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Periodista de Honduras condenado a 10 años de prisión por difamación

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Nueva York, 17 de marzo de 2016-Las autoridades hondureñas deben retirar las acusaciones contra el periodista David Romero Ellner, afirmó hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Un tribunal de la capital hondureña, Tegucigalpa, condenó el lunes a Romero, quien permanece en libertad pendiente de su apelación, a diez años de prisión por haber supuestamente difamado a una ex fiscal. El CPJ insta a las autoridades a no disputar la apelación y a abandonar el uso de penas de prisión por el delito de difamación contra todos los periodistas.

La Cuarta Sala del Tribunal de Sentencia, encabezada por la jueza Geraldina Mejía Rivera, condenó el lunes a Romero, director de Radio Globo y Globo TV, a un año y ocho meses de prisión por cada una seis cargos en los que el periodista había supuestamente difamado a la ex fiscal hondureña Sonia Inez Gálvez Ferrari por su trabajo periodístico. Se llegó a una condena total de 10 años de prisión. El 13 de noviembre de 2015, el mismo tribunal había encontrado a Romero culpable de seis de los quince cargos en su contra, según informes de prensa. Romero indicó al CPJ que también tiene prohibido hablar sobre Gálvez en la televisión y en la radio.

"La escandalosa sentencia contra David Romero Ellner vulnera un consenso creciente en la región y la esfera internacional de que la difamación no debe ser una cuestión penal", señaló Carlos Lauría, coordinador sénior del programa de las Américas del CPJ. "Durante más de una década, ha emergido un consenso en los tribunales y legislaturas de la región en el sentido que leyes civiles proporcionan una reparación suficiente para los casos de supuesta difamación".

Romero tiene 20 días para apelar. En diálogo telefónico con el CPJ, el periodista dijo que pretende apelar.

La querellante en el caso de difamación, Gálvez, también fue abogada en un caso anterior contra Romero, en el cual el periodista fue condenado por violar a su hija. Romero, quien era legislador del Partido Liberal en ese momento, fue despojado de la inmunidad parlamentaria y condenado a 10 años de prisión en 2004. Romero explicó al CPJ que fue liberado después de cinco años por buen comportamiento.

El tribunal declaró que Romero había difamado a Gálvez por insultarla e informar indebidamente sobre su vida privada en un intento de venganza por su papel en la condena anterior del periodista. Romero afirmó que su reportaje se trababa de tráfico de influencias y era en el interés público. Gálvez está casada con el Fiscal General Adjunto Rigoberto Cuéllar, como se afirma en los documentos de la corte en el juicio de difamación, que fueron revisados por el CPJ.

El trabajo periodístico de Romero ha alegado con frecuencia corrupción en la administración del Presidente Juan Orlando Hernández. En 2015, informó sobre supuesta corrupción en el sistema de seguridad social del país, incluyendo el uso de estos fondos para financiar la campaña electoral de 2013 del Presidente Hernández. Al momento, Hernández prometió una investigación sobre las acusaciones.

En un comunicado publicado en julio de 2015 por el diario La Tribuna, la oficina del Presidente negó las acusaciones de que había jugado un rol en el procesamiento de Romero por difamación criminal.

También en julio de 2015, el juez Agüero Echenique-- quien, antes de retirarse, había prestado servicio en el tribunal que juzgó a Romero--afirmó a la prensa que Teodoro Bonilla, integrante del Consejo de la Judicatura, que tiene autoridad para nombrar y destituir jueces, había presionado en nombre del presidente para imponer una dura sentencia. Bonilla negó con vehemencia tales acusaciones, en declaraciones publicadas en El Heraldo.

Globo TV y la estación de radio del mismo nombre han tenido problemas en el pasado. En diciembre de 2013, Juan Carlos Argeñal Medina, el corresponsal de Globo en el estado de El Progreso, fue asesinado en circunstancias poco claras, según la investigación del CPJ. En 2014, un tribunal de apelaciones inhabilitó al periodista Julio Ernesto Alvarado, también de TV Globo, para ejercer periodismo por 16 meses, luego de una demanda por difamación criminal.

Honduras es uno de los muchos países en las Américas que siguen utilizando disposiciones penales sobre difamación para silenciar el disenso, según un estudio comparativo de las leyes de difamación preparado para el CPJ por la firma Debevoise & Plimpton LLP en colaboración con la fundación Thomson Reuters, lanzado este mes.

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