Documentalista colombiano recibe reiteradas amenazas de muerte

Nueva York, 1 de agosto de 2017–Las autoridades colombianas deben investigar con celeridad y credibilidad las amenazas realizadas contra el documentalista y activista Bladimir Sánchez Espitia y deben garantizar su seguridad, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Sánchez declaró al CPJ que un sujeto armado con una pistola lo había buscado en la madrugada del 30 de julio.

El sujeto llegó a un edificio que Sánchez frecuentaba en un barrio de las afueras de Bogotá a las 2:30 a.m., relató Sánchez. El periodista, quien en ese momento no se encontraba en el lugar, expresó que varios testigos, entre ellos el guardia de seguridad del edificio, le habían dicho que el sujeto estaba armado con una pistola y había preguntado por su nombre. La visita es la última amenaza de varias que datan de, por lo menos, 2012, según datos del CPJ.

“Las autoridades colombianas deben investigar exhaustivamente la amenaza realizada contra la integridad física de Bladimir Sánchez Espitia, y asegurar que se implementen medidas efectivas para protegerlo”, declaró Carlos Lauría, coordinador sénior del programa de las Américas del CPJ. “Los periodistas colombianos deben ser capaces de informar sobre temas sensibles sin temor a morir”.

Durante los últimos cinco años, por lo menos, Sánchez, documentalista que cubre los derechos humanos, ha recibido amenazas que se han intensificado. El periodista expresó al CPJ que cree que las amenazas pudieran estar vinculadas a empresas mineras que él investiga en su labor de documentalista, a la Policía local o a figuras políticas que pudieran tener intereses en esas empresas o en sus proyectos en desarrollo.

En 2012, por primera vez el documentalista huyó de su hogar en el central departamento del Huila, a unos 370 kilómetros al sur de Bogotá, luego de recibir amenazas de muerte relacionadas con un video que había colocado en YouTube. El video mostraba a la policía antimotín desalojando a la fuerza a manifestantes de las obras de construcción de una central hidroeléctrica en el Huila. Luego de colocar el video, Sánchez recibió llamadas telefónicas de varios sujetos no identificados, según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), con sede en Bogotá. En aquel momento Sánchez declaró al CPJ que creía que agentes de la Policía del Huila eran responsables de las llamadas. Las llamadas efectuadas hoy por el CPJ a la Fiscalía General colombiana no fueron atendidas de inmediato.

El 15 de abril de 2016, sujetos no identificados entraron a la fuerza en el apartamento de Sánchez en Bogotá y se robaron una computadora, una cámara de video, un disco de memoria y otros equipos, informó la FLIP. Sánchez declaró a la FLIP que los equipos robados contenían materiales que denunciaban que empresas mineras estaban implicadas en violaciones de los derechos humanos, materiales que él pensaba utilizar en futuros documentales. Los ladrones no se llevaron ningún otro objeto de valor, explicó el documentalista a la FLIP. Sánchez y la organización de asistencia jurídica Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo le solicitaron a la Fiscalía General que realizara una investigación minuciosa del robo, pero Sánchez, quien regresó al Huila poco después, declaró al CPJ que no le constaba ningún avance en el caso.

Sánchez volvió a huir del departamento del Huila a finales de mayo de 2017, luego de que su familia recibió amenazas, y volvió a asentarse en Bogotá, donde, según él, su familia estaría más segura. Sánchez declaró al CPJ que en esa época trabajaba de codirector y productor ejecutivo de un documental para el Discovery Channel sobre el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y el grupo guerrillero de las FARC.

Desde 1992, por lo menos 47 periodistas han muerto en Colombia en relación directa con el ejercicio de la profesión, muchos como resultado del conflicto entre el Estado y los grupos guerrilleros armados. Si bien la seguridad de los periodistas en Colombia ha mejorado en los últimos años, las amenazas y la violencia contra los periodistas continúan, con frecuencia impunemente, según datos del CPJ.