En una época Amalia Pando era una figura casi omnipresente en la radio y la TV de Bolivia, donde presentaba algunos de los noticieros y programas de opiniones políticas más populares del país. A los 66 años, Pando sigue dedicándose a lo mismo, pero su audiencia es una fracción de lo que solía ser.
Pando, quien afirma que el Gobierno la ha vetado de las principales emisoras y canales de TV de Bolivia, ahora transmite su programa de debate político “Lucha Libre” por Facebook y YouTube, y graba su programa con un teléfono inteligente en un estudio tan atestado que los invitados esperan su turno en un estacionamiento. En vez de recibir un salario, ella vive de las donaciones.
“A esto es a lo que hemos llegado”, declaró Pando en reciente entrevista con el CPJ. “Pero, ¿qué puedo decir? No tengo ninguna otra opción”.
En la última década, algunos de los periodistas independiente bolivianos más destacados se han visto obligados a dejar sus puestos en importantes medios impresos y audiovisuales ante una campaña gubernamental para controlar los medios informativos. Muchos de estos periodistas siguen informando y opinando sobre las noticias, pero ahora lo hacen desde incipientes sitios web y canales de TV y radioemisoras digitales que llegan a una audiencia mucho menor.
También están ganando mucho menos dinero.
“Han perdido la capacidad de ganarse la vida con su profesión”, sostiene Pablo Ortiz, un periodista de El Deber, que tiene su sede en la oriental ciudad de Santa Cruz y es el diario de mayor circulación de Bolivia.
Por otra parte, casi todos los principales medios informativos bolivianos o bien han adoptado una línea editorial favorable al Gobierno o han suavizado la cobertura de la gestión del presidente Evo Morales, como lo ha informado el CPJ. Ello le otorga a Morales una enorme ventaja en momentos en que intenta alcanzar un polémico cuarto mandato consecutivo en las elecciones presidenciales del 20 de octubre, según periodistas, editores y analistas de medios que conversaron con el CPJ durante una visita a Bolivia en septiembre.
El Gobierno de Morales “tiene un monopolio donde importa: en la TV y la radio”, expresó Gonzalo Mendieta, abogado y comentarista político de la capital, La Paz. “En materia de libertad política, es muy preocupante”.
El Ministerio de Comunicación de Bolivia no respondió a las llamadas y mensajes de WhatsApp del CPJ en los que solicitaba una declaración.
El periodista boliviano Raúl Peñaranda es uno de estos refugiados de los medios. Exreportero de Associated Press y titular de una beca Nieman, Peñaranda fue uno de los fundadores del diario independiente de La Paz Página Siete en 2010. Él dirigió el periódico los próximos tres años, pero renunció en 2013 en medio de una campaña de desprestigio del Gobierno contra su persona y contra el periódico.
Actualmente Peñaranda dirige el sitio noticioso independiente Brújula Digital, que está registrado como organización no gubernamental y no como organización de medios, lo cual, ocasionalmente, lo ha ayudado a evitar el hostigamiento gubernamental. Sin embargo, sostiene Peñaranda, su audiencia es mucho menor.
“Todavía hay algunos periódicos y sitios web independientes, pero no tienen tanto impacto”, declaró al CPJ. “Estamos en las márgenes”.
En algunos casos, afirma Peñaranda, funcionarios gubernamentales han amenazado a canales y emisoras con someterlos a auditorías fiscales o boicots publicitarios, si se negaban a despedir a periodistas independientes.
Andrés Gómez, uno de los periodistas radiales más conocidos de Bolivia, señaló que se vio obligado a salir de la emisora privada Radio Compañera, de La Paz, en diciembre de 2016, cuando el Ministerio de Comunicación amenazó con retirarle a la emisora la publicidad oficial, una fuente de ingresos vital para muchas organizaciones noticiosas bolivianas.
“El mensaje fue: o puedes tener a Andrés Gómez o puedes tener publicidad”, sostuvo Gómez, quien ahora es profesor de Periodismo en la Universidad Católica Boliviana, en La Paz.
En mayo, Juan Pablo Guzmán, presentador del noticiero “Hora 23” en el canal de TV privado Bolivisión TV, renunció después de que sus superiores le ordenaran hacerles preguntas fáciles en las entrevistas a funcionarios gubernamentales.
“Hoy, muchos entrevistados del oficialismo van a una entrevista con las preguntas que quieren que se les haga, acordadas previamente con el medio”, escribió Guzmán en Facebook tras su renuncia.
Guzmán agregó que el hecho de que Bolivisión y otros canales de TV adoptaran una línea editorial favorable al oficialismo, a cambio de publicidad gubernamental, equivalía a una “hipoteca de la dignidad”.
Algunos periodistas no sólo han dejado sus trabajos, sino que han abandonado el país.
Uno de ellos es Carlos Valverde, exitoso escritor que presentaba noticieros y programas de entrevistas de gran teleaudiencia en canales de TV y radioemisoras nacionales a comienzos de la década de 2000. Al principio se entusiasmó en 2006 con el triunfo electoral de Morales, el primer presidente indígena del país, pero pronto los reportajes de Valverde comenzaron a concentrarse en la corrupción gubernamental.
En el último decenio, sostiene Valverde, el Gobierno ha presionado a las gerencias de los medios a despedirlo o a obligarlo a renunciar. Valverde terminó trabajando en medios locales de Santa Cruz, y siguió dando primicias.
Una de sus mayores primicias fue sobre un escándalo de tráfico de influencias en el cual la entonces novia de Morales, Gabriela Zapata, presuntamente había ayudado a obtener $500 millones en contratos gubernamentales para la empresa china donde trabajaba. Posteriormente, Morales, que no estaba casado, admitió que había tenido un hijo con Zapata.
“Trabajé en esa historia por 10 meses, pero mi vida se complicó tremendamente”, declaró Valverde en entrevista con el CPJ en su casa, que también funciona como estudio de grabación.
Airados funcionarios gubernamentales culparon a Valverde y a otros periodistas independientes por lo que aseguraron se trataba de una campaña de desprestigio contra el presidente. Cuando lo alertaron de que estaba a punto de ser arrestado, Valverde huyó a la vecina Argentina en mayo de 2016. En Buenos Aires, vendió ejemplares de sus libros para pagar el alquiler.
Valverde regresó a Bolivia 16 meses después, pero, afirmó, ha sido colocado en una lista negra por la mayoría de los canales y las emisoras de Santa Cruz. Ahora, él produce la mayoría de sus reportajes y comentarios políticos él solo y los sube a Facebook y YouTube. Además, tiene a más de 200,000 seguidores en Twitter. Es una plataforma, pero algo que dista mucho de cuando trabajaba en los medios principales.
“No hay comparación”, asegura. “Solía tener una audiencia nacional pero ahora mi teleaudiencia es ínfima”.
Incluso así, Valverde niega con la cabeza cuando se le pregunta si el Gobierno de Morales ha logrado su objetivo de acallar a los periodistas independientes.
“Si el Gobierno hubiese logrado callarnos, habría ganado”, declaró Valverde. “Pero estamos ganando, porque seguimos expresándonos”.
[Informaciones recabadas en La Paz y Santa Cruz, Bolivia]