEFEGUA.
De todas maneras, este caso es la excepción y no la regla. Si bien los índices de violencia contra los periodistas no son tan elevados como los de las vecinas naciones de México y Honduras, la prensa guatemalteca sufre las consecuencias de la impunidad.
La amplia discriminación contra las comunidades indígenas –y anticuadas ideas de quién es o no es periodista– también define la manera como los periodistas son tratados por las instituciones gubernamentales y sus colegas.
“Si no es reconocido como periodista por no estar vinculado a un medio corporativo, la Fiscalía no toma su caso”, expresó de León. Según la periodista, cuando algunos periodistas comunitarios intentaron presentar denuncias, se convirtieron en objeto de una investigación penal por operar “radios piratas”. Por ello, los periodistas indígenas muchas veces no denuncian las agresiones y amenazas de los funcionarios, pues así evitan llamar más la atención de las autoridades, comentó de León.
Las autoridades suelen allanar las radios comunitarias por funcionar sin licencia, según la organización defensora de los pueblos indígenas Cultural Survival. Las autoridades argumentan que estas radioemisoras compiten de manera desleal con las radioemisoras con licencia. Organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han expresado que las radios comunitarias tienen pocas opciones. Las radioemisoras sin fines de lucro no tienen derecho a recibir licencias de acuerdo con las regulaciones vigentes. Las licencias de radioemisoras se subastan a precios que no están al alcance de muchos medios comunitarios, según Freedom House y Cultural Survival.
Estas radioemisoras con fundamentales para compartir información con las comunidades mayas y demás comunidades indígenas de Guatemala. Como mínimo, las autoridades cerraron dos radioemisoras entre 2016 y 2018, según un informe del Observatorio de Periodistas de la APG. Si bien la cifra es pequeña, representa una pérdida significativa en un país como Guatemala, donde apenas un puñado de las 100 radios comunitarias funcionan legalmente. Durante los allanamientos, los trabajadores de las radios pueden ser detenidos y ser acusados de delitos. Dos periodistas comunitarias arrestadas durante el allanamiento de cuatro radioemisoras en noviembre de 2018 fueron acusadas de robo, Prensa Comunitaria informó en ese momento.
En 2016, hubo intentos por adoptar una Ley de Medios Comunitarias que proporcionara acceso legal al espectro radioeléctrico y cumpliera con las garantías de la Constitución de Guatemala en torno al derecho de los pueblos indígenas a los medios de comunicación, pero la iniciativa de ley quedó paralizada antes de que el Congreso pudiera someterla a votación, de acuerdo con informaciones de prensa.
“Los periodistas en los departamentos tienen la mayor necesidad, y deben tomarse más en serio”, señaló Coloj, el coordinador de la APG. Sin embargo, “las redes de medios comunitarios continúan siendo perseguidas y cerradas”.
Ordóñez, quien ha trabajado con la Unidad de Delitos contra Periodistas de la Fiscalía General por más de tres años, comentó que tiene la esperanza de que los periodistas, independientemente de sus medios o credenciales, sepan que pueden presentar denuncias, y enfatizó que la unidad solamente investiga delitos contra periodistas.
En respuesta a los comentarios de que los periodistas comunitarios temían convertirse en objeto de investigaciones al denunciar delitos, Ordóñez señaló que la unidad era para todos los periodistas, y añadió: “Todos aquellos que ejercen la libertad de expresión independiente están protegidos bajo el derecho nacional e internacional”.
Encontrar soluciones –y confianza– para los periodistas guatemaltecos
Si el Gobierno de Guatemala se toma en serio la libertad de prensa, necesita asegurar que se enjuicie a los responsables de las agresiones y las amenazas, necesita ofrecer una protección adecuada a los periodistas y necesita implementar un sistema más eficaz para ofrecer ayuda.
El Gobierno ha tomado medidas graduales para abordar algunas de estas cuestiones. La Fiscalía General anunció en diciembre que ampliará y proporcionará fondos adicionales a la Unidad de Delitos contra Periodistas de la Fiscalía, que investiga asesinatos, amenazas y agresiones contra trabajadores de los medios, al igual que violaciones de la libertad de prensa menos graves.
Aparte de la Unidad de Delitos contra Periodistas de la Fiscalía, que de conformidad con la ampliación pasa a llamarse Fiscalía de Sección de Delitos contra Periodistas, los periodistas amenazados pueden solicitar ayuda ante la Procuraduría de Derechos Humanos, que lleva una constancia de las denuncias y puede efectuar recomendaciones a otros organismos gubernamentales. Además, los periodistas pueden acudir ante el Ministerio de Gobernación, que puede ofrecer escolta policial; ante el programa de protección de testigos del Ministerio Público, que administra las casas de seguridad; y ante una organización sin fines de lucro para defensores de los derechos humanos, la cual proporciona asesoría en materia de seguridad, asistencia jurídica y otros tipos de ayuda.
Varios periodistas y organizaciones de prensa afirmaron que, muchas veces, las medidas no toman en cuenta las necesidades específicas ni los perfiles de riesgo de los periodistas, y que las respuestas son lentas o inadecuadas.
Otras propuestas nunca se han concretado, como el mecanismo de protección a periodistas que se ha sometido a debate desde que Guatemala acordó públicamente su creación durante la Revisión Periódica Universal de las Naciones Unidas de 2012, un proceso que examina el historial de los estados miembros en materia de derechos humanos. El entonces mandatario Otto Pérez Molina formalmente anunció el inicio del mecanismo en 2013 pero, más de seis años y tres presidentes después, el proyecto no ha avanzado más allá del papel.
El CPJ ha constatado que, en países como México y Colombia, los mecanismos de protección y las unidades de los organismos de seguridad pública que investigan las agresiones contra la prensa contribuyen a la reducción de la violencia y fortalecen las investigaciones. Las organizaciones y los programas creados por la sociedad civil y los medios de prensa también han fomentado la seguridad de los periodistas en países como Afganistán y Pakistán. En un informe publicado en 2017, la organización de desarrollo de medios International Media Support halló que las estructuras nacionales coordinadas que incorporaban la participación de la prensa, las organizaciones de apoyo a los medios y los organismos gubernamentales estaban mejorando las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa.
Varios periodistas consultados por el CPJ se mofaron de la idea de confiar en el Gobierno para que los proteja, ya sea mediante los organismos de seguridad pública o un mecanismo oficial. “Imagina a Jimmy o a Sandra [Torres] creando una ley sobre protección de periodistas”, declaró Chay, la jefa de redacción de elPeriódico, en mayo, mientras la media docena de periodistas de elPeriódico que estaban presentes sacudían la cabeza o se agitaban.
Muchas organizaciones de derechos humanos y periodistas consideran que la ampliación de la Fiscalía de Sección de Delitos contra Periodistas es una medida necesaria y positiva. Sin embargo, por las conversaciones con los periodistas guatemaltecos está claro que hará falta más que una inyección de fondos para abordar las críticas, como, por ejemplo, que la unidad responde con lentitud a los casos, en particular los que involucran a periodistas comunitarios, y que es ineficaz a la hora de combatir la impunidad.
Durante años, los periodistas y defensores locales han sostenido que la Unidad de Delitos contra Periodistas de la Fiscalía, que tiene sedes en Ciudad de Guatemala y en la occidental ciudad de Quetzaltenango, ha sido rebasada por la cantidad de casos e históricamente ha carecido del personal y los recursos adecuados. A raíz de recortes que realizó en julio de 2019 y que fueron blanco de numerosas críticas, la unidad redujo su personal de nueve funcionarios a cinco, informó la APG.
“La [unidad] ha pasado por tantos fiscales en los últimos cuatro años, que ha sido como una puerta giratoria”, señaló Nelton Rivera González, reportero gráfico de Prensa Comunitaria. “Eso lo hace muy difícil establecer algún tipo de seguimiento en los casos”.
La Fiscalía de Sección, que actualmente es independiente de la Fiscalía de Derechos Humanos, tendrá acceso a mayor financiamiento, recursos y personal especializado, según el director interino Ordóñez y según Coloj, el coordinador de la APG. No obstante, para febrero el nuevo Gobierno no había anunciado el presupuesto.
En enero, Ordóñez declaró que esperaba que la nueva designación y el nuevo financiamiento le permitieran a la unidad contratar más personal, volver a investigar casos antiguos, ampliar las actividades de difusión y, quizás, abrir otra sede regional.
Estas medidas pudieran contribuir a aliviar las investigaciones paralizadas que se han acumulado. Cuando Ordóñez habló con el CPJ en octubre de 2019, antes de la ampliación, declaró que la unidad tenía 140 casos abiertos, de ellos 66 que involucraban actos de violencia graves.
Para que las iniciativas de protección sean verdaderamente eficaces, necesitarán crear confianza en el gremio periodístico.
Muchos periodistas expresaron que estaban recelosos de los mecanismos investigativos y de protección gubernamentales. Algunos señalaron que temían que un programa de protección más integral podía convertirse en un medio para que el Gobierno espiara a los periodistas, con escoltas asignados que observaran todos sus movimientos e hicieran un seguimiento de todos sus encuentros.
“Poner las medidas de protección en las manos de la Policía es una manera de controlar y vigilar”, afirmó Marroquín, el periodista de La Hora.
“En vez de protegernos, nos van a vigilar”, expresó Julia Corado, la subdirectora de elPeriódico.
La Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), una organización sin fines de lucro, es otra vía para que los periodistas amenazados soliciten ayuda externa. Desde 2000, la UDEFEGUA ha ayudado a los defensores de los derechos humanos en Guatemala y otros países de Centroamérica a documentar las amenazas y responder a ellas. La organización también brinda asistencia jurídica, de salud mental y en materia de seguridad, pero tiene una capacidad limitada para proteger a los periodistas en el terreno.
“Como ONG, no podemos brindar la protección [integral] que los periodistas esperan”, afirmó Jorge Santos, el director. “Lo que pasa es que por parte de las instituciones del Gobierno no hay un solo mecanismo, y el Ministerio Público lamentablemente no ha podido darles una respuesta efectiva, incluso a los casos gravísimos”.
Otro recurso es la Procuraduría de Derechos Humanos, que da seguimiento a las violaciones de los derechos humanos en el país, lleva una constancia de todas las denuncias y tiene la tarea de asegurar que Guatemala cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos. En diciembre, la Procuraduría de Derechos Humanos anunció la creación de una defensoría para responder a las denuncias de los periodistas y los defensores de los derechos humanos.
No obstante, la principal debilidad de las iniciativas de Guatemala es la ausencia de coordinación nacional.
Un organismo gubernamental –la Unidad de Análisis de los Ataques contra los Defensores de los Derechos Humanos– había dado seguimiento a los incidentes. Organizaciones, como Amnistía Internacional, habían criticado lo estrecho de la definición que empleaba, al igual que su incapacidad de ofrecer protección adecuada. Luego, en 2018, el Gobierno de Morales dejó de asignar recursos al organismo, afirmó Santos.
De todas maneras, insistieron algunos periodistas, un mecanismo –inclusive un mecanismo deficiente– era una medida necesaria para proteger a la prensa guatemalteca.
“Es fundamental impulsar y establecer un plan de protección a periodistas”, afirmó Del Cid, el director de Artículo 35, quien agregó: “Ahí es donde hemos fallado”.
La seguridad de los periodistas guatemaltecos depende de trabajar con compañeros cuyo compromiso con la solidaridad se extienda a protegerse unos a otros, y de contar con los recursos financieros para pagar por medidas de seguridad particulares, como algunos periodistas de Ciudad de Guatemala dijeron que han comenzado a hacer recientemente.
Rivera, el reportero gráfico de Prensa Comunitaria, añadió que varias organizaciones defensoras de la libertad de expresión y radios comunitarias estaban elaborando protocolos de protección. Sin embargo, estas iniciativas siguen siendo minoritarias y el CPJ halló poca coordinación entre el gremio periodístico.
Sandoval, el secretario de Comunicación de la Presidencia, no comentó en específico sobre ninguno de los planes relacionados con las protecciones legales para periodistas. Cuando se le interrogó sobre el mecanismo de protección a periodistas prometido desde 2012, Sandoval respondió que el Gobierno estaría abierto a conversar sobre “cualquier tema que beneficie a la población guatemalteca”. Sandoval añadió: “Si es una manera de apoyar a los periodistas para que tengan mejor oportunidad de estar seguros, de hacer periodismo de bueno, de investigación, definitivamente vamos a apoyarlo”.
Coloj señaló que un borrador de plan estaba a la espera de la aprobación antes de implementarse, pero otros cuestionaron si el nuevo Gobierno tenía alguna intención de mejorar las condiciones de los periodistas aparte de facilitar las entrevistas con el presidente.
Prácticamente todos los periodistas y organizaciones de derechos humanos coinciden en que se deben realizar varios cambios para mejorar el clima de libertad de prensa y las condiciones de trabajo para la prensa. Lo único que hasta ahora ha estado ausente ha sido la voluntad política para concretar estos planes.
“Lo que esperamos es un cambio”, declaró Estrada, el reportero de Nómada. “El periodismo guatemalteco no puede esperar que las cosas sigan iguales”.
Recomendaciones
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) ofrece las siguientes recomendaciones:
Al presidente Alejandro Giammattei:
- Tomas medidas celeras y decisivas para dar cumplimiento al compromiso con la comunidad internacional de implementar y financiar un plan de protección a periodistas representativo e independiente que abarque la prevención, la protección y la búsqueda de justicia por los delitos cometidos contra los periodistas. El plan de protección debe establecer un marco regulatorio y jurídico que les permita a los investigadores y fiscales enjuiciar a los responsables de delitos contra los periodistas, incluso si éstos son miembros de las fuerzas de seguridad pública o políticos; y asegurar que los funcionarios encargados de otorgarles protección a los periodistas amenazados se hayan sometido a una capacitación especializada y adecuada.
- Asignar financiamiento y recursos adecuados a la ampliada Fiscalía de Sección de Delitos contra Periodistas, con personal capacitado y que se dedique exclusivamente a los delitos contra periodistas. Proteger la autoridad del fiscal de sección para realizar investigaciones sobre agresiones contra periodistas, tanto físicas como digitales.
- Asegurar que los organismos gubernamentales respondan adecuadamente a los casos de amenazas y agresiones contra los periodistas indígenas y las periodistas del género femenino, y proporcionar recursos especializados conforme sea necesario.
- Recolectar información y datos integrales y confiables sobre las amenazas y la violencia contra los periodistas y sobre las violaciones de la libertad de prensa, y divulgar públicamente esa información, mediante la reactivación de la Unidad de Análisis de los Ataques contra los Defensores de los Derechos Humanos, la cual debe poder funcionar como entidad independiente y confiable.
- Garantizar que se otorgue acceso a todos los medios a todas las regiones, y que las fuerzas de seguridad no acosen ni impongan restricciones a los periodistas que trabajan en esas zonas.
- Ordenar a los organismos gubernamentales que la información de carácter público esté al alcance y a disposición de los periodistas, en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, y a responder de manera transparente y oportuna a las solicitudes de acceso a la información.
- Garantizar que los jueces que están a cargo de procesos relacionados con la libertad de expresión tengan la capacitación adecuada en la normativa nacional e internacional.
- Actualizar el reglamento electoral para impedir a los partidos políticos, funcionarios y candidatos contratar los servicios de los net centers que acosen a los periodistas.
A la Fiscalía General:
- Darles prioridad a las investigaciones de los asesinatos de periodistas, entre ellos el asesinato del periodista de Prensa Libre Danilo López y del periodista radial Federico Salazar, hecho ocurrido en 2015, y enjuiciar a los autores intelectuales y materiales de estos crímenes.
- Ofrecer capacitación a los fiscales asignados a los delitos contra la libertad de prensa. Asegurar que esta capacitación aborde los problemas específicos que enfrentan los periodistas y que resalte el papel fundamental que desempeña una prensa libre en la democracia.
Al Congreso de Guatemala:
- Reformar los artículos 159-166 del Código Penal para eliminar los “delitos contra el honor” (difamación, calumnia e injuria) del Código Penal.
- Actuar con celeridad para establecer la nueva comisión anticorrupción que el presidente Giammattei ha prometido, para garantizar la continuidad del combate contra la corrupción y la impunidad en Guatemala.
- Aprobar la Ley de Medios de Comunicación Comunitaria que garantiza el acceso legal de las radios comunitarias a frecuencias del espectro radioeléctrico.
A la Organización de los Estados Americanos y las Naciones Unidas:
- Continuar apoyando las medidas contra la corrupción y la impunidad en Guatemala.
- Pedir cuentas al Gobierno de Guatemala, de conformidad con el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A los medios de comunicación:
- Garantizar que haya una clara separación entre los departamentos editoriales y comerciales, para que los periodistas tengan libertad para investigar e informar sin temor a la influencia de intereses poderosos o particulares.
- Suscribir e implementar los principios propuestos por la Alianza ACOS y proporcionar la capacitación de seguridad y para ambientes hostiles adecuada al personal y a los periodistas freelance, apoyarlos en caso de amenazas o agresiones y exigirle a la Policía que realice investigaciones exhaustivas.
A Facebook y Twitter:
- Impedir que se manipulen las plataformas para llevar a cabo campañas selectivas que acosen a los periodistas, particularmente durante procesos electorales.