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El CPJ exige justicia por la muerte de equipo periodístico ecuatoriano en Colombia

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Fotógrafos colombianos dejan sus cámaras frente a la embajada de Ecuador en Bogotá, Colombia, el 16 de abril de 2018, como protesta sobre el asesinato del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y su conductor Efraín Segarra, (Reuters / Jaime Saldarriaga)

Bogotá, Colombia, 17 de abril de 2018--Las autoridades ecuatorianas y colombianas deben investigar con transparencia el secuestro y la muerte de un equipo periodístico ecuatoriano en Colombia, y asegurar que los responsables sean sometidos a la justicia, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

El 13 de abril, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno confirmó en conferencia de prensa celebrada en Quito que dos periodistas ecuatorianos, Javier Ortega y Paúl Rivas, y su chofer, Efraín Segarra, habían resultado muertos luego de ser secuestrados el 26 de marzo por narcotraficantes en el poblado fronterizo ecuatoriano de Mataje.

El anuncio de Moreno se dio a conocer luego de varias contradictorias declaraciones por parte de los Gobiernos colombiano y ecuatoriano sobre la situación de los rehenes y si permanecían secuestrados en territorio de Colombia o Ecuador, según la Fundación para la Libertad de Prensa, con sede en Bogotá.

Al día de hoy, los cadáveres de los periodistas y el chofer todavía se encontraban en territorio colombiano, según el presidente colombiano Juan Manuel Santos. De acuerdo con informaciones de prensa, los presuntos secuestradores aún no han acordado entregar los cadáveres a las autoridades.

"Los hechos recientes suscitan preocupaciones sobre la capacidad de las autoridades ecuatorianas y colombianas para llevar a cabo una investigación efectiva, que requerirá coordinación a alto nivel y compromiso con la transparencia", declaró Joel Simon, director ejecutivo del CPJ, desde Nueva York. "Los dos gobiernos deben colaborar para asegurar que las familias y los colegas de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra sepan lo que les sucedió y vean que el peso de la justicia recae sobre quienes los mataron".

Según informaciones de prensa, Ortega, periodista, y Rivas, fotógrafo, documentaban hechos de violencia en la frontera relacionados con el narcotráfico para el diario quiteño El Comercio.

El 27 de marzo, funcionarios colombianos y ecuatorianos declararon que un grupo de narcotraficantes liderados por Walter Arizala, excombatiente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) conocido como alias "Guacho", había tomado de rehenes a los integrantes del equipo periodístico, según El Comercio.

Las FARC eran una organización guerrillera de tendencia marxista que acordó el desarme de conformidad con un tratado de paz de 2016; sin embargo, unos 1,200 de los 7,000 combatientes de las FARC, entre ellos Arizala, se han negado a deponer las armas, según la fundación Ideas para la Paz, con sede en Bogotá. De acuerdo con informaciones de prensa, Arizala recientemente creó un grupo disidente de las FARC.

El 27 de marzo, el ministro del Interior ecuatoriano, César Navas, declaró que su Gobierno estaba en contacto con el grupo de Arizala y que los tres rehenes estaban en "buen" estado.

El 3 de abril, el canal colombiano RCN TV transmitió un video de los tres trabajadores de medios encadenados y con apariencia angustiada. En el video, Ortega dijo que los secuestradores querían realizar un intercambio de prisioneros y urgió a Moreno a cumplir con sus demandas. "Sr. Presidente, nuestras vidas están en sus manos", expresó Ortega.

El 11 de abril, RCN recibió un comunicado que afirmaba ser de parte del grupo de Arizala y que decía que los dos periodistas y el chofer habían resultado muertos durante un operativo militar. El próximo día, RCN TV recibió fotos que parecían indicar que los tres habían sido ejecutados.

En conferencia de prensa celebrada en Quito el 13 de abril, Polivio Vinueza, jefe de la unidad antisecuestro y antiextorsión de la Policía Nacional de Ecuador, declaró que su Gobierno había estado en contacto con el grupo de Arizala mediante esporádicos mensajes de WhatsApp entre el 26 de marzo y el 7 de abril, y que Arizala había exigido la liberación de tres miembros de su grupo, entre ellos su cuñada, quienes están presos en Quito.

Vinueza afirmó que los funcionarios de Gobierno estaban estudiando los aspectos jurídicos relacionados con la liberación de los miembros del grupo de Arizala y que le habían enviado a Arizala un mensaje de video de uno de los presos para demostrar que el Gobierno negociaba de buena fe. Vinueza agregó que, antes de que los secuestradores interrumpieran los contactos, ellos habían exigido que el Gobierno ecuatoriano suspendiera operativos antidroga conjuntos con las fuerzas armadas colombianas a lo largo de la frontera.

El 13 de abril, el grupo de Arizala divulgó otro comunicado, publicado por el periódico El Espectador, que declaraba que los rehenes habían muerto porque los Gobiernos ecuatoriano y colombiano se habían negado a suspender los operativos militares contra el grupo de Arizala.

Durante la conferencia de prensa del 13 de abril, Moreno había ofrecido una recompensa de USD 100,000 por información que llevara a la captura de los secuestradores y había declarado que las autoridades ecuatorianas "confirmaron que estos criminales [los secuestradores] nunca tuvieron la intención de devolverlos sanos y salvos".

El mismo 13 de abril, funcionarios ecuatorianos arrestaron a nueve presuntos miembros del grupo de Arizala, quienes supuestamente estaban vinculados con el secuestro, de acuerdo con informaciones de prensa.

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