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Asesinan a periodista en el estado mexicano de Baja California Sur

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Un cordón de la policia mexicana que dice 'Peligro' se retrata en una escena del crimen el 4 de enero, 2018. El director de una radio comunitaria. Rafael Muría Manríquez, fue asesinado recientemente en el norte de México. (José Luis González/Reuters)

Ciudad de México, 22 de enero de 2019 - Las autoridades mexicanas deben realizar de inmediato una investigación transparente y exhaustiva sobre el asesinato de Rafael Murúa Manríquez, director de una radioemisora comunitaria, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

Murúa, de 34 años, era director de Radiokashana FM, una radio comunitaria de la localidad de Santa Rosalía, en el norteño estado de Baja California Sur. Según informaciones de prensa, su cadáver fue encontrado el 20 de enero cerca de una carretera a unos 40 km al norte de Santa Rosalía.

El periodista había denunciado recibir amenazas en varias ocasiones en los últimos años, de acuerdo con informaciones de prensa y desde 2017 participaba en un programa de protección del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, adscrito a la Secretaría de Gobernación federal.

"El chocante asesinato de otro periodista más que gozaba de la protección de las autoridades hace que sea crucial que el Gobierno federal mexicano realice un análisis riguroso y transparente de la efectividad de sus programas de protección, y que los fortalezca siempre que sea necesario", declaró Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México. "Instamos a las autoridades federales y del estado de Baja California Sur a hacer todo lo que esté en sus facultades para enjuiciar a los asesinos de Rafael Murúa, y para fortalecer los programas dedicados a proteger a los periodistas".

Según un comunicado conjunto divulgado el 21 de enero por el Capítulo México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y Artículo 19, Murúa había estado en contacto por última vez con un familiar la noche del 19 de enero. A las 2 a.m. del 20 de enero, al mismo familiar le dijeron que habían secuestrado al periodista. La identidad del familiar y de la persona que informó del secuestro de Murúa se omitieron en el comunicado, citando motivos de seguridad.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur emitió un comunicado a la prensa por WhatsApp el 21 de enero. El comunicado refería que el cadáver de Murúa exhibía varias heridas, sin precisar el tipo de arma que pudo haberlas provocado. El comunicado no mencionaba ningún posible motivo del asesinato ni si las autoridades contaban con alguna pista sobre el autor del ataque.

En junio de 2017, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas le había asignado medidas de protección a Murúa, luego de que éste recibiera amenazas por parte de un sujeto presuntamente vinculado a la delincuencia organizada, según el comunicado conjunto. El comunicado expresaba que las amenazas se relacionaban con una nota periodística sobre un caso criminal local y con presiones para que publicara notas en contra de la Secretaría de Marina mexicana, que está muy involucrada en el combate contra el crimen organizado.

El 14 de noviembre de 2018, Murúa escribió en un blog que había recibido amenazas de muerte de un funcionario del Gobierno municipal de Mulegé, una localidad de Baja California Sur, luego de haber criticado las políticas de seguridad pública del alcalde de Mulegé, Felipe Prado, en su página personal de Facebook el 29 de octubre.

El CPJ realizó llamadas al Gobierno municipal de Mulegé para solicitar una declaración, pero nadie respondió las llamadas.

Murúa había sido director de Radiokashana FM desde 2016, cuando obtuvo una licencia federal, y se había involucrado en el proyecto el año anterior, según Irina Vázquez, directora del Capítulo México de la AMARC. El sitio web de la radio se encuentra inactivo y el CPJ no pudo tener acceso a recientes transmisiones, aunque la radio sigue funcionando.

Un funcionario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas confirmó al CPJ el 21 de enero que Murúa participaba en un programa de protección. El funcionario declinó ofrecer detalles adicionales sobre las características de las medidas de protección, y solicitó el anonimato porque carecía de autorización para hablar sobre el asunto.

Desde 2017, como mínimo otros tres periodistas han sido asesinados pese a encontrarse recibiendo medidas de protección del mecanismo: Cecilio Pineda, Cándido Ríos y Rubén Pat.

México es el país más peligroso del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo. Como mínimo, cuatro periodistas fueron asesinados en México en 2018 en represalia directa por su trabajo, según datos del CPJ. El CPJ está investigando también los motivos en los asesinatos de otros seis periodistas en el país ese año.

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