Nueva York, 17 de julio de 2018–El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) instó hoy a las autoridades peruanas a cesar el hostigamiento de dos medios noticiosos. Un organismo gubernamental expidió citaciones dirigidas al director del sitio noticioso IDL-Reporteros y a la directora del programa televisivo “Panorama”, y representantes de la Fiscalía y la Policía se presentaron en la sede de IDL-Reporteros para exigir la entrega de materiales informativos utilizados en su cobertura sobre presuntos actos de corrupción gubernamental.
“Estos evidentes intentos de intimidar a la prensa y silenciar el periodismo investigativo deben cesar”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ. “Las autoridades peruanas deben respetar el derecho de los medios a apoyarse en fuentes e información confidenciales para ejercer su vital papel de fiscalizar y frenar la corrupción”.
El 12 de julio, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso Nacional peruano expidió citaciones dirigidas a Gustavo Gorriti, del sitio noticioso independiente IDL-Reporteros, y a Rosana Cueva, del programa “Panorama” de Panamericana Televisión, y les ordenó entregarles audios en su poder y revelar sus fuentes, según informaciones de prensa.
Cueva declaró al CPJ que en las citaciones se les amenazaba con procesarlos judicialmente si ellos no cumplían la orden.
Víctor Rodríguez, Fiscal Supremo de Control Interno, dejó sin efecto la medida el 13 de julio.
Gorriti declaró al CPJ que el fiscal Rodrigo Ruruch y cuatro agentes policiales también habían ingresado a la sede de IDL-Reporteros en Lima el 10 de julio y habían exigido que los periodistas entregaran documentación relacionada con la investigación que la Fiscalía adelanta sobre actos de corrupción. Gorriti expresó que, al escuchar que agentes policiales se habían presentado, se dirigió a la sede de IDL-Reporteros y les pidió mostrar una orden judicial. Ruruch no pudo presentar ninguna documentación oficial y se fue, declaró Gorriti.
La Fiscalía de la Nación se disculpó en Twitter unas horas después: declaró que el organismo no había tenido la intención de poner en riesgo el trabajo periodístico y que la Fiscalía de la Nación “había actuado en concordancia con el artículo 218 del Código Penal”.
“Las acciones de la Fiscalía demuestran un intento de intimidar y coaccionar a las fuentes noticiosas que desataron esta investigación”, expresó Gorriti al CPJ.
Los audios incluyen conversaciones telefónicas en las cuales miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y terceros presuntamente hablaban de conceder favores políticos a cambio de empleos, sentencias menos severas o archivar casos, y votos a favor de candidaturas a tribunales, declaró al CPJ Adriana León, responsable de programa de la organización peruana Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).
Una investigación del Poder Judicial peruano, que comenzó luego de la publicación de noticias sobre presuntos actos de corrupción, ha provocado la destitución de tres magistrados, una evaluación de emergencia por un plazo de 60 días de la Corte Superior de Justicia del Callao, y la suspensión de todos los nombramientos, según Andean Air Mail & Peruvian Times.
León, del IPYS, declaró al CPJ que cree que la Fiscalía realizará otros intentos para obtener los documentos. “Este es apenas el comienzo de una larga batalla entre periodistas y el Gobierno peruano”, expresó. “Esta no será la última vez que la Fiscalía trata de interferir con el trabajo periodístico y la protección de las fuentes”.