Nueva York, 16 de febrero de 2018–Las autoridades hondureñas deben actuar prontamente para identificar y llevar ante la justicia al sujeto que intentó apuñalar al reportero César Omar Silva durante una transmisión en directo, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El 13 de febrero, un sujeto no identificado se acercó a Silva mientras éste transmitía afuera del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, en Tegucigalpa, la capital hondureña, y se abalanzó sobre el reportero con un cuchillo, pero no logró apuñalarlo, según informaciones de prensa e imágenes de video del ataque. Tras el ataque, el sujeto continuó rondando a Silva durante un minuto antes de alejarse caminando por la calle. Silva, presentador de un noticiero local en el canal Une TV, no resultó herido en el incidente.
El ataque contra Silva ocurre en un clima de inestabilidad política en Honduras que surgió a raíz de la reelección del presidente Juan Orlando Hernández y de una campaña represiva por parte de las fuerzas de seguridad, según versiones periodísticas.
Silva declaró al CPJ que había presentado una denuncia ante la Policía y ante la Comisión de Derechos Humanos nacional y organizaciones de la sociedad civil.
“Este descarado ataque contra un periodista durante una transmisión televisiva en directo es un aterrador ejemplo de los peligros que los periodistas hondureños enfrentan simplemente por ejercer la profesión”, declaró Joel Simon, director ejecutivo del CPJ. “Las autoridades hondureñas deben utilizar los elementos probatorios disponibles para identificar prontamente al atacante de César Silva y asegurar que sea llevado ante la justicia”.
Ni la unidad investigativa de la Policía Nacional ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respondieron las llamadas del CPJ para solicitarles declaraciones al respecto.
Silva declaró al CPJ que el sujeto en un inicio se les había acercado a él y al camarógrafo unos minutos antes de las 9 a. m., cuando ellos se preparaban para transmitir el programa diario “Caminando con Silva”, que presenta a Silva mientras camina por los vecindarios de Tegucigalpa y realiza entrevistas a los transeúntes sobre asuntos de interés nacional.
El sujeto acosó verbalmente a Silva, criticó su trabajo y lo amenazó por varios minutos antes de alejarse. Regresó como cinco minutos después, cuando la transmisión en directo ya había comenzado, y atacó a Silva con un cuchillo que tenía escondido bajo una prenda de vestir. En el video, se puede escuchar que el sujeto le dice “Te voy a matar” y lo insulta.
Silva explicó que un agente policial que estaba cerca y un empleado del hospital le dijeron al sujeto que dejara tranquilo al periodista, pero el agente policial no intentó detenerlo ni quitarle el arma antes de que el atacante escapara.
Silva ha enfrentado amenazas y actos de acoso que se remontan al golpe que derrocó al expresidente Manuel Zelaya en 2009, cuando el periodista informó sobre violaciones de los derechos humanos cometidas por la Policía Militar y las fuerzas de seguridad. En diciembre de 2009, tres sujetos armados lo secuestraron cuando estaba en un taxi y lo llevaron a un centro de detención clandestino, donde lo retuvieron y lo torturaron durante 24 horas, según versiones noticiosas y el propio periodista.
Desde diciembre de 2009, funcionarios de seguridad le han impedido reiteradamente a Silva la entrada a edificios gubernamentales y lo han amenazado verbalmente en respuesta a su trabajo periodístico, declaró el periodista al CPJ.
En enero de 2015, el jefe de seguridad del presidente del Congreso Nacional le negó la entrada a Silva a la sede del Congreso para cubrir una sesión sobre política militar, según Amnistía Internacional. En fecha más reciente, el 18 de enero de 2018, guardias de seguridad le volvieron a impedir la entrada al edificio para cubrir la sesión final del Congreso 2014-2018, según la organización de libertad de prensa guatemalteca CERIGUA.
Los periodistas hondureños han sufrido el aumento de la agresión y el hostigamiento tanto por parte de las fuerzas de seguridad como de civiles a raíz de las violentas protestas que sucedieron a las impugnadas elecciones presidenciales en noviembre de 2017, según organizaciones de derechos humanos locales.