“Cuando lloré, él me pegó una bofetada y me tapó la boca con la mano”. Así es como una niña de 12 años de edad de la República Centroafricana describió un episodio en el cual un sujeto la encontró escondida en el baño de su casa en la madrugada del 2 de agosto de 2015, la llevó arrastrada hacia afuera, y la violó detrás de un camión, fuera de vista.
El sujeto presuntamente llevaba el casco azul y el chaleco de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, y un examen médico practicado a la niña confirmó la existencia de señales de agresión sexual, según un informe de Amnistía Internacional.
Los diarios The New York Times y The Guardian luego informaron que el presunto violador era uno de un total de 17 miembros del personal de las Naciones Unidas que habían sido acusados de abuso sexual desde que la misión comenzó sus operaciones en Bangui, capital de la República Centroafricana, en abril de 2014.
Las denuncias contra los miembros de las fuerzas de paz de la ONU en la República Centroafricana surgieron en momentos en que la ONU ya tenía el cometido de investigar acusaciones de que miembros de las fuerzas de paz francesas habían obligado a un grupo de muchachos desamparados a realizarles actos sexuales a cambio de dinero o alimentos. En abril de 2015, la ausencia de respuesta por parte de la ONU ante las denuncias de violencia sexual cometida por miembros de las fuerzas de paz francesas contra niños en Bangui fue resaltada en un documento filtrado a The Guardian y titulado “El abuso sexual contra niños perpetrado por fuerzas armadas internacionales”. Un alto funcionario del personal de la ONU, Anders Kompass, fue suspendido por presentar el informe ante autoridades francesas que visitaron Bangui. Posteriormente la suspensión fue declarada ilegal y fue revocada.
El documento filtrado evidencia que la ONU no solamente tenía conocimiento de los continuos abusos, sino que también no hizo ningún intento por proteger a los niños, a la vez que su personal se esforzaba por encubrir su propia inacción. Sandra Laville, periodista del Guardian, escribió: “La ONU ha enfrentado varios escándalos en el pasado en relación con su inacción ante las actividades de redes de pederastas en la República Democrática del Congo, Kosovo y Bosnia”.
Los procesos judiciales por actos de violencia sexual en tiempos de guerra son raros, pero, cuando ocurren, generalmente son resultado directo de la documentación de las agresiones. La histórica falta de documentación y reconocimiento en torno a los crímenes sexuales y relacionados con el género, así como el significativo impacto que puede tener una seria documentación en generar una respuesta ante los crímenes, son temas resaltados en dos ponencias publicadas, “ Prosecuting Wartime Rape and Other Gender-Related Crimes under International Law: Extraordinary Advances, Enduring Obstacles ” (“Las acciones penales contra la violación y otros crímenes relacionados con el género cometidos en tiempo de guerra, en el marco del Derecho Internacional: Extraordinarios avances y persistentes obstáculos”), de la experta jurídica Kelly Askin, y “ Rape as a Crime of War: A Medical Perspective” (“La violación como crimen de guerra: Una perspectiva médica”), de las expertas Shana Swiss y Joan E. Giller.
Los defensores de investigar y enjuiciar tales casos argumentan que los periodistas son esenciales para el proceso porque recopilan datos, comparten testimonios, arrojan luz sobre incidentes reportados y les dan una voz a víctimas que de otro modo estarían calladas, como sucedió en el caso de los muchachos y los miembros de las fuerzas de paz francesas y en el caso de la niña violada en Bangui.
En las zonas de conflicto, no es inusual que la policía, las milicias locales, los ejércitos nacionales o los soldados extranjeros que integran las misiones de paz, estén implicados en violaciones y agresiones sexuales. Los periodistas con libertad de difundir las historias, con frecuencia son vistos como la mejor esperanza de que se imparta justicia, según datos recolectados por el proyecto Mujeres Asediadas (Women Under Siege), que investiga el empleo de la violación y la violencia sexualizada como armas de guerra. Cuando se socava la libertad de los medios para dar a conocer tales historias, o cuando la censura prohíbe compartir la información, el resultado es que se perpetúa la impunidad en tales crímenes, lo cual a su vez tiene el potencial de reproducir la violencia, y a veces agrava el trauma de víctimas que nuevamente son acalladas.
En respuesta a la publicidad en torno a la presunta implicación de miembros de las fuerzas de paz en la violación de civiles y la violencia sexualizada contra civiles, entre ellos niños, el secretario general de la ONU Ban Ki-moon anunció el 12 de agosto de 2015 que el jefe de la misión de la ONU en la República Centroafricana, Babacar Gaye, había renunciado a su cargo; versiones noticiosas informaron que había sido destituido. Además de los incidentes de violencia sexualizada a manos de miembros de las fuerzas de paz en la República Centroafricana, entre ellos la violación de la niña y un episodio similar en la región oriental de la República Centroafricana, los medios informaron sobre lo que para muchos fue una respuesta inadecuada a los abusos cometidos por los miembros de las fuerzas de paz francesas.
“Nada de esto sale a la luz del día sino hasta que un periodista se entera”, afirmó Paula Donovan, cofundadora y codirectora de la organización Mundo Libre de SIDA (AIDS-Free World), sobre el papel de los medios en la destitución de Gaye. Según Donovan, quien ha trabajado con la UNICEF y como asesora superior del Enviado Especial de la ONU para el VIH/SIDA en África, “Utilizar los medios es en realidad la única manera de dar constancia de los hechos… Cuando la sociedad se indigna, y únicamente lo hace cuando se involucra la prensa, es sólo entonces cuando los Estados miembros responden”.
En una audiencia celebrada en Washington el 9 de diciembre de 2015, sobre las misiones de paz de la ONU, la embajadora estadounidense ante la ONU, Samantha Power, testificó que aunque se han logrado avances en la denuncia de tales acusaciones y la respuesta ante ellas, “Con demasiada frecuencia nos enteramos por las ONG o por los periodistas sobre el abuso y la explotación sexuales, en lugar de… por la propia ONU”. Power declaró que la ONU necesita mejorar su capacidad de investigar las denuncias de abuso cometido por los miembros de las fuerzas de paz, para reducir el plazo “entre una denuncia y un verdadero seguimiento”.
El 22 de diciembre de 2015, The New York Times informó que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al-Hussein, afirmó que les había ordenado a sus subordinados que le informaran de inmediato cuando surgieran por primera vez denuncias de tal abuso, inclusive cuando hacerlo implicara saltarse la cadena de mando. Hussein expresó que “no quería estar en una situación en que leo en alguna publicación, o me entero por otro organismo de la ONU, que un funcionario de los derechos humanos ha comenzado a investigar una denuncia y yo no estoy al tanto de ello”.
La República Centroafricana no es un caso único en lo referente a la ausencia de respuesta por parte de las autoridades ante el abuso sexual. En la República Democrática del Congo, donde aproximadamente 48 mujeres son violadas cada hora, según un estudio publicado en la revista American Journal of Public Health en junio de 2011, el gobierno tiene un largo historial de no responder seriamente a la violencia sexualizada perpetrada contra su población.
Karen Naimer, directora del Programa sobre Violencia Sexual en Conflictos de Médicos por los Derechos Humanos (Physicians for Human Rights, PHR), una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York que utiliza la ciencia y la medicina para documentar y llamar la atención hacia las atrocidades masivas y las graves violaciones de los derechos humanos, ha presionado para que se enjuicien los delitos de violencia sexual en África Oriental y África Central. Naimer sostiene que ha sido testigo del papel que los medios, tanto nacionales como internacionales, pueden desempeñar en inclinar la balanza contra la violación sistémica.
En 2013, en el pequeño pueblo de Kavumu, en la región oriental de la República Democrática del Congo, el personal de PHR comenzó a escuchar historias sobre decenas de niños que habían sido secuestrados de sus hogares por la noche, había sido agredidos sexualmente y luego habían sido devueltos a casa. Aunque los autores de los crímenes todavía no han sido identificados, la presión para investigar fue ejercida principalmente desde plataformas de medios tales como Reuters, Foreign Policy y la BBC. Los medios internacionales con frecuencia pueden informar con mayor libertad sobre hechos de violencia sexual en países donde la libertad de prensa está limitada. Pero la prensa local y la nacional también pueden influir profundamente en las actitudes y las interpretaciones locales en torno a estos crímenes.
“Desde el comienzo hemos tenido dificultades –me refiero a nosotros, Médicos por los Derechos Humanos, y otras organizaciones en el terreno– para presionar a favor de investigaciones y enjuiciamientos serios para estos casos”, expresó Naimer respecto a los secuestros de Kavumu. Naimer aseguró que el gobierno de Kinshasa hizo poco hasta que los medios internacionales informaron sobre la historia, que no había sido cubierta por los medios noticiosos locales. Según ella, muchas organizaciones de base y miembros de las comunidades locales estaban tratando, con poco éxito, de que los funcionarios locales y los dirigentes políticos de Kinshasa le prestaran atención al problema, hasta que la periodista Lauren Wolfe, columnista de Foreign Policy, directora del proyecto Mujeres Asediadas y exeditora sénior del Comité para la Protección de los Periodistas, informó sobre el caso. “Al publicar la historia y los desafíos de llevar adelante estos casos de cualquier manera seria, y publicarlo en Foreign Policy, ello tuvo un enorme impacto, y por supuesto luego la BBC la retomó y otros han seguido sus pasos, y ello realmente aplicó mucha presión sobre el gobierno, tanto en la capital como en la región oriental, para que respondiera”, indicó Naimer. Se alentó tanto a las víctimas como a los funcionarios a darse a conocer y hacer preguntas sobre lo que se estaba haciendo, señaló Naimer.
No obstante, expresó Naimer, los medios locales pueden tener un impacto profundo y con frecuencia más inmediato para los sobrevivientes de la violencia sexual, dada la proximidad y capacidad para identificarse con las historias que se narran.
“Uno de los enormes desafíos es el estigma asociado con la violencia sexualizada, y los periodistas y los medios tienen un enorme papel que desempeñar en la neutralización de ese estigma, en colocar el estigma sobre los perpetradores y en empoderar a los sobrevivientes, y darle a la experiencia de estos últimos más reconocimiento y respeto”, señaló Naimer. “No solamente los periodistas pueden desempeñar un papel denunciando el problema, sino que también pueden redefinir el discurso”.
Los periodistas locales que lo hacen enfrentan sus propios riesgos, manifestó Wolfe. “Los pocos periodistas que se han atrevido a informar sobre la violencia sexualizada en Congo en muchos casos han recibido amenazas”, sostuvo Wolfe. “No se trata de un lugar donde es fácil de hablar de esas cosas. A las víctimas les cuesta mucho hablar de ello e incluso los periodistas reciben el mensaje de que ellos no deben estar informando sobre ese tema”.
Los periodistas locales enfrentan la censura, la autocensura y el encarcelamiento en muchos países, y Eritrea, Somalia y Etiopía se encuentran entre los países con el peor historial, según las investigaciones del CPJ. En 2011, un grupo de periodistas fueron procesados penalmente en Sudán por informar sobre la violación y tortura de una joven activista, y en 2013, un periodista fue arrestado en Somalia luego de entrevistar a la presunta víctima de una violación. En 2015, un periodista nigeriano fue amenazado luego de informar sobre la presunta violación de niños en una escuela de la norteña ciudad de Kano. En tales países, el papel de los medios internacionales puede ser crucial.
La veterana periodista Mae Azango recibió el mensaje al cual Wolfe aludió, cuando se propuso informar sobre delicados temas relacionados con el género en su país, Liberia, situado en el África Occidental. Azango, galardonada con el Premio Internacional de la Libertad de Prensa del CPJ en 2012, recibió amenazas y a la larga fue obligada a esconderse junto con su hija de nueve años de edad por sus informaciones sobre la generalizada práctica de la mutilación genital femenina en el país.
Hablando de su calvario en 2012, Azango describió los excepcionales desafíos que implicaba ser una mujer periodista que intentaba abordar una historia tabú. Y no obstante, ella continuó informando sobre un tema que la había preocupado durante años: las dificultades de las mujeres y las niñas liberianas. El poder de la voz de Azango –como mujer, como madre y como habitante local que informaba sobre su propio país– se hizo patente cuando funcionarios gubernamentales liberianos tomaron la decisión sin precedentes de ordenar la suspensión de la mutilación genital femenina en todo el país.
“Soy una persona apasionada y puedo transformar mi pasión en algo que ayudará a otros”, aseguró Azango.
“Lamentablemente, los periodistas locales tienen que ser los mártires y los héroes en esto”, refirió Donovan. Los periodistas internacionales con frecuencia están mejor posicionados para provocar respuestas de los organismos multilaterales porque, expresó, “La ONU no le teme a la prensa local. Ellos le temen a que los medios internacionales retomen una historia local”. En opinión de Donovan, “Los buenos periodistas no simplemente descubren escándalos o ponen al descubierto la hipocresía. Es triste decirlo, los medios se han convertido en la conciencia de la ONU, la mitad que falta en la ecuación de controles y contrapesos”.
Una portavoz de la ONU reconoció que los periodistas son importantes para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en lo referente a la revelación de abusos, pero estuvo en desacuerdo con que la organización no responde adecuadamente salvo cuando los casos reciben una gran publicidad.
“Los medios tienen un papel crucial que desempeñar en informar sobre la explotación y el abuso sexuales”, declaró Ismini Palla, subdirectora interina de Asuntos Públicos para el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y el Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno, ambos de Naciones Unidas. “El Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz siempre ha respaldado la cobertura informativa responsable e imparcial, la cual está en concordancia con los principios fundamentales de la organización”. Palla observó que la ONU suministra actualizaciones periódicas y exhaustivas a los medios en relación con los casos de abuso sexualizado, y afirmó que no es cierto que la organización únicamente investigue cuando los medios se involucran. “La explotación y el abuso sexuales por parte del personal de la ONU son inaceptables”, resaltó. “Cada caso se investiga y estamos comprometidos con cero complacencia y cero impunidad”.
Según Palla, “El Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz ha mostrado su transparencia en torno a la cuestión mediante informes públicos periódicos, reuniones informativas especiales con la prensa, así como datos electrónicos disponibles en el sitio web de la Dependencia de Conducta y Disciplina, perteneciente al Departamento de Apoyo a las Actividades en el Terreno, datos que se actualizan mensualmente. El secretario general publica un informe anual sobre medidas especiales para la protección contra la explotación y el abuso sexuales, junto con datos suplementarios con las actualizaciones de estado de cada denuncia”.
Palla afirmó que la ONU también está revisando propuestas, entre ellas para equipos de respuesta, sistemas de quejas, medidas punitivas y el establecimiento de un fideicomiso para la asistencia a las víctimas. “También están en marcha consultas con la Asamblea General para comenzar a suministrar información específica por país sobre denuncias creíbles que son objeto de investigación”, expresó Palla.
Inclusive cuando tales noticias son difundidas, a veces se utiliza la censura para acallar las voces de los sobrevivientes de la violencia sexualizada. En septiembre de 2015, el gobierno de la República Democrática del Congo inicialmente prohibió la exhibición y circulación del documental titulado “ The Man Who Mends Women: The Wrath of Hippocrates” (“El hombre que cura a las mujeres: La ira de Hipócrates”) que cuenta la historia del Hospital Panzi de Bukavu y del ginecólogo Denis Mukwege, que ofrece tratamiento a las víctimas de violación en la región oriental del país, asolada por la guerra. El filme fue prohibido con el argumento de que no daba una buena imagen de las Fuerzas Armadas del país y de que el testimonio era equivocado o falso, según una declaración a la prensa del ministro de Información, Lambert Mende. Naimer señaló que cuando un gobierno rechaza un documental porque revela una verdad incómoda, “ello transmite un mensaje paralizante a las personas”. La censura, aunque no siempre es eficaz, “puede contribuir mucho a renovar el trauma”, expresó.
“Muchas mujeres en el Congo querían contar sus historias, querían que se les escuchara”, apuntó Naimer.
El 19 de octubre de 2015, luego de más de un mes de cobertura internacional por parte de medios como el Guardian, Al Jazeera, Reuters y Foreign Policy, el gobierno de la República Democrática del Congo permitió que el filme fuera transmitido en la televisión nacional.
En opinión de Wolfe, los medios internacionales tienen la responsabilidad especial de asegurarse de que se escuchen las historias de las víctimas de la violencia sexual. Puede que los medios locales no siempre puedan contar esas historias, afirmó Wolfe, quien agregó: “Pero si te apareces en el lugar y hay personas que quieren que se escuchen sus historias, y las puedes contar, creo que tienes la responsabilidad de hacerlo”.
Kerry Paterson es la investigadora del programa de África del CPJ. Ella se ha desempeñado como editora asociada de la revista Journal for International Law and International Relations , y ha trabajado con Médicos sin Fronteras, el proyecto Mujeres Asediadas del Centro de Medios de la Mujer (Women’s Media Center), y la División de Salud Global y Derechos Humanos del Hospital General de Massachusetts.