Prensa Comunitaria conoce de primera mano los riesgos de cubrir temas ambientales y poderosos intereses económicos. En agosto de 2017, las autoridades del oriental departamento de Izabal emitieron una orden de aprehensión contra siete personas, entre ellas dos de los periodistas indígenas del sitio web de noticias: Carlos Choc y Jerson Xitumul Morales.
Según ambos periodistas, la orden de captura, que acusaba a las personas de instigación a delinquir, reuniones y manifestación ilícita, y detención ilícita durante protestas, tenía el propósito de intimidarlos y acallarlos.
En ese momento, el medio de prensa informaba sobre las protestas y también investigaba la aparente contaminación del lago Izabal, el mayor del país, en una región con yacimientos de níquel y varias comunidades indígenas. Choc también había documentado la muerte de un pescador, quien murió cuando la Policía disparó a manifestantes el 27 de mayo de 2017.
Choc, Xitumul y sus compañeros rechazan las acusaciones y afirmaron que los periodistas se presentaron allí solamente para cubrir las protestas. Los periodistas agregaron que ellos ni siquiera estaban presentes en uno de los supuestos incidentes.
El proceso se ha prolongado por años, y los periodistas se ven obligados a viajar frecuentemente entre seis y ocho horas, cada viaje de ida y vuelta, para comparecer ante el juzgado, lo cual inevitablemente termina en que el juez posterga el juicio. Las autoridades arrestaron a Xitumul el 11 de noviembre de 2017, y lo mantuvieron en prisión preventiva por más de cinco semanas antes de liberarlo y ordenarle arresto domiciliario.
Choc, quien recibió llamadas y mensajes amenazadores por sus artículos, señaló que se había presentado ante un juez en febrero de 2018, pero que se había ocultado al dictarse una orden de aprehensión contra él. “El propósito era llevarme a la cárcel y acallarme”, expresó Choc.
El miembro de la comunidad maya Q’eqchi’ afirmó que se ocultó por temor a que la Policía lo detuviera y que los responsables de las llamadas amenazadoras cumplieran con sus amenazas.
Choc se trasladó a una casa de seguridad, donde pasó casi un año aislado del mundo. Los compañeros del periodista afirmaron que tuvieron que encontrar una casa de seguridad para Choc cuando la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), una organización sin fines de lucro que ofrece asistencia a las personas amenazadas, no pudo encontrar un lugar adecuado.
Durante su estancia en la casa de seguridad, Choc tuvo que vender pertenencias, como su motocicleta y teléfono, para enviarle dinero a la familia. El periodista hablaba con sus hijos solamente por una conexión de Internet segura. “Fue bastante difícil dejar a mis hijos e ir a otro lado sin nada”, agregó Choc, quien ha ejercido el periodismo por más de 12 años. “No podía ni hablar”.
Los periodistas de Prensa Comunitaria sostienen que sus compañeros nunca tuvieron la oportunidad de un juicio imparcial. El magistrado a cargo reiteradamente se refirió a Choc y a Xitumul como sindicalistas, rechazó su papel como periodistas, y repetidamente falló a favor de la empresa minera en otros procesos relacionados con las protestas. En julio de 2018, un juzgado desestimó las acusaciones contra Xitumul, pero, en una audiencia preliminar en enero de 2019, el juez permitió que el proceso contra Choc siguiera adelante, pese a que los fiscales habían solicitado el sobreseimiento por falta de pruebas, informó Prensa Comunitaria.
El CPJ llamó varias veces al Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, situado en Puerto Barrios, para obtener una declaración, pero no recibió respuesta.
Mientras Choc espera a que el juez responda a la solicitud de sus representantes jurídicos a favor de sobreseer la causa, permanece bajo “medidas sustitutivas”, lo cual significa que se debe reportar ante las autoridades una vez al mes y seguir otras instrucciones arbitrarias, como evitar los lugares que sirven bebidas alcohólicas.
“Estamos en standby, literalmente”, el periodista declaró al CPJ en enero de 2020. Choc precisó que seguía cubriendo las noticias, pero “de bajo perfil”. En cambio, su compañero Xitumul ha dejado de ejercer el periodismo.